Acaban de desaprobar, los miembros-u otros desconocidos por ellos, igual da-del alicaído ConsejoNacionalde la Magistratura (CNM), para Fiscal Supremo Titular al reputado doctor AVELINOGUILLÉN, a pesar que él ya ejercía el cargo por años como Fiscal Supremo Provisional y, ante la opinión pública mundial que lo vio por televisión, había superado varios exámenes interrogando pulcramente al ex mandatario ALBERTOFUJIMORI, acusado de gravísimos delitos. Su versación y acuciosidad en la pregunta, su ingenio taquipsíquico en la repregunta y su discurso espontáneo con la necesaria mesura, francamente, están sobre el promedio de muchos supremos que han sido elegidos y después destituidos por alimañas.
Lo grotesco es que lo desaprueban –los no se sabe quiénes, pero cercanos y designados a dedo por el CNM-en la prueba escrita cancelatoria referida al "Caso Kouri-Montesinos" que AVELINOGUILLEN tuvo ante sí como Fiscal acusador. Sin embargo, en el caso real nadie desaprobó su acusación escrita contra el vendido ex congresista ALBERTOKOURIBUMACHAR, hermano menor de padre y madre de Alex Kouri y prohijado por éste;nadie cuestionó su impecable actuación en el juicio oral del proceso en materia de probanza del delito de corrupción;nadie atisbó negativamente su requisitoria oral y, por fin, la Sala de 3 vocales supremos terminó haciéndole caso y condenando al acusado a 8 años de pena privativa de libertad. Es decir, pasó airoso el examen como fiscal real.
La ventaja que le suponía, frente a otros concursantes, haber trabajado el Caso Kouri, le resultó sufracaso; un fiasco antelado. Fue fácilmente identificado por sus argumentos, por su redacción, por todos los pormenores que narróy que otros no, por la riqueza de datos que brindó y, entonces, desventurosamente desaprobado sin rubor. No era menester que su prueba escrita consignara su nombre y apellidos. El texto del examen era claramente identificable; se llamaba AVELINOGUILLÉN, a quien había que desaprobar a rajatabla. Además, la prueba del aquelarre iba a ser incinerada, como lo fue ya sus examinadores el país nolos conoce, salvo los consejeros del CNM que los digitan.
Desaprobado GUILLÉN en el examen escrito, por cancelatorio, ni se le vio el CurrículumVitae, ni se le escuchó en la Entrevista Personal pública. Su suerte estaba echada de antemano. Aún habiendo aprobado esta prueba, todavía le quedaban 3 pruebas más, de pendiente muy empinada para el hombre honesto, pues en el CNM no se selecciona. Ciertos votos cuestan, como el del inefable consejero EFRAIN ANAYA CARDENAS. Veamos los tenebrosos meandrosde este llamado Concurso.
Variados artículos del Reglamento de Concursos para la selección y nombramiento de jueces y fiscales, entre ellos los buscados Vocales y Fiscales Supremos-nivel al que pretendía postular y que seriamente he desistido-, señalanclaramenteque es menester cumplir 3 etapas:
1)Examen escrito aprobado con 60 puntos mínimo;
2)Calificación del currículum vitae con puntaje aprobatorio de 65ó más; y
3)Nota de entrevista personal que se promedia con las anteriores.
Empero, leyendo con cierta atención el resto de dicho Reglamento podemos concluir sin ambages que esas 3 etapas no son las únicas, por lo que se falta a la verdad tal vez sin quererlo. Aparte de ellas viene unaCuarta que puede ser letal para cualquier postulante, como lo fue para mí en anterior oportunidad–¡a pesar que yo tenía tres (03) notas aprobatorias entales 3 etapas!-cuando el Consejo Nacional de la Magistratura contaba con otros inefables personajes. Esta Cuarta etapa se llamaVotación nominaly está prevista expresamente en los Arts. 15ºy49º del Reglamento. Dicen así:
"Cumplidas las etapas del concurso, se procede a obtener el promedio final de cada postulante para elaborar el cuadro de méritos, el que sirve-el subrayado es mío-para llevar a cabo la votación para el nombramiento" (Art. 15º);
"Para el acto del nombramiento, la Comisión presenta al Pleno del Consejo el cuadro de méritos de los postulantes.
Los Consejeros reunidos en Pleno, proceden al acto de votación nominal. Se nombra al postulante que obtiene el voto de no menos los dos tercios del número legal de sus miembros. La decisión de apartarse del cuadro de méritos es motivada y consta en el acta respectiva" (Art. 49º).
Por estos numerales del citado Reglamento de nada valdría que algún postulante supere las 3 etapas con sendas notas aprobatorias, con promedio alto o altísimo, si en esa sibilina "votación nominal" se apartan 3 votantes del cuadro de méritos, es decir de las 3 notas aprobatorias obtenidas por el postulante, y más biencumplen los dictados de su conciencia pura y de la otra. Si el que vota tiene facultades para apartarse de las notas, el examen escrito aprobado, el currículum vitaequizábrillante y la entrevistapersonal de brío y brillo intelectivo y moral se habrían convertido en un remedo de marca mayor. ¿Para qué entonces un asaz sacrificado y costoso Concurso de Méritos si éstos pueden rodar en el tacho del magín tenebroso del Consejero? Superar 3 etapas con notas aprobatorias y muy altas y luego morir en la votación de 3 consejeros hurdidos, ora por la consigna, ora por la maledicencia con coima,es algo indigno con la llamada Magistratura.
No nos engañemos, entonces, que el tal malhadado Reglamento diga que hay que vencer 3 etapas con notas aprobatorias si ellas de nada sirven para ser nombrado Vocal o Fiscal, si los votantes puedenapartarse de las 3 notas -que una de ellas tiene que ver con lo que hemos pergeñado en nuestra vida entera, como es el Currículum Vitae-. Para qué ser AVELINO GUILLÉN; o, escritor de muchos libros, destacado catedrático, Visiting Scholar de Cambridge, políglota, articulista, conferencista, amén de acrisoladas virtudes, aunque no sabio, si eso no les sirve a los que votan después del concierto en la penumbra. En muchos supuestos superar esta "Cuarta Etapa" significaría una feliz coincidencia entre la Conciencia Pura del Consejero y las 3 notas aprobatorias del esforzado postulante a Supremo.
