Riesgos de no despenalizar delitos de prensa

http://elcomercio.pe/impresa/notas/riesgos-no-despenalizar-delitos-prensa/20110908/1281388

Jueves 8 de Setiembre del 2011

El caso del periodista Paul Garay, de Pucallpa, demuestra los abusos que se desprenden porque los delitos de prensa siguen penalizados en nuestro país. El juez Alcibiades Morote condenó al periodista pucallpino a tres años de prisión efectiva por el supuesto delito de difamación contra un fiscal. La condena se dio con una celeridad que ojalá se viera en el caso de los avezados delincuentes y narcotraficantes que amenazan la seguridad de esa zona de nuestra Amazonia.

El periodista Garay fue uno de los testigos contra el ex alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez –sospechoso de narcotráfico y acusado del asesinato del periodista Alberto Rivera–, y ha denunciado la corrupción de varias autoridades pucallpinas. No se ha probado que Garay haya dicho lo que se le imputa contra el fiscal Agustín López Cruz, y aun así el periodista está preso.

Expertos consultados señalaron a este Diario que se han cometido varias faltas al debido proceso que deben ser evaluadas y subsanadas por las instancias judiciales. Entre otras cosas, se lo detuvo en abril pasado con el trato que se le da a un maleante atrapado perpetrando un delito flagrante, no se realizaron los peritajes de ley y la pena resulta severa y desproporcionada (3 años de prisión y el pago de 20.000 soles de reparación civil). Todo esto parece revelar, también, un ánimo de represalia y revanchismo, así como de intimidación contra la prensa que denuncia e investiga las pillerías de ciertas autoridades.

El caso amerita la intervención de los organismos fiscales y judiciales superiores y debería llevar a los legisladores a reflexionar sobre las amenazas y riesgos que acarrea la penalización de los delitos de prensa, así como a avanzar en la despenalización de los mismos, que deberían ser vistos en el fuero civil.

El Consejo de la Prensa Peruana, que analiza el Caso Garay, sostiene la necesidad de que el Congreso estudie el marco legal de los países democráticos para garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, entre los cuales se incluyen las libertades de prensa, expresión y opinión. La tendencia global es tratar los casos de difamación en el fuero civil, lo que se complementa con el compromiso ético de los periodistas para autorregularse.

Como lo subrayamos recientemente, "Una prensa amenazada, censurada o amedrentada judicialmente es parte del camino que lleva a la dictadura solapada".

Félix C. Calderón Urtecho In Memoriam

Félix C. Calderón Urtecho In Memoriam
http://www.voltairenet.org/Felix-C-Calderon-Urtecho-In?var_mode=calcul

(Cartavio, La Libertad, 1947-Lima setiembre 5, 2011)
por Herbert Mujica Rojas; hmujica@gmail.com

http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LROpinion01&td=08&tm=09&ta=2011

8-9-2011

El lunes por la noche nos dejó el embajador Félix César Calderón Urtecho. Se fue el escritor, autor de quince libros: sobre la problemática limítrofe con Chile y Ecuador; sus seis magistrales tomos sobre las veleidades autocráticas de Simón Bolívar; su alerta roja y el capítulo de la invasión a la embajada del Perú en Cuba; el Leviatán; cientos de artículos polémicos, urticantes, preñados de ciencia diplomática y conocimientos geopolíticos imbatibles. Se ha ido el patriota consejero en la hora crítica, el amigo lealísimo ante las trapacerías de baja estofa, nos ha dejado un ciudadano que vino desde Cartavio, La Libertad, el alumno peregrino que conquistó en París doctorados y honores en altos estudios; el diplomático que estuvo en Sudáfrica, Suiza, en otros destinos, en suma un hombre de quien su familia, esposa y dos hijos, no pueden estar sino orgullosos por el ejemplo de austeridad y amor que supo obsequiar con su particular sentido de la generosidad: discreto y silencioso.

Son muchas, muchísimas las anécdotas personales o momentos estelares que me ligan al patriota Félix C. Calderón. Y voy a subrayar unas pocas que acaso retraten una grandeza que no siempre se reconoce a tiempo o en el momento debido.

Años atrás don Félix, desde Suiza, se comunicó con el embajador Alfonso Benavides Correa y le enteró que estaba haciendo un libro sobre Bolívar y que acaso deseara comentar con una nota a manera de prólogo. Para entonces el empedernido y meticuloso lector que era Benavides Correa ya conocía ese importante y cenital libro El Tratado de 1929. La otra historia escrito por Calderón y sin hesitar aceptó la comisión. Por solicitud de don Alfonso quedé como responsable del mecanografiado en la computadora. Y así nació un extraordinario texto luego de 17 horas seguidas de trabajo. Nunca se supo que un sancochado fue el premio a esa jornada. Don Alfonso Benavides era un magnífico cocinero.

En otro momento y en una cuita personal de dificultades sempiternas, enteré sin intención de hacerlo adrede a don Félix de un problema álgido y nos demoramos para ir a la cita a almorzar. Luego del convite, sin que se lo pidiera, el amigo Calderón me dio la mano. Demoré meses en honrar el favor, pero comprobé su sentido leal, solidario y fervoroso de su amistad. Y estos pasajes son inolvidables.

Un día, en medio de la acción peruana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el contencioso limítrofe con Chile, don Félix nos reunió a otro buen amigo suyo, Plinio Esquinarila Bellido y a mí y planteó una ofensiva periodística bajo su responsabilidad personal. Y así fue y las páginas de La Razón lucieron la galana pluma de Calderón y los ecos fueron de enorme intensidad. Baste decir que medios de comunicación chilenos procuraban tomar contacto con varios columnistas que entonces tuvieron el honor magnífico de pelear por la Patria produciendo instantes de formidable tenor noticioso.

El embajador Calderón era editor y costeaba sus propios libros, colaboré con él en algunos de ellos, no obstante la celosa supervisión siempre le correspondía. Y su trabajo docente le acompañaba en tramos tan sorprendentes como el que narro a continuación: una noche me avisa que debíamos ir a un colegio secundario en Villa María del Triunfo con el objeto de presentar su primer libro sobre Bolívar y sus veleidades autocráticas ante un auditorio escolar. Que se sepa hasta entonces ¡nunca! un diplomático incurría en tan magnífica proeza de ir a un barrio periférico, hablar sobre su obra y llevar un lote grueso como contribución a los educandos.

En Trujillo y al lado del maestro del periodismo Manuel Jesús Orbegozo, hicimos una presentación de ese mismo libro ante un pleno nutrido de jóvenes en la Universidad César Vallejo. Los vítores de sus coterráneos liberteños y el orgullo que tanto Calderón como el huamachuquino Orbegozo constituyeran lugareños hicieron brotar una noche cultural y de desafío con la presencia de sus hijos ilustres.

Volvía con regularidad en intervalos de sus misiones en el extranjero don Félix, especialmente en enero y por una razón de doble impacto: el Festival de la Marinera en Trujillo de la que es acérrima admiradora su esposa y para visitar el hogar filial donde vivía su madre nonagenaria. Imposible dejar de narrar que don Félix reproducía el comentario que sobre su libro había hecho César Hildebrandt en la televisión y que su señora madre había captado y contado con lujo de detalles, prueba inconcusa de su lucidez amorosa para con el hijo de vuelta al redil materno.