El Reglamento de Concursos no podría apuntar a la conciencia impura o al inconsciente primitivo y adquirido del Votante, pues no se ha inventado la catarsis biónica paraexorcizar los recónditos entresijos del ser humano que ha llegado a Consejero, a veces aupando a los que lo ponen allí. Los Vocales Supremos sabrán cómo seleccionaron, en la bruma, a suintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura sintamiz alguno de Concurso de Méritos. Aunque para qué méritos ni concurso si es que nos podemos apartar de aquéllos con descaro por previsión reglamentaria.
Así la cacareada Reforma Judicial no será posible sino pasible. Los GUILLÉN, carentes de torcedura moral, no están para Vocal, ni Fiscal Supremo.
Son buenas las catarsis, cuando no se puede hacer terapia, los manuales de psicología no funcionan, o simplemente se confunde mística política con mística monacal o retiro espiritual.
El aprismo es proyecto integracionista, ética pública, ideología crítica y revolucionaria, es memoria de las luchas sociales lideradas, es futuro indoamericano, es gobierno de los productores organizados como trabajadores manuales e intelectuales. Despojar al aprismo de alguna de estas características, es transformarlo en otra cosa. Y eso es lo que ha sucedido bajo el alanismo. Se ha despojado al aprismo de todo su carácter innovador, frentista, transformador. Se le está convirtiendo en algo parecido al belaundismo/odriísmo, muy bien envuelto en la corrupción y la impunidad.
El alanismo ha transformado la fraternidad en complicidad para la impunidad. Sino, vean la prescripción de los delitos de AGP durante su primer gobierno, el bloqueo en los congresos nacionales del PAP en los años noventa para investigar la corrupción y sancionarla. La "inmolación" de Mantilla, la "limpieza" en los petroaudios de toda referencia al jefe de Estado, el "No me acuerdo" de Jorge, las movidas de Mauricio con sus polichenelas para "ganarse alguito" con Caanán. ¡Por favor, en aras de la fraternidad, no se puede tolerar todo esto!
¿Cuál hubiese sido la reacción de la generación fundadora con todo lo que ocurre?
La fraternidad no es un convivio entre señoras para recordar los viejos tiempos, o reunión de cofradías para barrer bajo la alfombra. La fraternidad no es unidad con corruptos y claudicantes frente al neoliberalismo. Fraternidad es defender la institucionalidad histórica del aprismo en el seno de una sociedad que reclama grandes cambios y liderazgo, fraternidad es renovar el juramento en torno a los valores de Haya de la Torre, y el principal valor es la ética. Acaso, ¿no hay en el partido una dictadura? ¿no se prepara un fraude para el Congreso nacional? ¿no se están rematando las riquezas que pertenecen a los peruanos y a las futuras generaciones? ¿no se mantiene en la inopia salarial a los trabajadores mientras los beneficios empresariales son estratosféricos?
Reunirse para reivindicar a Haya de la Torre en medio de toda esta inmundicia organizada por el "gobierno de los lobbies y su instrumento dictatorial en el partido", significa desagraviar a Víctor Raúl, a los mártires, a la generación fundadora,a los viejos luchadores.
Significa que se ha perdido el miedo a la satanización, a la inmaculada concepción alanista, a la violencia de una pandilla.
Cuando se suprime el mitin, se suprime la memoria histórica de Haya de la Torre. Se nos dice que vayámonos acostumbrando al nuevo partido, que esto ya no tiene regreso. Que el que manda es Alan García y su pandilla. Y el que no está contento, que se marche. Eso es premodernidad, civilismo, siglo XIX. Esto no lo ven las señoras, más preocupadas en los juegos artificiales, en cánticos y, sobretodo, en la continuidad de un orden que ya no existe al interior del aprismo, porque el alanismo lo ha destruido, y es necesario reconstruirlo.
Es la hora de la rebeldía, del desacato ciudadano, de la desobediencia civil, es la hora de la juventud aprista que no está vendida ni comprada con viajecitos, becas y "asesorías". Es la hora de los apristas que ya no tienen nada que perder y que este gobierno ha tratado con la punta de los zapatos. Es un claro mensaje para que este gobierno rectifique y no meta las manos en el Congreso nacional.
No se trata, tampoco, de disidencias o de "lucha por el poder" o "lucha por cargos de elección". Lo que se demanda es que regresen los procedimientos democráticos, la unidad sincera, transparente y sin corrupción. Los conflictos, a veces, son la oportunidad, para nuevas formas de integración. No se trata de suprimir a unos y reemplazarlos por otros, se trata de defender la dignidad. ¡Que nunca más se pisoteen los derechos del militante, sus aspiraciones, sus sueños y sus grandes ideales!
Son buenas las catarsis, cuando nos se puede hacer terapia, los manuales se sicología no funcionan, o simplemente se confunde mística política con mística monacal o retiro espiritual.
El Aprismo es proyecto integracionista, ética pública, ideología crítica y revolucionaria, es memoria de las luchas sociales lideradas, es futuro indoamericano, es Gobierno de los productores organizados como trabajadores manuales e intelectuales. Despojar al Aprismo de alguna de estas características, es transformarlo en otra cosa, Y eso es lo que ha sucedido bajo el Alanismo. Se ha despojado al Aprismo de todo su carácter innovador, frentista, transformador. Se le está convirtiendo en algo parecido al belaundismo/odriísmo, muy bien envuelto en la corrupción y la impunidad.
El Alanismo ha transformado la fraternidad en complicidad para la impunidad. Sinó, vean la prescripción de los delitos de AGP durante su primer gobierno, el bloqueo en los congresos nacionales del PAP en los años noventa para investigar la corrupción y sancionarla. La "inmolación" de Mantilla, la "limpieza" en los petroaudios de toda referencia al jefe de Estado, el "No me acuerdo" de Jorge, las movidas de Mauricio con sus polichenelas para "ganarse alguito" con Caanan. Por favor, en aras de la fraternidad, no se puede tolerar todo esto.
¿Cual hubiese sido la reacción de la generación fundadora con todo lo que ocurre?
La fraternidad no es un convivio entre señoras para recordar los viejos tiempos, o reunión de cofradías para barrer bajo la alfombra. La fraternidad no es unidad con corruptos y claudicantes frente al neoliberalismo. Fraternidad es defender la Institucionalidad histórica del Aprismo en el seno de una sociedad que reclama grandes cambios y liderazgo, fraternidad es renovar el juramento en torno a los valores de Haya de la Torre, y el principal valor es la ética. Acaso, ¿No hay en el partido una dictadura? ¿No se prepara un fraude para el Congreso nacional? ¿No se están rematando las riquezas que pertenecen a los peruanos y las futuras generaciones? ¿No se mantiene en la inopia salarial a los trabajadores mientras los beneficios empresariales son estratosféricos?