El grado de embajador que le fue escamoteado por varios años, lo ganó Calderón Urtecho con una acción judicial que hizo reconocer sus calificaciones y condiciones óptimas, las mejores, para acceder a esa parte del escalafón diplomático. Su origen provinciano, Cartavio, su parquedad cejijunta y discreción sempiterna, conspiraban no poco para hacerle las cosas difíciles en una Lima racista, fieramente conservadora de tradiciones que más que tradiciones eran deplorables maldiciones. A todo esto venció con tesón y paciencia, a veces incomprendida o criticada, Félix Calderón.

Cuando don Félix hablaba de sus hijos lo hacía con orgullo de saber que él y su esposa habían cultivado a un músico y aficionado a las artes y también a un científico matemático de altas calificaciones en Francia. Le brillaban los ojos, reía con sus anécdotas que narraba en sus raros momentos de expansión dicharrachera y sus referencias a cómo se construían los núcleos familiares con ejemplo y devoción.

Ha sido el embajador Félix Calderón Urtecho un patriota a carta cabal, escribía con prosa enérgica y ciencia moderna premunida de los últimos conocimientos que hacían muy difíciles de rebatir sus textos. Más de una vez escuché testimonios no nacionales de cómo les era "re-complicado" manejar esos testimonios.

El martes por la mañana, Ana María, su lealísima colaborador por más de quince años en su hogar, aquí y en el extranjero, llamó para comunicar la infausta noticia. No pude menos que sentir un estremecimiento enorme. En diez años había sido algo cotidiano y esperado, en cualquier momento, saber de él y de su prisa para reunirnos. Cierto que era yo el eslabón más modesto de la cadena, don Félix siempre llegaba pleno en noticias, textos, planteamientos, interpretaciones. Y meditabundo, cuanto que para mí incomprensible, hablaba que los hombres debían retirarse de la vida activa antes de los 70 años. No sospechaba entonces, asunto que Félix creo que sí entrevía, que la enfermedad le tenía atenazado en sus garras.

A su esposa y a sus dos hijos, mi profunda emoción que despide al embajador, al patriota y al amigo. Siento rota una fraternidad en mil pedazos aquí en la Tierra. Sé, con toda certeza que donde esté el ilustre ciudadano Félix Calderón Urtecho comprobará la adhesión sólida de sus muchos amigos y admiradores que le extrañarán de hoy en adelante. ¡Descanse en paz!

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Constantes históricas en el comportamiento vecinal de Chile

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
9-5-2005

Columnista invitado: Félix C. Calderón

Constantes históricas en el comportamiento vecinal de Chile
http://www.voltairenet.org/article125105.html

por Félix C. Calderón*
(Cartavio, La Libertad; 1947- Lima, setiembre 5, 2011)

El teorema geopolítico que los peruanos deben tener siempre presente es que Chile ha visto al Perú, históricamente, como su enemigo natural. Y hacen muy mal los panegiristas del entendimiento y la cooperación vecinal en olvidar, soslayar o edulcorar este hecho irrebatible que es, además, inconmovible, por lo menos mientras siga vigente la concepción del Estado-nación. No es esto, obviamente, un reflejo de perdedor, como se ha atrevido a decir un peruano de última hora, a causa sin duda de una reflexión indigesta provocada por su conocimiento superficial de nuestra historia. No. Ese teorema fluye fácilmente del análisis del comportamiento histórico de Chile con respecto al Perú y nos da la pauta de cómo es menester actuar, porque nunca es tarde, para que por fin podamos encarrilar las relaciones vecinales sobre un terreno común de mutuo respeto y ventajas recíprocas.

Antes y después de su existencia como república, Chile ha visto al Perú como una amenaza y, por lo mismo, ha sabido encontrar su razón de ser a sus expensas. Pero no ha sido el único. Simón Bolívar fue el primero en trazar un designio geopolítico avieso contra el Perú, epicentro ancestral de la gran nación andina (principalmente Perú, Bolivia y Ecuador), usurpando Guayaquil y creando luego Bolivia. De esta forma, fragmentó el espinazo andino y contrapuso por casi dos siglos a sus pueblos. Años más tarde, el comerciante de Valparaíso, Diego Portales, hizo el resto con un designio concordante, pero por el sur, a fin de mantener la dependencia del comercio peruano de los puertos chilenos. En suma, el Perú desde su nacimiento como república tuvo que hacer frente al embate de dos pretensiones geopolíticas adversas, por el norte y por el sur, además de la penetración amazónica del imperio brasileño. Situación altamente desventajosa de la que Chile supo aprovecharse con el tiempo para satisfacer sus propias ambiciones.

La usurpación territorial a resultas de la guerra victoriosa que libró Chile contra el Perú en 1879, con la interpósita acción de Bolivia y ayudado por el comportamiento claudicante, como en 1837, de gran parte de la casta política peruana, se tradujo en una serie de constantes en su comportamiento bilateral, cuyos resabios aún se notan hoy en día. Estas constantes en su comportamiento no son, por cierto, exclusivas de Chile. En puridad, son patrones comunes de comportamiento que sigue todo Estado agresor y usurpador, como se desprende de una rápida ojeada a la historia universal, en la medida que se trata de preservar lo usurpado y de erosionar cualquier intento de revancha. Es decir, están signadas por la codicia y el miedo, y su lógica subyace siempre en la fuerza, porque no hay otra forma de mantener lo ajeno. Por lo mismo, no estamos hablando de un comportamiento malicioso estático, sino dinámico, aunque en este caso siempre en función del Perú que representa el peligro a conjurar y mediatizar.

Antes de concluir la paz con Bolivia y obsesionado por su flagrante incumplimiento del Tratado de Ancón de 1883, Chile puso en marcha un reprobable proceso de chilenización en las provincias cautivas de Tacna y Arica con el deliberado propósito de expatriar o exterminar a la heroica resistencia de los peruanos ligados ancestralmente a esos territorios. Es decir, el usurpador efectuó el primer caso mundial de "political cleansing" en el siglo XX. Convergentemente, prejuzgó la solución al problema que generaban esas provincias cautivas, disponiendo de manera arbitraria el trazado del ferrocarril Arica-La Paz, sin parar mientes en usurpar para ese efecto una porción de la provincia de Tarata que no tenía por qué ser parte de la ocupación chilena, tal como lo revelo en mi libro "El Tratado de 1929. La otra historia." En fin, para ser breve, instigó la rivalidad del Ecuador y Colombia hacia el Perú mediante la venta subrepticia de armas y acuerdos secretos con esos países, en su afán de debilitar el accionar diplomático del Perú que tenía, también, que hacer frente por el norte a pretensiones amazónicas desmedidas por obra de Bolívar, sin contar la competencia por el Acre.

Una vez que suscribió la paz con Bolivia en 1904, Chile se aprovechó del entredicho con el Perú que provocó Bolivia al rechazar el laudo arbitral del presidente argentino Figueroa Alcorta, para azuzar a ese país a la guerra e inclusive venderle armas. Por cierto, ayudaba indirectamente a esta manipulación interesada del vecino del sur el hecho que el Perú accediera al siglo XX con una casta política visiblemente mediocre e incapaz de poner fin al desgobierno y de acometer con resolución la solución definitiva de algunos de los diferendos limítrofes que se mantenía con los cinco países fronterizos.