Reunirse para reivindicar a Haya de la Torre en medio de toda esta inmundicia organizada por el "Gobierno de los lobys y su instrumento dictatorial en el partido", significa desagraviar a Victor Raul, a los mártires, a la generación fundadora, a los viejos luchadores.
Significa que se ha perdido el miedo a la satanización, a la inmaculada concepción Alanista, a la violencia de una pandilla.
Cuando se suprime el mitin, se suprime la memoria histórica de Haya de la Torre. Se nos dice que vayamonos acostumbrando al nuevo partido, que esto ya no tiene regreso. Que el que manda es Alan García y su pandilla. Y el que no está contento, que se marche.Eso es premodernidad, civilismo, siglo XIX. Esto no lo ven las señoras, más preocupadas en los juegos artificiales, en cánticos, y sobre todo en la continuidad de un orden que ya no existe al interior del aprismo, porque el Alanismo lo ha destruido, y es necesario reconstruirlo.
Es la hora de la rebeldía, del desacato ciudadano, de la desobediencia civil, es la hora de la juventud aprista que no está vendida ni comprada con viajecitos, becas y "asesorías". Es la hora de los apristas que ya no tienen nada que perder y que este gobierno ha tratado con la punta de los zapatos. Es un claro mensaje para que este gobierno rectifique y no meta las manos en el Congreso Nacional.
No se trata tampoco de disidencias o de "lucha por el poder" o "lucha por cargos de elección". Lo que se demanda es que regresen los procedimientos democráticos, una unidad sincera, transparente y sin corrupción. Los conflictos a veces, son la oportunidad, para nuevas formas de integración. No se trata de suprimir a unos y reemplazarlos por otros, se trata de defender la dignidad, que nunca más se pisoteen los derechos de militante, sus aspiraciones, sus sueños y sus grandes ideales.
Un trabajador de la empresa Focodesa, Daniel Changano "Invocando la necesidad impostergable de contar con una tutela procesal efectiva frente a la amenaza e inminente de violación de MI DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO, ocasionada por la empresa Formas Continuas y Derivados S.A.-FOCODESA, al manifestar su intención de disponer el cese de la relación laboral de sus empleados basándose en lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de la Resolución No. 2780-2009-TC de fecha 28 de diciembre de 2009, expedida por la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado-CONSUCODE; acudimos a su Despacho a fin de que se sirva concedernos una debida tutela cautelar en los siguientes términos:........
1.2 (Párrafo principal) "..... se ordene al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones-CONSUCODE se ABSTENGA de ejecutar lo resuelto en los numerales 1 y 2 de la Resolución 2780-2009-TC de fecha 28 de diciembre de 2009, expedido por la Segunda Sala de dicho organismo estatal, a través de los cuales se declara fundado el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio integrado por las empresas Thomas Grez & Sons del Perú S.A. (sic) y Enotria S.A. contra la Resolución Jefatural 689-2009-JNAC/RENIEC, la cual se revoca, y se confirma el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso Público No. 006-208-RENIEC (Segunda Convocatoria) a favor del Consorcio conformado por las empresas Thomas Greg & Sons de Perú S.A. y Enotria S.A., toda vez que de ejecutarse dicha resolución administrativa, FOCODESA se verá forzada a resolver el vínculo laboral que mantiene con sus trabajadores vulnerando su derecho fundamental al trabajo".
En el Segundo Juzgado Civil del Callao despacha la jueza Dora Carhuamaca quien ganó notoriedad en los últimos días. El sábado 13 de los corrientes en el diario El Comercio, se lee lo siguiente:
"Jueza autoriza el ingreso de autos chatarra
Dora Carhuamaca dictó la cuestionada medida cautelar
Nuevamente hay el riesgo de que entre al país una numerosa cantidad de automóviles usados que exceden la antiguedad permitida por la ley (hasta 5 años los vehículos gasolineros y hasta 2 años los petroleros). La jueza Dora Carhuamaca, del Segundo Juzgado Civil del Callao, a solicitud de Auto Partes Diésel Alvarez, concedió una medida cautelar y dispuso el ingreso al país de 946 vehículos chatarra, algunos de los cuales tienen hasta 20 años de antiguedad".
Resolvió conceder la medida cautelar solicitada mientras se resuelva el petitorio del cuaderno principal, en consecuencia, "ORDENO: PRIMERO:Se ABSTENGA la codemandada Formas Continuas y Derivados S.A.-Focodesa- de realizar cualquier acto dirigido a materializar la amenaza cierta e inminente de vulneración al derecho del trabajo basándose en los numerosales 1 y 2 de la Res No. 2780-2009-TC-S2 del 28-12-09, NOTIFICANDOSE: SEGUNDO: Se abstenga el codemandado –CONSUCODE- de ejecutar lo resuelto en los numerales 1 y 2 de la Resolución No. 2780-2009-TC-S2 del 28-12-09".
Nótese que el trabajador de Focodesa logra una medida cautelar contra su propia empresa que amenazó con despedir personal so pretexto de haber perdido en un tema de buena pro y de la cual, Focodesa es única responsable tanto de su yerro como el de cuidar, al margen de cualquier contratación o licitación externa o interna, a sus trabajadores. Con algo de suspicacia cualquiera podría distinguir una mano experta –de ninguna manera gratuita- en la acción impulsada por el trabajador de esa firma.
¿Es Focodesa una empresa muy fiable, por emplear un término benigno? No parece que fuera así del todo.
En RENIEC favorece empresa cuestionada con S/. 22.5 millones http://www.voltairenet.org/article163144.html habíamos afirmado cómo Focodesa gozaba de extraños favoritismos desde RENIEC. Consucode corrige esta sucesión de imperfecciones, pone las cosas en su sitio y Focodesa alegremente discurre por el camino más perverso: el despido de sus trabajadores que no le será posible por la razón simple que uno de ellos consiguió una cautelar contra la misma empresa.