Cuando el presidente Augusto B. Leguía, el único estadista que ha tenido realmente el Perú con prescindencia de sus maneras dictatoriales, zanjó definitivamente en setiembre de 1909 las fronteras con Brasil y Bolivia, tras una faena negociadora histórica de tres semanas, la diplomacia chilena buscó arrinconar al Perú exacerbando otra vez las pretensiones de Ecuador y Colombia, mientras se esforzaba inescrupulosamente por consolidar sus posiciones en Tacna y Arica. Basta traer a colación en abono de este aserto la tensión bélica que vivió el Perú en la segunda década del siglo XX, en el frente amazónico, con incidentes como el de "La Pedrera", o la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares con Chile, entre otros. Mas, fue otra vez Leguía quien logró romper la secular inteligencia colombo-ecuatoriana con el Tratado Salomón-Lozano, cuyo efecto inmediato fue malquistar entre sí a esos dos países que en 1916 se habían repartido a su regalado gusto la margen izquierda del río Marañón-Amazonas, disponiendo sin ir muy lejos de la precaria posesión peruana en Leticia. Asimismo, fue Leguía quien zanjó en 1929 de manera definitiva la dolorosa cuestión de las provincias cautivas, logrando el regreso de Tacna a la heredad nacional, aunque parcialmente mutilada por culpa de la propensión usurpadora de los chilenos, como lo prueban las azufreras de Tacora, ahora en poder de Chile y arrancadas al Perú en la hora undécima.

A partir de ese momento, 1929, reducidas las aristas de confrontación del Perú, el interés de la diplomacia chilena se centró, como es lógico suponer, en soliviantar al Ecuador, único país con el cual el Perú mantenía un diferendo limítrofe, como mejor manera de complicar el accionar diplomático de Torre Tagle que debía, además, procurar la plena y satisfactoria ejecución del Tratado Rada Gamio-Figueroa Larraín. Tras el conflicto del Zarumilla en 1941 y producido el cese de fuego, como lo detallo en mi libro "La negociación del Protocolo de 1942: mitos y realidades," la diplomacia chilena buscó afanosamente con el apoyo del Ecuador, sumarse al trío de Estados (Argentina, Brasil y Estados Unidos) que por años venían ejerciendo sus buenos oficios para resolver la controversia limítrofe. No fue, dentro de este contexto, un gesto altruista ni desinteresado de Chile; sino una previsible maniobra, íntimamente ligada a sus pretensiones portuarias en el Pacífico (no obstante mediar condiciones geográficas adversas) que lo obligaban a poner cortapisas a la ejecución del artículo 5° relacionado con el muelle de atraque a favor del Perú para así reducir a la nada la ventaja arrancada por Leguía al final de la negociación en 1929. Por eso, la venta de municiones y armamentos que hizo Chile al Ecuador en 1995, en plena guerra del Cenepa, no fue un hecho casual o accidental. Nada de eso, fue una acción deliberada propia de quienes actúan con mentalidad usurpadora. Y si un japonés sin raíces peruanas no le dio en ese entonces la importancia debida, esto no inhibe de responsabilidad a quienes ejecutaron por esos días la política exterior del Perú. Porque si en el caso de Argentina se ha llegado a determinar que hubo una operación delictiva, conducida clandestinamente, de allí el juicio al que fueron sometidos los responsables; en el caso de Chile fue una acción consentida por su propio gobierno, y esto es lo grave, al punto que a nadie en ese país se le haya juzgado por ese hecho protervo y felón, una vez puesto en evidencia.

La vinculación de su ambiguo papel de garante con la plena ejecución del artículo 5° del Tratado de 1929 queda evidenciada cuando al año siguiente de haberse concluido la paz con el Ecuador, en 1999, Chile concluyó con el Perú un Acta de Ejecución destinada a cerrar la controversia portuaria que fue la que mayores dificultades creó durante la negociación del tratado entre noviembre de 1928 y mayo de 1929. Como era de esperarse, el Perú estuvo lejos de obtener en 1999 lo que Chile propuso originalmente al presidente Leguía, si se compara el imponente muelle atribuido al Perú que figuraba en el plano del desarrollo portuario de Arica entregado por el embajador chileno Figueroa Larraín al mandatario peruano, en mayo de 1929, con el inútil y dependiente mini-atracadero situado fuera del marco original de la bahía de Arica que hoy se considera como el "muelle" peruano (véase los anexos de mi libro sobre el Tratado de 1929).

Sin embargo, en honor a la verdad, no fue éste un logro reciente de la diplomacia chilena, pues ya en 1964 y más tarde en noviembre de 1985, Chile había sentado mañosamente las bases de esa nueva usurpación, una vez que el taimado Ríos Gallardo intuyó en la década de los cincuentas que el Perú había perdido el plano entregado a Leguía y, por lo tanto, la diplomacia peruana desconocía ese importante compromiso. Claro que lo mismo no puede decirse de quienes negociaron el Acta de Ejecución, por cuanto quien esto escribe exhumó literalmente dicho mapa del archivo central de Torre Tagle a fines de 1998, tras casi setenta años de haber sido ignorado. Ergo, hay responsabilidad histórica por parte de quienes en 1999 transigieron con la arremetida chilena a sabiendas de que hacía trampa. Es más, hay razón para preguntarse si no era mejor reabrir las negociaciones en materia de ejecución del artículo 5°, justamente porque existía, además, el problema colateral de la delimitación de la frontera marítima con Chile, en el cual la mentalidad usurpadora amenazaba inclusive con apropiarse del pequeño triángulo de playa situado al norte del arco que sigue la línea limítrofe y, por ende, peruano.

Para recapitular, ha sido la lógica implacable del teorema geopolítico enunciado al inicio de este artículo, la que explicaría la persistencia por parte de Chile en la observancia de esas constantes de comportamiento en su relación con el Perú. Aparte de ser muy redituable en términos territoriales, le ha permitido guardar coherencia en su accionar, al margen del carácter civil o militar de sus sucesivos gobiernos, dar continuidad a su diplomacia y ha hecho previsible su proyección geopolítica. Obsesionados como siguen con ese enemigo natural, algo que no ocurre en el Perú en que a un sector de la burguesía le gusta ver a Chile como su aliado, el miedo a la revancha es un fantasma omnipresente en los chilenos, como igualmente lo es la gran amenaza que supone la reconstitución de la gran nación andina.

De allí que la diplomacia chilena haga ahora todo lo posible por profundizar la división entre los pueblos andinos (echarle la culpa al Perú en la solución de la aspiración marítima de Bolivia, en virtud de la cláusula cerrojo de su autoría incluida en el Protocolo Complementario, es un ejemplo de ello), puesto que ha descubierto que si quiere mantener cierta supremacía en esta parte de mundo, vale decir asegurar su supervivencia, no tiene más remedio, ante la imposibilidad de nuevas guerras de conquista, que transformar al Perú y Bolivia, por lo menos en el corto y mediano plazo, en su hinterland vital habida cuenta de la clamorosa carencia que adolece su tripa territorial de recursos energéticos, hídricos y los limites asfixiantes de su diversidad biológica. Y es aquí cuando el Perú debe imaginar, concebir e implementar una política de respuesta y contención igualmente duradera, ambiciosa y agresiva en diferentes planos, sobre la base del principio rector que en los tratos con el usurpador es éste quien tiene que hacer las concesiones y no al revés.