Estas idas y venidas constituyen, por lo menos, un tema que debiera ser visto con sumo cuidado. Que algunos sinverguenzas de muy mala gestión en sus empresas pretendan atentar contra los derechos humanos echando a la calle a sus trabajadores es un asunto abominable. Lo es también que hayan ejecutado mañas muy similares a las que usan los deudores cuando se empecinan en no pagar y logran que amigotes les traben acciones de embargo para hacer inejecutables las medidas a posteriori.
La impresionante neumática de silencio del oficialismo aprista con respecto a la heroica huelga general que protagonizan en Cartavio los trabajadores de Gloria S.A., constituye una prueba irrefutable de cómo la claudicación, la desverguenza y la traición a su historia, representan los hitos y las avenidas por las que transita la desacreditada dirigencia de esa colectividad política hoy, a decir de no pocos, en crisis terminal. El gobierno supuestamente del Apra, está de bombero cuando no de sordo respecto del suceso que ya ha producido un obrero abaleado en esa localidad norteña.
Pero la mudez no sólo, con ser monstruosa y contra-natura, puede atribuirse a los de ese partido: ¡todos han callado!: las centrales sindicales, los otros clubes políticos, las organizaciones de derechos humanos, la sociedad entera ha abandonado a su suerte y a los designios que Gloria S.A. puede impulsar merced al poderoso señor que es Don Dinero en Cartavio. ¿Cómo explicar o entender esta falta de solidaridad e indiferencia con un asunto tan
importante como los derechos humanos de los hombres y mujeres allí trabajando?
Para los apóstatas y episódicos inquilinos de un gobierno entreguista y claudicante, no hay principios ni fraternidad posibles. Sólo hay negociados y urge "concretar" antes del 2011 cuanto esté a la mano y del modo que fuere. Contratos con dedicatoria, concesiones sospechosas de malos manejos, servilismo a la carta, falta de decencia desde el amanecer hasta el anochecer y cuanta aberración pueda hallarse en gentuza que comprende el "gobierno" como una forma de expoliar el dinero que paga el pueblo en impuestos.
La tragedia consiste en la falta de fuerza política que sea capaz de demostrar estos desmanes, plantearlos, denunciarlos y corregirlos. La cultura de impunidad que tanta estridencia, a veces, causa en el tema de los derechos humanos, está instalada en el ADN social peruano: "roba, pero hace obra". Y así los alcaldes delincuentes, los ediles extorsionadores, los legiferantes débiles mentales, son "referentes" en un país que muestra una señalada y gravísima carencia de liderazgo en ¡absolutamente! todas las tiendas políticas. Aquí no hay partidos, hay clubes electorales, especialistas en la cuchipanda y en sabotear resultados, trocarlos en otros y estafar a la opinión pública.
Acertó con dureza lítica y blancura marmórea Manuel González Prada cuando sentenció en su artículo Los honorables, Bajo el Oprobio, 1914:
Porque en todas las instituciones nacionales y en todos los ramos de la administración pública sucede lo mismo que en el Parlamento: los reverendísimos, los excelentísimos, los ilustrísimos y los useseñorías valen tanto como los honorables. Aquí ninguno vive su vida verdadera, que todos hacen su papel en la gran farsa. El sabio no es tal sabio; el rico, tal rico; el héroe, tal héroe; el católico, tal católico; ni el librepensador, tal librepensador. Quizá los hombres no son tales hombres ni las mujeres son tales mujeres. Sin embargo, no faltan personas graves que toman a lo serio las cosas. ¡Tomar a lo serio cosas del Perú!
Esto no es república sino mojiganga."
Los gobernantes son simples mandarines de poderes externos, los legisladores, ediles, alcaldes, todos en conjunto abominable, eslabones mediocres de una grisura cancerígena. Los que ayer fueron incendiarios de praderas sociales, cedieron ante la pitanza y la coima. De protestantes terminaron en bomberos y cómplices en cómo robarse un país y vivir sin problemas.
Peor que un yerro de voluntad acaso mal conducido, resulta el silencio proditor que mira a todas partes para exclamar su ignorancia de cómo se apalea a los trabajadores, con y sin uniforme a lo largo y a lo ancho de la patria.
Esa es nuestra realidad. Hay que cambiarla de una buena vez. ¿Quiénes entran a la pelea?
¡Atentos a la historia, las tribunas aplauden lo que suena bien!
¡Ataquemos al poder, el gobierno lo tiene cualquiera!
¡Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz!
Una simple revista del significado de los últimos gobiernos desde hace 30 años, nos espeta una constante desgraciada, abominable e insólita: corrupción en cantidades industriales. Entonces es posible inferir que la administración del Estado constituye el arte de envilecer, empuercar, ensuciar al país por la razón simple que cada equipo líder tiene sus propias y singulares formas de corromper el manubrio de la nación. Asimismo, es fácil constatar que allí está la génesis de la aberración "roba, pero hace obra".
Más aún. La deserción –o traición monda y lironda- al partido que encarama al político al puesto edicilio, a la diputación congresal, a la gerencia de empresa pública, no representa un crimen o una deshonra. Por el contrario en Perú se alaba y se practica con fruición el transfuguismo y el clímax de semejante comportamiento pudo apreciarse en su suciedad más intensa cuando Kouri recibía miles de dólares del delincuente Montesinos que pagaba con dinero del pueblo la inconducta del mencionado.
Por citar otro ejemplo: el Establo de Plaza Bolívar, por acción u omisión, ha protagonizado escándalos que nunca tienen cuándo acabar. Se ha descubierto, poquísimas horas atrás, que hay secretarias que ganan el equivalente mensual de US$ 2,500 o algo más. Pero es imposible aumentar el sueldo a los policías. La contradicción es patética. Entonces, si los legiferantes incurren en estos desmanes: ¿qué se puede esperar de los burócratas que allí laboran? No mucho que digamos.
¿Cómo se llama o tipifica la claudicación de un Congreso que no defiende sus fueros, acepta con anuencia servil cuanto le impone el Ejecutivo y no discute un convenio internacional como el Tratado de Libre Comercio con Chile, tema que ya obtuvo la santificación del mediocrísimo Tribunal Constitucional? Si se les paga para cumplir lo establecido en la Carta Magna y en referencia puntual a acuerdos entre Estados que comprometen aspectos tributarios, soberanos y económicos y los precarios inquilinos del Establo no lo hacen ¿cómo llamar, sino corrupción, a esa flagrante abstinencia laboral?