Desde este punto de vista, el problema de la delimitación marítima debe involucrar a los Estados Unidos como árbitro por haber puesto Chile en tela de juicio el punto final de la frontera terrestre que es hacia abajo en el sentido del arco, y no del paralelo geográfico. Asimismo, se debe reglamentar de conformidad con las disposiciones constitucionales sobre seguridad y defensa la penetración chilena en el sector terciario, principalmente de los servicios, teniendo en cuenta los riesgos que entraña esa mentalidad usurpadora del hinterland. No deja de ser paradójico que Chile figure como un exportador mundial de maderas tropicales sin tener selva. Tampoco parece lógico que el Perú venda gas a Chile para atender las necesidades energéticas de los territorios que fueron usurpados, salvo que pague el doble o le vendamos, mejor, energía eléctrica. En fin, antes de poner una serie de etcs., se debe exigir a Chile que, sin mayor dilación, proceda a la rectificación histórica brindando las disculpas debidas y otorgando las reparaciones del caso por las atrocidades cometidas durante la invasión usurpadora de 1879 y con posterioridad hasta 1929, incluyendo la compensación a los peruanos de Arica y parte de Tacna por sus propiedades privadas arrebatadas, la edición de libros de historia que pinten los hechos tal como ocurrieron para escarnio de sus llamados héroes, la supresión del homenaje a sus glorias nacionales porque eso es una afrenta para el Perú (sobre todo en el Morro de Arica), y la devolución de lo robado. Pues no hay peor injuria que la subliminal, como lo ha demostrado ese infamante vídeo de Lan, obra de imberbes. En Europa solo se ha podido hablar de reconciliación una vez que los agresores han hecho propósito de enmienda y han reivindicado la dignidad de los pueblos ofendidos.

Por último, sin ser menos importante, en cuanto al objetivo de la reconstitución de la gran nación andina, que es lo que aterra a los chilenos, éste solo podrá ver la luz si los prolíficos pueblos andinos en los tres países involucrados ponen el sincretismo histórico al servicio del mandato telúrico.
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Embajador, autor de los libros "El Protocolo de 1942: mitos y realidades." (Academia Diplomática del Perú, 1997), "El Tratado de de 1929. La otra historia." (Congreso de la República, 2000), y "Las veleidades autocráticas de Simón Bolívar.- Tomo I: La usurpación de Guayaquil" (Aleph, a publicarse este mes de junio), entre otros.
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Símbolos y RREE en Suramérica por Pedro Godoy P.

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From: Pedro Godoy <profe@cedech.cl>
Date: 2011/9/5
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SIMBOLOS Y RREE EN SURAMERICA

En la prensa de Santiago aparece entrevista al actual canciller peruano. Ornamenta su despacho un retrato del mariscal Castilla. Sorprende este enaltecimiento. Equivale al culto que se brinda, en el Ministerio de RREE de Santiago, a Diego Portales ¿Por qué desconcierta? Porque uno y otro personaje -en el siglo XIX- son adversarios de la reintegración de Suramérica. 

Portales es energuménico enemigo de la Confederación Perú-Boliviana. Tal experimento lo encabeza Andrés Santa Cruz. Recientemente el Presidente Ollanta Humala puso de relieve la obra de ese estadista paceño. Portales organiza una guerra contra el eje La Paz-Lima. Es el primer fratricidio perpetrado en nuestra América que culmina en Yungay (1835).

Castilla se asila en Chile. Lo protege Portales. Participa de las dos agresiones mapochinas a la Confederación. Será Presidente de Perú.  Imposible silenciar que oficia de desmembrador al servicio de Santiago. En suelo chileno organiza el Regimiento Coraceros. Esa tropa se asimila al cuerpo expedicionario de Chile que derrota a Santa Cruz.

No se promueve privar de pedestal a las estatuas que homenajean a esos personeros y menos incinerar sus retratos, sino de poner las RREE de nuestras repúblicas bajo la advocación de figuras 

 

que han promovido la concordia entre nuestras patrias. Ello no pasa por decretos, sino por superar la arcaica interpretación patriotera de nuestra historia.

Prof. Pedro Godoy P.

Centro de Estudios Chilenoas CEDECH

cedechdirector@gmail.com

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Oportunidades de desarrollo inclusivo en la Certificación de Competencias

Oportunidades de desarrollo inclusivo en la Certificación de Competencias

por Ibeth Angulo Zavaleta;  ibianzaval@yahoo.com

6-9-2011

 

En el Perú, aún después de la significativa evolución de la tasa de admisión a universidades de las últimas cuatro décadas, más de la tercera parte de la población no tuvo acceso a educación de nivel superior. Porcentaje poblacional que –en gran medida-  integra la fuerza laboral operativa de la empresa peruana. Pensar en la posibilidad de certificar el aprendizaje laboral de esta gente puede generar un impacto altamente beneficioso, sea que se aprecie el factor técnico del logro alcanzado que podría devenir en opciones de progreso laboral, o que se valore el aspecto social y motivacional de lo que significaría reconocer formalmente, con un certificado, el aprendizaje de quienes  frustraron su educación y no tuvieron oportunidad de recibir diploma alguno en su vida adulta.

 

El quehacer operativo engloba competencias fácilmente identificables y factibles de ser descompuestas -en indicadores objetivos- que hagan efectiva su medición.

Para abordar el tema de la certificación de competencias laborales, empezaré por referir algunas definiciones.

 

Competencia laboral es –a decir de Ducci-  la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene, no sólo a través de la instrucción, sino también mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo.

 

En tanto que Gallart define competencia laboral como un conjunto de propiedades en permanente modificación que deben ser sometidas a la prueba de la resolución de problemas concretos en situaciones de trabajo, que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad técnica […] no provienen de la aplicación de un currículum […] sino de un ejercicio de aplicación de conocimientos en circunstancias críticas.

 

Le Boterf por su parte califica la competencia como una construcción, a partir de una combinación de recursos (conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente: relaciones, documentos, informaciones y otros) que son movilizados para lograr un buen desempeño.

 

Y finalmente citaré el aporte de Mertens, al señalar que la competencia se refiere únicamente a ciertos aspectos del acervo de conocimientos y habilidades: los necesarios para llegar a ciertos resultados exigidos en una circunstancia determinada; la capacidad real para lograr un objetivo o resultado en un contexto dado.

 

En el orden de ideas de los investigadores citados, la competencia laboral se puede medir objetivamente, a través de criterios e indicadores que constituyen estándares de competencia y contemplan evaluaciones minuciosas y específicas, como paso previo y definitivo para certificar el aprendizaje de un trabajador.

 

En Latinoamérica se han generado experiencias importantes y exitosas de certificación de competencias laborales, que partieron de iniciativas con origen diverso: de un organismo autónomo como CONOCER de México, de una empresa como CODELCO de Chile, o de un sindicato como UOCRA de Argentina. Todos ellos han experimentado resultados positivos.

 

Es menester enfatizar que la certificación de competencias no reemplaza a la educación formal; la complementa cuando se cuenta con ella, y en su carencia, logra fortalecer los perfiles laborales.

 

Nuestro país necesita no sólo de una fuerza laboral calificada, necesita de trabajadores conscientes de su valía y aporte al desarrollo empresarial, con autoestima más elevada como producto del reconocimiento de sus saberes y pericias.

 

Que el aprendizaje es una fuente de desarrollo, está claro; pero en este Perú variopinto, que desplaza y limita a quienes no accedieron a formación superior, es necesario y urgente reconocer y capitalizar el aprendizaje logrado fuera de las aulas.

 

                                                                                              Ibeth Angulo Zavaleta

                                                                                  Directora Académica EPG – UTP

                                   Miembro de la Red Latinoamericana de Gestión por Competencias

 

 

El nuevo teatro de guerra contra las drogas

El nuevo teatro de guerra contra las drogas
por José Suarez Danós; suariquez@hotmail.com
http://www.voltairenet.org/El-nuevo-teatro-de-guerra-contra?var_mode=calcul

6-9-2011

Nunca antes de 1998 presidente alguno de Latinoamérica se había referido -ni siquiera a modo de comentario-, a la responsabilidad que corresponde a los gobiernos de los EE.UU. por su inacción con el tráfico y consumo de drogas dentro de su propio territorio.

Ni menos aún ninguno de ellos, se había manifestado sobre la pasividad con la que esos gobiernos consienten su incremento exponencial, "haciéndose de la vista gorda" a la proliferación y habitual empleo de drogas entre sus ciudadanos, a la vez que otorgando un marco de legalidad a "negocios conexos" con el tráfico de drogas en los EE.UU. -armas, avionetas, mini-submarinos, lavado de activos, etc.-.

Hasta la fecha mencionada, la mayoría de mandatarios latinoamericanos cuyos países cultivan ancestralmente hoja de coca o cuyos territorios eran vía de paso obligado de cargamentos hacia el país de consumo final –EE.UU.-, sólo se limitaban a mostrar actitudes políticas de indebida culpabilidad.

O, en su defecto, mostraban una conformidad sumisa con la agresión propagandística estadounidense que orientaba –y aún orienta- las causas del narcotráfico, a "los países productores de hoja de coca" y a la "falta de control en los países de tránsito" (Sur y Centro América).

Fue recién en 1998 en la "Asamblea de Lucha Contra el Tráfico de Drogas" de la ONU, que el presidente de Ecuador Fabián Alarcón en su discurso de orden y en presencia del presidente de EE.UU. Bill Clinton, se refirió con criterio racional a "responsabilidades compartidas" entre "países productores" y "países consumidores".

Con ello por vez primera, incorporó a los EE.UU. en el problema tal como correspondía; ya no en el rol usual de "país víctima" que se habían auto-asignado los gobiernos de ese país, sino en el real, de "país causa" del narcotráfico.

Pese a ser ésta una verdad, ella no fue bien recibida por el imperial gobierno de EE.UU. (Clinton).

Pero tuvieron que trascurrir 13 años más de la simulada "guerra de los EE.UU. contra las drogas" –que en Latinoamérica ya cumplió 26 años-, para que otro mandatario de los países agraviados, esta vez en forma clara y contundente, estableciera la fidedigna responsabilidad de los EE.UU. en el tráfico de drogas y en su pretendida "guerra".

El 26 de Agosto del 2011, a consecuencia del asesinato de 53 personas ocurrido dentro del marco violento de "la guerra contra las drogas" en México –con "apoyo" de la DEA-, el presidente de esa nación Felipe Calderón se vio precisado a dirigirse a la opinión pública nacional e internacional, para informar sobre el infausto caso.

En pensada alocución a la que nadie podría señalar de emotiva ni infundamentada –fue escrita previamente-, Calderón culpó enfáticamente a los EE.UU. –sus gobiernos- de la creación de la violencia del narcotráfico en México.

Serenamente, pero sin ocultar su molestia, el presidente mexicano refirió que "parte de la tragedia que vivimos los mexicanos, tiene que ver con el hecho que estamos al lado del mayor consumidor de drogas del mundo, y a la vez, del mayor vendedor de armas en el mundo".

Describiendo el financiamiento de los traficantes de drogas, Calderón señaló que los EE.UU., "pagan miles y miles de millones de dólares cada año a los criminales, por proveerlos de estupefacientes", agregando además que, "las mayores rentas de los criminales provienen de un factor: el trasiego y venta de drogas a los Estados Unidos".

Dirigiéndose Calderón al país consumidor –los EE.UU.-, expresó "es por eso, que es mi deber, hacer también un llamado, a la sociedad, al Congreso, y al Gobierno de los Estados Unidos".

Aludiendo lo contradictorio de la "guerra de los EE.UU. contra las drogas", el mandatario mexicano se dirigió al gobierno estadounidense, manifestando que "el poder económico y de fuego de las organizaciones criminales que operan en México y en América Latina, tiene que ver con esta interminable demanda de drogas de los Estados Unidos", reclamándole asimismo que, "ese consumo de drogas –el de los EE.UU.- debe reducirse drásticamente".

Calderón conminó al gobierno de ese país, a que "si están decididos y resignados a consumir drogas, busquen entonces alternativas de mercado que cancelen las estratosféricas ganancias de los criminales, ó establezcan puntos de acceso claros de narcóticos a su territorio, distintos a la frontera con México, pero esa situación ya no puede seguir igual".

Pero la parte más relevante de la alocución de Calderón -en nuestro parecer-, fue aquella en que dirigiéndose a las autoridades de los EE.UU. pidió a éstas, "que reflexionen acerca de la tragedia que estamos viviendo México y muchos países latinoamericanos, a consecuencia, en gran parte, del consumo insaciable de drogas en el que participan millones y millones de norteamericanos", señalando a los países afectados por "la guerra" y a los consumidores estadounidenses "beneficiados" con las drogas.

Son conocidos los esfuerzos de los gobiernos de los EE.UU. por ocultar las cifras de consumidores de drogas existentes en ese país, pero un informe de la OEA del 2010 estableció que son 100 millones de estadounidenses -casi un tercio de su población- los que están inmersos en la dependencia de drogas.

Ello como mínimo evidencia, indiferencia gubernamental, sino es conveniencia con otro de los "negocios" del neoliberalismo –hechos inhumanos ambos-.

Esto se correlaciona con lo manifestado en el 2007 por el ex presidente de EE.UU. Bill Clinton, quien en audiencia congresal dijo que "la población de los EE.UU. es el 5% de la población del orbe, pero se consume el 50% de las drogas ilegales del mundo".

En el 2008 la Organización Mundial de la Salud (ONU) estableció que sólo en ese año, 72 millones de niños mayores de 12 años de los EE.UU. habían usado drogas siquiera una vez.

En ese mismo año también se estimó, que el trasiego de drogas en los EE.UU. generó para el fisco y las bolsas de valores de ese país, cien mi millones de dólares en ingresos.
Estudios de la ONU sobre uso de drogas ilegales, revelaron en el 2010 que EE.UU. además de haberse convertido en el primer país consumidor del mundo, había pasado a ser su propio productor y auto-abastecedor, con plantaciones de marihuana -10,000 toneladas métricas anuales- sembradas en California, La Florida, Kentucky, Tennessee y West Virginia.

Además de las nuevas fuentes de abastecimiento de drogas mencionadas, éstas se han visto reforzadas por el volumen de drogas sintéticas que ahora se vienen produciendo en laboratorios que funcionan al interior de los EE.UU.

Estas estadísticas, ya hacían entrever hace tiempo que "la guerra de los EE.UU. contra las drogas" era solamente una pantomima planeada con otros fines –injerencia política en otros países y/ó favorecer "negocios conexos" de ese país-.

Las realidades recientemente descritas por el presidente Calderón sólo reiteran lo hace años apreciado por los gobiernos de Latinoamérica, de que se viene colaborando en una estéril guerra, sin término y que se efectúa en el campo de batalla equivocado.