Dicen los tratadistas geniales y sus copiones criollos (esos que "escriben" citándolos hasta la saciedad, bajo la presunción que así parecen menos idiotas), que la democracia enriquece su prisma multicolor gracias a los partidos. Por tanto, dedúcese que aquéllos entrenan a sus embajadores para que, llegada la chance, se comporten a la altura de los retos que la cosa pública exige. Difícil entender en qué fue "preparado" el caradura de Francis Allison que fue hasta ministro de Alan García y que pretendió traer US$ 50 mil dólares que le fueron confiscados en Miami. Y como él, decenas y centenas de pelafustanes.
¿Qué papel cumple la prensa? No siempre el mejor de los roles. La compra de la línea editorial no la inventaron Montesinos ni Fujimori. Los gobiernos han regalado decenas de millones de dólares a las casas editoras y en 1980 don Fernando Belaunde "resarció" a algunos diarios con dinero del Estado, según se dijo, como reparación por lo ocurrido durante el gobierno militar. ¿Alguna vez se cuestionó este asunto? Presumir que cualquiera de los diarios favorecidos con ese aguinaldo expresase algo, no pasa de una quimera. A lo más, todos dijeron "bien gracias" y engullieron hambrientos las fáciles dádivas.
Son decenas los conversos que fungen de ultra-demócratas hoy en los medios de comunicación, cuando ayer, durante el gobierno delincuencial de Kenya Fujimori, hacían negocios con él o con cualquiera de las ramas de su régimen. ¿No fue acaso el Poder Judicial uno de los que recibió proyectos, planes, asesoramientos y demás adefesios de muchos que hoy son "referentes"? ¿y qué puede decirse de esos locutores o escribas que salmodiaban la corrupción de la que formaban parte en las butacas primeras del sainete inmoral que fue aquello? ¿no son los que gritan "al ladrón, al ladrón"?
Con esa pobreza conceptual sobre lo que es un gobierno democrático entonces no parece raro ni inmoral o abyecto que se instauren reglajes a periodistas honestos o vigilancias nopedidas por el Poder Judicial ni legales bajo ningún concepto. Los abusos gubernamentales también se traducen en persecuciones, hostilizaciones y presiones non sanctas cuando hay quienes sí rompen el pacto infame y tácito de hablar a media voz. Y la ambición es conquistar la victoria de los ideales. Frente a eso el mediocre puede abusar y asesinar. No obstante hay que gritarles: "bárbaros las ideas no se deguellan". Y a tanta insistencia también hay que recitarles: "Los muertos que vos matasteis, gozan de buena salud".
¿Pueden las sociedades, sin sentir angustiosa verguenza de sí mismas, admitir que gobierno equivale a corrupción?
¡Atentos a la historia, las tribunas aplauden lo que suena bien!
¡Ataquemos al poder, el gobierno lo tiene cualquiera!
¡Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz!
La Sétima Disposición Final de la Ley 29465: una negligencia jurídica en contra de ciudadanos de la tercera edad
Ha sido aprobada mediante Acuerdo de Mesa del Congreso de la Republica la Décima Sétima Disposición Final de la Ley del Presupuesto (Ley 29465) que nuevamente cercena los derechos pensionarios de los ex parlamentarios del DL 20530 y de sus sobrevivientes. Esta Ley que afecta a un total de 211 ex parlamentarios cuyas edades promedian los 72 años, reduce drásticamente el valor real de sus pensiones, eliminando por completo la formula de nivelación vigente, formula que ya había sido modificada mediante las Leyes 28389 y 28449 en detrimento de los ex parlamentarios. La nueva disposición del Acuerdo de Mesa del Congreso contradice así, la Ley 28449 de diciembre del 2004 aún vigente y lo que es peor desacata el dictamen favorable a la constitucionalidad de dicha Ley por parte del Tribunal Constitucional con fecha 6 de junio del 2005.Haciendo un examen exhaustivo de toda la legislación existente en torno al Sistema de Pensiones del DL 20530 llama la atención la voluntad del Congreso de la República y por tanto del Estado de alejarse de acuerdos internacionales que el Perú ha suscrito en materia de Derechos Humanos y de Derechos a la Propiedad (Derechos Económicos) con otros estados democráticos. Tal vez en el barco del recuerdo, flota el dictamen del TC favorable a los ex parlamentarios con fecha 23 de setiembre de 1997, y la sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica del 28 de febrero del 2003, con relación al reclamo de cinco ex parlamentarios peruanos, sin embargo ambos representan antecedentes del abuso. Esta Disposición Final adoptada dentro de una Ley presupuestal ha sido tomada en Acuerdo de Mesa por los miembros de la Mesa Directiva del Congreso. Ante la oposición del congresista Daniel Robles que lo consideraba “innecesario”, no se aprobó la conformación del Grupo de Trabajo que había propuesto la Comisión de Seguridad Social del Congreso para revisar el tema. No nos queda más remedio que preguntarnos, ¿por qué el Congreso actúa de una manera tan arbitraria y negligente?; ¿Qué o quienes se benefician con las actuales disminuciones y confiscaciones económicas a los ex parlamentarios?, ¿los actuales congresistas que jamás se verán afectados por este sistema de pensión de cesantía (ya cerrado), el erario nacional o la futura campaña política de quienes han apoyado este Acuerdo de Mesa que coloca al Estado Peruano por encima de derechos patrimoniales adquiridos por ciudadanos de la tercera edad: una de las partes mas vulnerables de la sociedad? ¿Es lícito y ético que el Estado ahorre dinero abusando de personas que en su mayoría ya no pueden trabajar pero que durante veinte a treinta años aportaron mediante enorme sacrificio, un porcentaje altísimo de sus haberes, con la esperanza de gozar un día de una jubilación digna, tranquila y segura?