Esto establece la necesidad impostergable de realizar un replanteamiento en las estrategias continentales de la lucha contra las drogas, pero sin que esta vez ellas provengan de los EE.UU.

Pero, ¿por qué razón se tendrían que efectuar estos cambios?

Sencillamente porque el problema ha sido precisado; éste, se ha ubicado al interior del territorio de los EE.UU., plasmado en la insaciable demanda de drogas y la falta de medidas de sus gobiernos –léase contribución- para combatir la demanda misma, el consumo y el tráfico de drogas en ese país.

Ha llegado el momento que las estrategias cambien de orientación y apunten a desterrar la demanda y el consumo –ya no la producción- constituidos en el verdadero eje del problema, como así lo fue siempre aunque no se quisiera reconocer.

En esta ocasión la voz rectora de estas nuevas estrategias debe corresponder a Latinoamérica, toda vez la dimensión del hospedaje proporcionado al narcotráfico en los EE.UU. y cuya infructuosa guerra en su contra, además de no atacar el "problema" esencial en ese país, viene perjudicando a los 32 países ubicados al sur.

En estas nuevas acciones quienes deben someterse ahora a una certificación y control anual de su vecindad, deben ser los gobiernos de los EE.UU.

Una de las estrategias podría ser condicionar los montos económicos de intercambio comercial de los EE.UU. con países de Latinoamérica, sujetando éstos a las políticas, a las acciones específicas, y a los resultados porcentuales que obtengan los EE.UU., en disminuir la demanda, el consumo y el tráfico de drogas al interior de su territorio.

Las nuevas estrategias que podrían ser formuladas por UNASUR -en nuestro parecer-, tendrían ocasión de ser aprobadas en la sesión inaugural de la "Comunidad de Estados de Latino América y el Caribe" (CELAC) de Diciembre próximo.

En ellas se debe considerar además, que las bases "antidrogas" estacionadas por los EE.UU. en Latinoamérica –y su Zar-, se trasladen a su verdadero campo de batalla, al norte del Río Grande.

Allí, en donde está el teatro de guerra.

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El nuevo teatro de guerra contra las drogas

El nuevo teatro de guerra contra las drogas

por  José Suarez Danós; suariquez@hotmail.com

http://www.voltairenet.org/El-nuevo-teatro-de-guerra-contra?var_mode=calcul

      

6-9-2011

 

Nunca antes de 1998 presidente alguno de Latinoamérica se había referido -ni siquiera a modo de comentario-, a la responsabilidad que corresponde a los gobiernos de los EE.UU. por su inacción con el tráfico y consumo de drogas dentro de su propio territorio.

 

Ni menos aún ninguno de ellos, se había manifestado sobre la pasividad con la que esos gobiernos consienten su incremento exponencial, "haciéndose de la vista gorda" a la proliferación y habitual empleo de drogas entre sus ciudadanos, a la vez que otorgando un marco de legalidad a "negocios conexos" con el tráfico de drogas en los EE.UU.       -armas, avionetas, mini-submarinos, lavado de activos, etc.-.

 

Hasta la fecha mencionada, la mayoría de mandatarios latinoamericanos cuyos países cultivan ancestralmente hoja de coca o cuyos territorios eran vía de paso obligado de cargamentos hacia el país de consumo final –EE.UU.-, sólo se limitaban a mostrar actitudes políticas de indebida culpabilidad.

 

O, en su defecto, mostraban una conformidad sumisa con la agresión propagandística estadounidense que orientaba –y aún orienta- las causas del narcotráfico, a "los países productores de hoja de coca" y a la "falta de control en los países de tránsito" (Sur y Centro América).

 

Fue recién en 1998 en la "Asamblea de Lucha Contra el Tráfico de Drogas" de la ONU, que el presidente de Ecuador Fabián Alarcón en su discurso de orden y en presencia del presidente de EE.UU. Bill Clinton, se refirió con criterio racional a "responsabilidades compartidas" entre  "países productores" y "países consumidores".

 

Con ello por vez primera, incorporó a los EE.UU. en el problema tal como correspondía; ya no en el rol usual de "país víctima" que se habían auto-asignado los gobiernos de ese país, sino en el real, de "país causa" del narcotráfico.

 

Pese a ser ésta una verdad, ella no fue bien recibida por el imperial gobierno de EE.UU. (Clinton).

 

Pero tuvieron que trascurrir 13 años más de la simulada "guerra de los EE.UU. contra las drogas" –que en Latinoamérica ya cumplió 26 años-, para que otro mandatario de los países agraviados, esta vez en forma clara y contundente, estableciera la fidedigna responsabilidad de los EE.UU. en el tráfico de drogas y en su pretendida "guerra".

 

El 26 de Agosto del 2011, a consecuencia del asesinato de 53 personas ocurrido dentro del marco violento de "la guerra contra las drogas" en México –con "apoyo" de la DEA-, el presidente de esa nación Felipe Calderón se vio precisado a dirigirse a la opinión pública nacional e internacional, para informar sobre el infausto caso.

 

En pensada alocución a la que nadie podría señalar de emotiva ni infundamentada –fue escrita previamente-, Calderón culpó enfáticamente a los EE.UU. –sus gobiernos- de la creación de la violencia del narcotráfico en México.

 

Serenamente, pero sin ocultar su molestia, el presidente mexicano refirió que "parte de la tragedia que vivimos los mexicanos, tiene que ver con el hecho que estamos al lado del mayor consumidor de drogas del mundo, y a la vez, del mayor vendedor de armas en el mundo".

 

Describiendo el financiamiento de los traficantes de drogas, Calderón señaló que los EE.UU., "pagan miles y miles de millones de dólares cada año a los criminales, por proveerlos de estupefacientes", agregando además que, "las mayores rentas de los criminales provienen de un factor: el trasiego y venta de drogas a los Estados Unidos".

 

Dirigiéndose Calderón al país consumidor –los EE.UU.-, expresó "es por eso, que es mi deber, hacer también un llamado, a la sociedad, al Congreso, y al Gobierno de los Estados Unidos".

 

Aludiendo lo contradictorio de la "guerra de los EE.UU. contra las drogas", el mandatario mexicano se dirigió al gobierno estadounidense, manifestando que "el poder económico y de fuego de las organizaciones criminales que operan en México y en América Latina, tiene que ver con esta interminable demanda de drogas de los Estados Unidos", reclamándole asimismo que, "ese consumo de drogas –el de los EE.UU.- debe reducirse drásticamente".

 

Calderón conminó al gobierno de ese país, a que "si están decididos y resignados a consumir drogas, busquen entonces alternativas de mercado que cancelen las estratosféricas ganancias de los criminales, ó establezcan puntos de acceso claros de narcóticos a su territorio, distintos a la frontera con México, pero esa situación ya no puede seguir igual".

 

Pero la parte más relevante de la alocución de Calderón -en nuestro parecer-, fue aquella en que dirigiéndose a las autoridades de los EE.UU. pidió a éstas, "que reflexionen acerca de la tragedia que estamos viviendo México y muchos países latinoamericanos, a consecuencia, en gran parte, del consumo insaciable de drogas en el que participan millones y millones de norteamericanos", señalando a los países afectados por "la guerra" y a los consumidores estadounidenses "beneficiados" con las drogas.