La Décima Sétima Disposición Final de la Ley del Presupuesto dice textualmente: “Deróganse las disposiciones de naturaleza administrativa que hayan sido emitidas en el Pliego 028: Congreso de la República en el marco de la autonomía,relacionadas con bonificaciones extraordinarias adicionales otorgadas a titulo de liberalidad a favor de los ex parlamentarios pensionistas” En la historia, esta Disposición Final 29465 que ya entró en vigor a partir del mes de enero del 2010 no es la primera embestida del Estado Peruano en contra de los derechos pensionarios de los ex-parlamentarios de la denominada “Cedula Viva”. La lesión a los derechos fundamentales de este grupo de pensionistas y de sus sobrevivientes se remonta décadas atrás, al mandato del Ing. Alberto Fujimori. En aquella ocasión la intención del Congreso de modificar el régimen del DL 20530 no prospera, pero se concreta más tarde durante el gobierno del Presiente Toledo, con las leyes 28389 y 28449. El gobierno del Presidente García Pérez no hace más que continuar en la misma línea que sus dos antecesores, confirmando en ello una decisión política ya vieja de disminuir al máximo las pensiones de cesantía de los ex parlamentarios, sin mirar hacia atrás, ni hacer detalles. El problema está en que esta última Disposición Final, basada en un Acuerdo de Mesa del Consejo Directivo del Congreso del 31 de julio del 2001, presenta errores en el fondo y en la forma y serias contradicciones jurídicas que los abogados de Derecho Internacional y de Derechos Humanos tendrán tiempo de desentrañar y resolver. El primero y más importante de los errores de la norma es considerar la Nivelación de las pensiones como si se tratara de una “bonificación extraordinaria” y no de una garantía establecida constitucionalmente que forma parte integrante de la pensión misma y de su mecanismo de existencia. Al contabilizar dicha Nivelación como un bien o monto adicional y no como parte integrante de la pensión misma, el Estado ahorra dinero para el resto de su presupuesto. Pero, ¿es justo ignorar que estos pensionistas ya aportaron del 10 al 15 % de sus haberes mientras trabajaron para el Estado y que sus fondos deberían haber sido conservados en un fondo intangible? Revisemos un poco la legislación existente en torno al DL 20530.
Haciendo un poco de historia
El DL 20530 no es ningún invento reciente. Tal y como nos lo recuerda el Presidente de la Asociación de Ex Parlamentarios del Perú, Moisés Trellez Gómez, en su última declaración (1) tiene casi cincuenta años de existencia. La Octava Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú de 1979, reconoció el derecho a la Nivelación de Pensiones a favor de los pensionistas del régimen del Decreto Ley 20530 de manera progresiva con los haberes de los servidores públicos en actividad del mismo nivel o categoría, teniendo como requisito para acceder a esta nivelación, el cumplir 20 años de servicios en la Administración Pública.En otras palabras los empleados públicos del régimen del DL 20530 contaban con una garantía establecida constitucionalmente que sus pensiones serían progresivamente niveladas, no en base a un índice inflacionario general, como lo pretenden las últimas modificaciones a la norma, si no en base al monto de las remuneraciones que estuviera percibiendo un trabajador de la misma función y categoría. Tal como lo explica el Dr. Trellez Gómez, los trabajadores que se acogieron a la № 20530 lo hicieron porque conllevaba mayores beneficios que la opción del DL № 19990. La diferencia consistía en que mientras los miembros del régimen 19990 aportaban tan solo el 5% de sus haberes mensuales, los miembros el régimen 20530 tenían que aportar del 10 al 15% de sus haberes mensuales. Por tanto los trabajadores del Estado que se acogieron al DL 20530, no son ningunos aprovechados, su esfuerzo voluntario y disciplinado demuestra que prefirieron “invertir durante años y años una mayor cantidad de sus exiguos recursos para obtener, en su futuro de vejez (es decir ahora) una mejor situación pensionaria”.
La Constitución Política de 1993 al igual que la de 1979, mantenía intangibles los regímenes pensionarios establecidos en el DL 20530 y en el DL 19990. Su Primera Disposición Final y Transitoria establecía lo siguiente: “los nuevos regímenes sociales obligatorios, que sobre materia de pensiones de los trabajadores públicos, se establezcan, no afectan legalmente los derechos legalmente obtenidos, en particular el correspondiente a los regímenes de los Decretos Leyes 19990 y 20530 y sus modificatorias”. Por tanto, el texto constitucional de 1993 reconocía y protegía ambos sistemas de pensiones a los cuales se habían acogido los trabajadores del Estado, por voluntad propia, quienes debían cumplir de veinte a treinta años de servicios.
El Congreso tratando de modificar y de recortar ambos Sistemas de Pensiones (el DL 20530 y el DL 19990) no es noticia reciente, en realidad se trata de un guerra larga a punto de cumplir 30 años. La primera batalla que gana el Congreso es la que culmina con la promulgación de las leyes 28389 y 28449 de noviembre y diciembre del 2004. Tal vez el problema del Estado, de no contar con los fondos suficientes dentro de su presupuesto, comienza a partir de 1981, cuando El Estado decide perforar el Sistema de Pensiones del DL 20530 (en otras palabras decide perforar el fondo intangible de los pensionistas compuesto por sus puntuales y disciplinados aportes mensuales) Esto sucede durante el segundo gobierno de Belaunde Terry, cuando el Estado peruano entraba en plena crisis económica.
Durante el primer gobierno del Ing. Fujimori, el Congreso intenta desconocer que el Sistema de Pensiones del DL 20530 es un sistema de pensión de cesantía nivelable. En aquel entonces, un grupo de catorce parlamentarios acuden al TC y presentan una Acción de Amparo. El 23 de setiembre de 1997 el TC ordena el pago de acuerdo a ley a todos los pensionistas del Congreso, reconociendo de esta manera el derecho de los ex parlamentarios a recibir no simplemente sus pensiones, sino además la Nivelación de las mismas. ¿Pero por qué el criterio de la Nivelación no es lo mismo que el criterio de la “sostenibilidad financiera” ahora vigente de acuerdo a Ley? En un estudio bastante amplio acerca de este tema, el abogado peruano Alexander Bazán Larco (3) explica que mientras la Nivelación del DL 20530 se basaba en el monto de las remuneraciones de un servidor público en actividad del mismo rango y categoría (criterio humanista, centrado en la persona) el criterio de sostenibilidad o reajuste por inflación económica implica reajustar los montos de las pensiones anualmente, en base a un índice económico inflacionario determinado por el Estado (criterio centrado en el Estado y en su economía) Suena parecido pero no es lo mismo, tampoco parece justo si consideramos que los pensionistas del DL 20530 se habían acogido a una Ley que les garantizaba un determinado mecanismo de Nivelación por parte del Estado, garantía que les ha sido arrebatada arbitrariamente, a partir de las leyes del gobierno del Presidente Toledo, rompiéndose así y ad-posteriori, el “Pacto” acordado entre ellos y el Estado para la formula de distribución de sus pensiones.