 

Son conocidos los esfuerzos de los gobiernos de los EE.UU. por ocultar las cifras de consumidores de drogas existentes en ese país, pero un informe de la OEA del 2010 estableció que son 100 millones de estadounidenses -casi un tercio de su población- los que están inmersos en la dependencia de drogas.

 

Ello como mínimo evidencia, indiferencia gubernamental, sino es conveniencia con otro de los "negocios" del neoliberalismo –hechos inhumanos ambos-.

 

Esto se correlaciona con lo manifestado en el 2007 por el ex presidente de EE.UU. Bill Clinton, quien en audiencia congresal dijo que "la población de los EE.UU. es el 5% de la población del orbe, pero se consume el 50% de las drogas ilegales del mundo".

 

En el 2008 la Organización Mundial de la Salud (ONU) estableció que sólo en ese año, 72 millones de niños mayores de 12 años de los EE.UU. habían usado drogas siquiera una vez.

 

En ese mismo año también se estimó, que el trasiego de drogas en los EE.UU. generó para el fisco y las bolsas de valores de ese país, cien mi millones de dólares en ingresos.

Estudios de la ONU sobre uso de drogas ilegales, revelaron en el 2010 que EE.UU. además de haberse convertido en el primer país consumidor del mundo, había pasado a ser su propio productor y auto-abastecedor, con plantaciones de marihuana -10,000 toneladas métricas anuales- sembradas en California, La Florida, Kentucky, Tennessee y West Virginia.

 

Además de las nuevas fuentes de abastecimiento de drogas mencionadas, éstas se han visto reforzadas por el volumen de drogas sintéticas que ahora se vienen produciendo en laboratorios que funcionan al interior de los EE.UU.

 

Estas estadísticas, ya hacían entrever hace tiempo que "la guerra de los EE.UU. contra las drogas" era solamente una pantomima planeada con otros fines –injerencia política en otros países y/ó favorecer "negocios conexos" de ese país-.

 

Las realidades recientemente descritas por el presidente Calderón sólo reiteran lo hace años apreciado por los gobiernos de Latinoamérica, de que se viene colaborando en una estéril guerra, sin término y que se efectúa en el campo de batalla equivocado.

 

Esto establece la necesidad impostergable de realizar un replanteamiento en las estrategias continentales de la lucha contra las drogas, pero sin que esta vez ellas provengan de los EE.UU.

 

Pero, ¿por qué razón se tendrían que efectuar estos cambios?

 

Sencillamente porque el problema ha sido precisado; éste, se ha ubicado al interior del territorio de los EE.UU., plasmado en la insaciable demanda de drogas y la falta de medidas de sus gobiernos –léase contribución- para combatir la demanda misma, el consumo y el tráfico de drogas en ese país.

 

Ha llegado el momento que las estrategias cambien de orientación y apunten a desterrar la demanda y el consumo –ya no la producción- constituidos en el verdadero eje del problema, como así lo fue siempre aunque no se quisiera reconocer.

 

En esta ocasión la voz rectora de estas nuevas estrategias debe corresponder a Latinoamérica, toda vez la dimensión del hospedaje proporcionado al narcotráfico en los EE.UU. y cuya infructuosa guerra en su contra, además de no atacar el "problema" esencial en ese país, viene perjudicando a los 32 países ubicados al sur.

 

En estas nuevas acciones quienes deben someterse ahora a una certificación y control anual de su vecindad, deben ser los gobiernos de los EE.UU.

 

Una de las estrategias podría ser condicionar los montos económicos de intercambio comercial de los EE.UU. con países de Latinoamérica, sujetando éstos a las políticas, a las acciones específicas, y a los resultados porcentuales que obtengan los EE.UU., en disminuir la  demanda, el consumo y el tráfico de drogas al interior de su territorio.

 

Las nuevas estrategias que podrían ser formuladas por UNASUR -en nuestro parecer-, tendrían ocasión de ser aprobadas en la sesión inaugural de la "Comunidad de Estados de Latino América y el Caribe" (CELAC) de Diciembre próximo.

 

En ellas se debe considerar además, que las bases "antidrogas" estacionadas por los EE.UU. en Latinoamérica –y su Zar-, se trasladen a su verdadero campo de batalla, al norte del Río Grande.

 

Allí, en donde está el teatro de guerra.

 

 

 

      

Depresión natural de Fujimori no es para indultarlo

Depresión natural de Fujimori no es para indultarlo
por Guillermo Olivera Díaz; godgod_1@ hotmail.com
http://www.voltairenet.org/Depresion-natural-de-Fujimori-no?var_mode=calcul

6-9-2011

1. Agradezco de veras la primicia deferente que me hizo llegar, por correo electrónico, el habilidoso colega César Nakazaki el sábado 03-09-2011, 7.16 pm, acerca de la salud "seriamente comprometida" de Alberto Fujimori, según su congresista-médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, cuyo texto reprodujeron solícitamente, al día siguiente, una infinidad de medios de prensa, entre ellos, El Comercio, Correo, Expreso y Ojo; éste, en primera página decía "Fuji grave". ¿Quién redactó el email que me remitió Nakazaki y que la prensa servil reprodujo?

Tiene sobrada razón el incorruptible famoso periodista Herbert Mujica para afirmar: "¡Qué tal poder el de Nakazaki!". Añado: ¡para que la prensa uncida siga sus instrucciones por precio invisible!

2. El citado congresista Aguinaga, quien también le consiguió a Fujimori una bella enfermera que luego devino en candidata al Congreso, pese a los celos de Keiko y Cecilia Chacón, funge de médico todista o multifacético. Diagnostica a su paciente de la DIROES un cuadro clínico que no es para llorar, menos para indultar. Hay otros reclusos que tienen sida, tuberculosis avanzada y otros males y que no son indultados.

Estos son los achaques diagnosticados a Fujimori por el galeno lambayecano-cajamarquino:

a) "depresión severa;
b) gastritis erosiva severa;
c) heridas en toda la mucosa gástrica;
d) lesiones cancerosas en la lengua;
e) hipertensión;
f) cálculos renales;
g) quistes en el páncreas; y
h) disconfort alimentario".

¡Una inmensa retahíla de achaques en verdad!. Llevando su intuición médica a un extremo causalista asevera que la "situación de encierro" motiva que la salud de Fujimori esté "seriamente comprometida" ; y haciendo de penólogo o penitenciarista, ajeno a su profesión, colige que aquéllas son "condiciones para indulto humanitario".

¿Sufre Fujimori una depresión natural por el merecido encierro, o porque su hija Keiko no llegó a Presidenta, o porque carece del poder que antes tenía en Palacio de Gobierno, o porque su fortuna no la tiene ante sus ojos, o porque su bella enfermera lo ha abandonado por viejo sin poder, o porque su segunda esposa le hizo una mala pasada con el dinero mal habido o porque su hijo Kenyi es anodino en el Congreso ? Si es causalista el congresista-médico debe responder estas interrogantes.

3. Congresista-médico Aguinaga: Me imagino que no sabía usted que el Art. 22° de la Resolución Ministerial N° 193-2007-JUS de 06-06-2007 (tiempos de Alan García), que aprueba el Reglamento Interno de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por razones humanitarias, publicada en El Peruano el 14-06-2007, ha previsto el indulto o el derecho de gracia por razones humanitarias en 2 diferentes casos:

-a los que padecen "enfermedades terminales", como el cáncer; y
-a aquellos con enfermedades "no terminales irreversibles o degenerativas".

Cuando se trata de patologías "no terminales", como es el caso de Fujimori, es exigencia normativa adicional de este mismo Reglamento que la "naturaleza de las condiciones carcelarias pueda colocar en grave riesgo la vida, salud e integridad" del interno. El propio Fujimori dijo públicamente que "no tenía cáncer terminal".

Alan hizo dar este temprano Reglamento que pudo favorecer a Fujimori, pero él mismo lo colocó en una cárcel dorada cuyas "condiciones carcelarias" no son tales ni por el nombre DIROES, ni colocan "en grave riesgo" a la vida del dorado preso. Diferente es la situación de los de Lurigancho, San Jorge, Piedras Gordas, etc.

Alberto Kenya está en DIROES como en su casa o quizá mejor, ya que el Estado peruano asume el tratamiento médico altamente especializado, con médico y enfermera propios, con selectos alimentos de dietista y con frecuentes paseos a neoplásicas en múltiple transporte custodiado que pagamos todos los contribuyentes. ¡Hasta goza de suculentas parrilladas rodeado de congresistas, pero sin la enfermera!

¿Podría estar mejor en su casa japonesa, donde su segunda esposa lo ha repudiado públicamente y la primera muy distante vive su propio infortunio?. Lo dudo con razones.

4. En conclusión, lo diagnosticado por el médico ad hoc, que Nakazaki difunde y consigue que la prensa adocenada lo publique con destaque, no es una "enfermedad no terminal irreversible o degenerativa" que motive un indulto por razones humanitarias.

Parece que la calidad de médico de Aguinaga, ayuno de ideas en legislación penitenciaria, le hizo cometer este tamaño desliz. El colega Nakazaki debió ser el parapeto necesario, pero no lo fue. Difundió el resbalón.

El Instituto Nacional Penitenciario de Luis Pérez Guadalupe, el Ministro de Justicia Francisco Eguiguren y el Presidente de la República Ollanta Humala tendrán que optar entre los achaques aquellos y la bien intencionada norma penitenciaria. ¡No al indulto por achaques o pretextos!

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Depresión natural de Fujimori no es para indultarlo

Depresión natural de Fujimori no es para indultarlo

por Guillermo Olivera Díaz; godgod_1@ hotmail.com

http://www.voltairenet.org/Depresion-natural-de-Fujimori-no?var_mode=calcul

 

6-9-2011

 

1.      Agradezco de veras la primicia deferente que me hizo llegar, por correo electrónico, el habilidoso colega César Nakazaki  el sábado 03-09-2011, 7.16 pm, acerca de la salud "seriamente comprometida" de Alberto Fujimori, según su congresista-médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, cuyo texto reprodujeron solícitamente, al día siguiente, una infinidad de medios de prensa, entre ellos, El Comercio, Correo, Expreso y Ojo;  éste, en primera página decía "Fuji  grave". ¿Quién redactó el email que me remitió Nakazaki y que la prensa servil reprodujo?

 

Tiene sobrada razón el incorruptible famoso periodista Herbert Mujica para afirmar: "¡Qué tal poder el de Nakazaki!". Añado: ¡para que la prensa uncida siga sus instrucciones por precio invisible!

 

2.      El citado congresista Aguinaga, quien también le consiguió a Fujimori una bella enfermera que luego devino en candidata al Congreso, pese a los celos de Keiko y Cecilia Chacón, funge de médico todista o multifacético. Diagnostica a su paciente de la DIROES un cuadro clínico que no es para llorar, menos para indultar. Hay otros reclusos que tienen sida, tuberculosis avanzada y otros males y que no son indultados.

 

Estos son los achaques diagnosticados a Fujimori por el galeno lambayecano-cajamarquino:

 

a)      "depresión severa;

b)      gastritis erosiva severa;

c)      heridas en toda la mucosa gástrica;

d)      lesiones cancerosas en la lengua;

e)      hipertensión;

f)        cálculos renales;

g)      quistes en el páncreas; y

h)      disconfort alimentario".

 

¡Una inmensa retahíla de achaques en verdad!. Llevando su intuición médica a un extremo causalista asevera que la "situación de encierro" motiva que la salud de Fujimori esté "seriamente comprometida" ;  y haciendo de penólogo o penitenciarista, ajeno a su profesión, colige que aquéllas son "condiciones para indulto humanitario".

 

¿Sufre Fujimori una depresión natural por el merecido encierro, o porque su hija Keiko no llegó a Presidenta, o porque carece del poder que antes tenía en Palacio de Gobierno, o  porque su fortuna no la tiene ante sus ojos,  o porque su bella enfermera lo ha abandonado por viejo sin poder, o porque su segunda esposa le hizo una mala pasada con el dinero mal habido  o  porque su hijo Kenyi es anodino en el Congreso ? Si es causalista el congresista-médico debe responder estas interrogantes.

 

3.      Congresista-médico Aguinaga: Me imagino que no sabía usted que el Art. 22° de la Resolución Ministerial N° 193-2007-JUS de 06-06-2007 (tiempos de Alan García), que aprueba el Reglamento Interno de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por razones humanitarias, publicada en El Peruano el 14-06-2007, ha previsto el indulto o el derecho de gracia por razones humanitarias en 2 diferentes casos:

 

-a los que padecen "enfermedades terminales", como el cáncer; y

-a aquellos con enfermedades "no terminales  irreversibles o degenerativas".

 

 Cuando se trata de patologías "no terminales", como es el caso de Fujimori, es exigencia normativa adicional de este mismo Reglamento  que la "naturaleza de las condiciones carcelarias pueda colocar en grave riesgo la vida, salud e integridad" del interno. El propio Fujimori dijo públicamente que "no tenía cáncer terminal".

 

Alan hizo dar este temprano Reglamento que pudo favorecer a Fujimori, pero él mismo lo colocó en una cárcel dorada cuyas "condiciones carcelarias" no son tales ni por el nombre DIROES, ni colocan "en grave riesgo" a la vida del dorado preso. Diferente es la situación de los de Lurigancho, San Jorge, Piedras Gordas, etc.

 

Alberto Kenya está en DIROES como en su casa o quizá mejor, ya que el Estado peruano asume el tratamiento médico altamente especializado, con médico y enfermera propios, con selectos alimentos de dietista y con frecuentes paseos a neoplásicas en múltiple transporte custodiado  que pagamos todos los contribuyentes. ¡Hasta goza de suculentas parrilladas rodeado de congresistas, pero sin la enfermera!

 

¿Podría estar mejor en su casa japonesa, donde su segunda esposa lo ha repudiado públicamente y la primera muy distante vive su propio infortunio?. Lo dudo con razones.

 

4.      En conclusión, lo diagnosticado por el médico ad hoc, que Nakazaki difunde y consigue que la prensa adocenada lo publique con destaque, no es una "enfermedad  no  terminal  irreversible o degenerativa" que motive un indulto por razones humanitarias.

 

Parece que la calidad de médico de Aguinaga, ayuno de ideas en legislación penitenciaria, le hizo cometer este tamaño desliz. El colega Nakazaki debió ser el parapeto necesario, pero no lo fue. Difundió el resbalón.

 

El Instituto Nacional Penitenciario de Luis Pérez Guadalupe, el Ministro de Justicia Francisco Eguiguren y el Presidente de la República Ollanta Humala tendrán que optar entre los achaques aquellos y la bien intencionada norma penitenciaria. ¡No al indulto por achaques o pretextos!