El 16 de noviembre del 2004, el Congreso bajo el gobierno de Alejandro Toledo aprueba la Ley 28389 que establece la expresa prohibición de la Nivelación de las pensiones (o pensión de cesantía nivelable) Esta decisión afecta a todos los pensionistas del DL 20530. La Ley también introduce un tope máximo de 2 Unidades Impositivas Tributarias para todo pensionista de este régimen (no mas de s/.7,100 para el año 2009). Hasta noviembre del 2004 algunos ex funcionarios venían recibiendo pensiones superiores a las dos IUT, ya que la Ley original no establecía topes máximos, porque obedecía a un principio de proporcionalidad.La Ley 28449 del 23 de diciembre del 2004 introduce las nuevas reglas del Sistema de Pensionesdel DL 20530 y es ratificada mediante sentencia del TC de junio del 2005. A partir de enero del año 2005 se ponen en práctica los nuevos lineamientos y las nuevas reglas de juego del sistema, lo cual reduce en razón del 34% el monto de las pensiones a muchos ex parlamentarios. Increíblemente para los juristas de otras democracias, en el Perú es posible arremeter contra derechos intangibles como lo son los derechos pensionarios, mucho después que estos ya han comenzado a ser distribuidos, es decir retroactivamente, penalizando de esta manera a los beneficiarios. Sería fácil justificar que el Estado disminuya el número de horas y el sueldo proporcional a funcionarios en plena actividad, en tiempos de estrechez económica. Sin embargo en este caso, el Estado lesiona gravemente los derechos fundamentales de ciudadanos de la tercera edad que sin contar ya con la posibilidad de procurarse nuevas fuentes de ingreso adicional para compensar los drásticos y sucesivos recortes económicos, deben seguir afrontando los mismos gastos que tenían a la hora de jubilarse, años atrás y hasta diciembre del 2009.
La confusión de los parlamentarios que han votado a favor de esta Ley se origina con motivo de un error en el vocabulario empleado por el Consejo Directivo del Congreso en lo que toca a las pensiones del DL 20530. El 23 de setiembre de 1997 un grupo de catorce parlamentarios interpone una Acción de Amparo ante el TC para defenderse de la intención del Congreso de desconocer su derecho a una pensión de cesantía nivelable. El dictamen del TC de 1997 es favorable a los catorce parlamentarios del Sistema de Pensiones 20530. Dicho dictamen determina que más tarde el Consejo Directivo del Congreso emita en su 34va Reunión de Mesa, un Acuerdo de Mesa,№ 436-2000-2001/MESA-CR, con fecha 31 de julio del 2001. En este Acuerdo de Mesa, el Consejo Directivo del Congreso comete un grave error refiriéndose a la pensión de cesantía nivelable en los siguientes términos: “bonificación extraordinaria mensualadicional a su monto de pensión”. He allí la madre de todos los corderos y la causa por la cual hasta el día de hoy algunos congresistas creen que los ex parlamentarios habían “inventado” un beneficio económico adicional para aprovecharse así del Estado, el mismo Presidente Alan García comentaba al respecto: “Esto es un abuso. Utilizar al Estado para aumentarse las gollerías y los bonos. Me parece criminal”. Nada más alejado de la realidad y del espíritu de la Ley. Los juristas explican claramente que lo que debió haberse empleado era la palabra Nivelación y no bonificación. Sin embargo los medios de comunicación aprovechan maliciosamente de dicha ambigüedad en el lenguaje para hablar de “bonos” cuando en realidad no se trataba de ningún beneficio económico adicional, sino del mecanismo original de funcionamiento (actualización) de la misma pensión de cesantía cuyo tope había sido establecido en diciembre del 2004. También es necesario aclarar que no todos los funcionarios del DL 20530 se jubilaban con los mismos montos pensionarios, ni todas las pensiones eran nivelables al 100 por ciento. Mientras el DL 20530 estuvo en vigor, la pensión adquiría carácter nivelable, en alguna proporción, “solo a partir de los veinte años de servicio”. Tan solo a partir de los treinta años de servicio, la pensión era nivelable al 100 por ciento. En cuanto a los sobrevivientes del cesante (viudas o huérfanos) estos tenían derecho a recibir la pensión total del cesante, lo cual les ha sido recortado al 50% desde enero del 2005.
La pensión como Derecho de Propiedad inviolable
L a Carta Magna de 1993 reconoce indiscutiblemente el derecho a la propiedad como un derecho inviolable, garantizado por el Estado que se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. El artículo 70 dispone la garantía que: “A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”. La pensión de estos ex parlamentarios es un bien mueble, y ninguna de las dos leyes, la 28389, ni la 28449 justifican alguna causa de seguridad nacional o necesidad pública para afectar el Derecho de Propiedad de los pensionistas del DL 20530, ya que dichas motivaciones son inexistentes.
También, el Pacto de San José de Costa Rica en suartículo 21º establece que: “2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley (...)” Por lo tanto si se hace una revisión seria y exhaustiva de nuestra legislación, así como de los acuerdos y tratados firmados con otros Estados democráticos, resulta que el reclamo de los pensionistas del DL 20530 y de sus sobrevivientes es una causa justa basada en un derecho patrimonial adquirido que el Estado Peruano no puede modificar, ni confiscar.
A manera de conclusión
En otras democracias de otras latitudes las pensiones de las personas jubiladas son derechos intangibles, sin embargo en el Perú este derecho fundamental ha sido juguete de los diferentes gobiernos. En la práctica, no ha sido jamás un derecho inviolable, sino más bien un derecho que obedece al capricho del clima político y a las necesidades económicas del régimen de turno. Por tratarse de la pensión de personas que han servido al Estado, el Estado se ha creído con el derecho de hacer lo que le ha dado la gana con los derechos humanos y patrimoniales de estos pensionistas, así como con sus fondos.
¿Qué sociedad le piensa legar a los jóvenes este gobierno, un país que no respeta ni protege a sus ciudadanos mayores? ¿Qué joven peruano brillante y honesto querrá realmente hacer carrera sirviendo al Estado en un país donde el mismo Estado tiene la prerrogativa de modificar el derecho fundamental a la pensión de cesantía de cualquier grupo de funcionarios, cambiando los mecanismos de cálculo y la garantía de su justa y progresiva distribución en el tiempo?; ¿Qué pareja de 70 años de edad o más, que haya alcanzado su edad de jubilación dentro del sistema del DL 20530 puede sobrevivir ahora en Lima con una pensión que ha sido reducida progresivamente en el tiempo desde diciembre del 2004 y hasta enero del 2010, en razón del 40, 50 por ciento o más de su valor inicial real? Todo esto tomando en cuenta el incremento del costo de vida, la inflación y el aumento de los gastos de salud y asistencia médica propios de la edad.¿Será que dichas parejas, en medio de sus años dorados tienen tal vez que contratar bufetes de abogados, cambiarse de barrio, irse a vivir al garaje de algún hijo caritativo, para poder defender sus derechos y cumplir con obligaciones económicas adquiridas durante los años en que aún estaban aportando al sistema y hasta diciembre del 2009? Y peor aún si se trata de una pobre viuda (las viudas reciben tan solo el 50% de la pensión que le correspondía al cesante) tendrán tal vez que dejar sus casas y mudarse a un cuarto de alquiler? Por esta razón volvemos a la pregunta inicial: ¿Merece la pena realmente hacer carrera sirviendo al Estado en un país sin memoria y con tan poco respeto hacia la dignidad y los derechos fundamentales de sus ciudadanos más débiles y vulnerables?
(1) Trellez Gómez, Moisés. Declaración de la Asociación de ex Parlamentarios del Perú. La Ley no ampara el abuso de Derecho.Lima, 27 de Noviembre del 2009.
(2)Paredes G. Víctor, Vigencia del amparo judicial contra pretensión de desconocer pensión de cesantía nivelable. Diario La Razón del 28 de diciembre del 2009.
(3) Bazán Larco, Alexander, La Lesión de los Derechos Fundamentales de los Pensionistas del Sistema Previsional del Decreto Ley 20530 con motivo de la expedición de las Leyes 28389 y 28449: ELEMENTOS QUE SUSTENTAN LA DENUNCIA CONTRA EL ESTADO PERUANO ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Publicado en la web en: http://knol.google.com/k/la-lesion-de-los-derechos-fundamentales-de-los-pensionistas-del-sistema
*(*) Valencia Haya de la Torre, Rocío. Periodista graduada de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Relaciones Publicas (IRCOM) en Francia. Miembro de la Federación de Periodistas del Perú desde el 2007 y miembro del Taller de Estudios Sociales y Políticos “Antenor Orrego” desde el 2004. Fundadora de la lista digital “Familia Aprista” en http://groups.yahoo.com/group/familiaaprista/
Sin la menor hesitación, el recio líder que fue Manuel Arévalo, habría apostrofado a los dirigentes oficialistas del Apra de La Libertad y a los de Lima, por su actitud pro-patronal, complaciente, cómplice, traidora con respecto a los justos e irrenunciables derechos de los trabajadores de la empresa Gloria S.A. en Cartavio. La historia de las luchas pasadas, el sacrificio y sed de justicia, la fraternidad de los pobres y desposeídos, son hoy por hoy y para estos líderes de juguete, asunto anacrónico, recuerdo que no hay que mencionar y la claudicación muestra sus orejas proditoras sin ambages.
El trabajador Arévalo había llegado en representación de los cañeros, hombres y mujeres de La Libertad al Congreso Constituyente de 1931, padeció prisiones, deportación y fue de esos a quienes "había que desaparecer" tal como ocurrió el trágico 15 de febrero de 1937 en Cerro Colorado al norte de Lima. Con sus claros ojos frente al mar, como alguna vez dijera Manuel Seoane en discurso inolvidable en el viejo Estadio Nacional un 22 de febrero de 1946, Arévalo pagó caro su osadía de haber militado en un partido de trabajadores y por los trabajadores. Fue torturado cruelmente y asesinado.
En uno de los principales salones de Cartavio hay un cuadro con el retrato de Arévalo. Su mirada serena de horizonte combativo está allí a pesar de la desvinculación inverosímil del oficialismo aprista con los trabajadores. ¿Hay alguna expresión institucional de apoyo irrestricto y solidaridad con las clases oprimidas por parte del Comité Departamental que "lidera" Carlos MartínezPolo? No, es la respuesta y ese oprobioso silencio confirma la sinuosidad pro-patronal.
¿Es privativo de Martínez Polo esta mudez en su locuacidad acostumbrada? No parece ser así. Lo que sí es obvio es que aquél sigue órdenes y las cumple con obediencia sin chistar y en inadvertencia flagrante de todo un catecismo y décadas de historia y evidente trabazón militante.
Días atrás, en amabilísima entrevista en un diario limeño Armando Villanueva del Campo habló in extenso sobre la CTP y su imposibilidad de señalar delegados al próximo cónclave partidario de marzo. ¡Ni por casualidad emitió palabra en torno a la controversia entre Gloria S.A. y los obreros en Cartavio! La coincidencia no es una casualidad.
Más aún: ¿alguien de la plana oficialista del Apra, desde secretario general hacia abajo, ha dicho "esta boca es mía"? De ninguna manera. Ciertamente el jefe de Estado, tan ocupado en mil asuntos, no tiene un segundo para lo que ocurre en Cartavio. El designio soterrado, no escrito pero cumplido al pie de la letra es atender a la patronal Gloria S.A. y dejar a su suerte ignota a los trabajadores.
La empresa goza de respaldo policial que ha llegado en masa desde Trujillo y es casi seguro que siguen instrucciones que se dan por conductos regulares para apalear y "escarmentar" a quienes protestan. Hay que "citar" a comisarías a los trabajadores y botar a los líderes del sindicato para que no "hagan problemas". Las autoridades del ministerio de Trabajo, señaladamente el señor Ferradas, guardan fidelidad sibilina con Gloria S.A. y no hay razón posible que pueda asistir a los obreros en sus justos reclamos salariales.
Hoy comienza, si así se ratificó en las últimas horas, la huelga general en Cartavio. Cualquier desmán, heridos o muertos, serán responsabilidad absoluta, vergonzosa y traidora de quienes han permitido que se llegue a estos extremos de conflicto. El gobierno puede ser acusado de violador de derechos humanos y laborales consagrados en múltiples tratados internacionales. ¿Tanta ceguera para qué?
Mi solidaridad con los trabajadores de Gloria S.A. en Cartavio. Y si acontece: ¡qué viva el paro general!
¡Atentos a la historia, las tribunas aplauden lo que suena bien!
¡Ataquemos al poder, el gobierno lo tiene cualquiera!
¡Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz!
