Ministro Calle con sujeción delictiva a Montesinos y Fujimori
por Guillermo Olivera Díaz; godgod_1@hotmail.com
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17-5-2012
Presumo que usted no sabía que el flamante ministro del interior Wilver Alfredo Calle Girón, antes recusado por el presidente Humala, cuando era General de Brigada en actividad del Ejército Peruano, con mando de tropa armada, firmó una horripilante Acta de Sujeción, entre otros generales, al hoy encarcelado Capitán EP (r) Vladimiro Montesinos, en presencia de éste, y al también encarcelado Alberto Fujimori.
Esto fue el 13 de marzo de 1999, cuando generales, coroneles, comandantes y demás layas, todos uniformados, hacían cola para firmar un Acta de Sujeción delictiva a Montesinos y a Fujimori, debidamente convocados por el primero. Nadie rechistó al estampar su firma; muchos lo hacían sonrientes, ágilmente y con notoria fruición.
¿A qué se obligaba por escrito este sumiso general Calle Girón ante la presencia de Montesinos, pese a ser subalterno suyo y en retiro, aunque factótum del corrupto fujimorismo? Usted no lo creerá: asumía el rol futuro de delinquir. Hoy ministro, ¿habrá olvidado este compromiso?
En una palabra, se comprometía a encubrir dolosamente los graves delitos del fujimorato; a no denunciar a los que habían delinquido; a torpedear la investigación si acaso ella se producía; a sostener que el golpe de Estado del 5-4-1992 fue un acto lícito consciente y unánime e institucional; a no delatar jamás al militar delincuente. Y que todo ello era un "compromiso de honor", cuyo incumplimiento acarrea responsabilidad en el futuro –si retomaran el poder-. ¡Escarapelante, verdad!
Por ende, este obediente ministro honraría en el cargo actual su compromiso de "honor" asumido ante Montesinos. No brindará, por ejemplo, ninguna información de todos aquellos militares, policías y miembros de la llamada comunidad de inteligencia que hayan intervenido en las fechorías que se produjeron entre 1992 y el año 2000, aunque lo pidan fiscales y jueces.
La estampada firma de este ministro lo obliga a delinquir, consumando el grave delito de encubrimiento personal de ilícitos ajenos y escondiendo la prueba de los mismos.
Aquel 13-3-1999 se firmó esta famosa Acta de Sujeción que contiene los acuerdos –por eso los firmantes estaban conscientes de lo que hacían- adoptados en tal reunión oficial. Ellos son:
"1. La participación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los estamentos del Sistema de Inteligencia Nacional en la decisión adoptada por el gobierno del señor Presidente de la República, el 5 de abril de 1992, fue un acto consciente y serenamente meditado, por lo que el respaldo y apoyo brindado a tal decisión fue la expresión de la voluntad institucional unánime.
3. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos del Servicio de Inteligencia Nacional conjunta e institucionalmente defenderán y protegerán a sus miembros en el caso de que se pretendiera responsabilizarlos individualmente por el apoyo institucional otorgado a la decisión del 5 de abril de 1992, lo cual se consideraría como una ofensa contra las instituciones tutelares, que obligará a los respectivos comandos en el futuro a defender irrestrictamente al miembro comprometido de manera institucional.
4. Rechazo institucional a la actitud de algunos oficiales en situación de retiro que están emitiendo juicios y opiniones interesadas y que demuestran una conducta infraterna con sus camaradas y deslealtad con sus instituciones.
7. Precisar que la Nación ha dictado leyes de amnistía general que están en plena vigencia, en las cuales queda establecido muy claramente que no le corresponde responsabilidad alguna, institucional o individual, al personal militar, policial y de la comunidad de inteligencia que participaron en la lucha contraterrorista.
8. Asumir el compromiso institucional, sin límite en el tiempo, de defender, proteger y solidarizarse con los integrantes de las organizaciones, a las cuales se pretende responsabilizar, encausar o ejercer algún tipo de represalia contra ellos por su participación en la lucha contra el terrorismo.
Este acuerdo -el número 8-, al igual que el consignado en el punto 3, constituyen un compromiso de honor y como tal es una obligación con carácter imperativo de cuyo fiel y cabal cumplimiento ningún mando podrá sustraerse bajo las responsabilidades a que se refiere la parte in fine del tercer acuerdo de la presente acta".
Finalmente, este ministro Calle, ahora ollantista redimido, sostendrá en foros y plazas que a los miembros del Grupo Colina "no les corresponde responsabilidad alguna". Y que los jueces que los condenaron, incluido a Fujimori, le estaban haciendo el juego al terrorismo.
¡Este es el ministro que tenemos, qué les parece su estructura moral! ¡A mí, me estremece de pies a cabeza, como un remezón terráqueo de grado 9, como el que azotó a Chile!
Pamela Cona Huichalao, educadora mapuche, denuncia graves actos de racismo y discriminación de parte de la dirección de la escuela Paulo Freire, la Corporación Municipal, concejales y el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, militante de Renovación Nacional. El hostigamiento y persecución que afecta a la educadora tradicional tiene como objetivo, según sus palabras, amedrentarla para que abandone la promoción y defensa del mapudungun y la cultura mapuche, e intenta desvincularla del programa de Educación Intercultural Bilingüe.
La educación intercultural bilingüe es una demanda de los pueblos originarios desde hace décadas, por no decir desde siempre. A partir de 1993 el Estado la asumió en los programas educacionales y hoy se sustenta en la LGE y el DS 280. "Muchas experiencias de educación intercultural bilingüe se han concretado solo gracias a la persistencia e iniciativas de nuestras organizaciones y educadores tradicionales", dice Pamela Cona. Pero, al no estar reconocidos institucionalmente los educadores tradicionales siguen siendo víctimas de discriminación, además de que muchas veces ni siquiera se les asigna presupuesto. "Queremos revitalizar el mapudungun, los saberes tradicionales, nuestra cultura, para ampliar su uso, preservación y proyección porque son herramientas fundamentales de nuestro pueblo. Requiere ser implementado en múltiples ámbitos de la sociedad para superar el racismo y la discriminación. Al Estado, a partir de las obligaciones derivadas de instrumentos internacionales, le corresponde adoptar políticas de libre determinación hacia nuestros pueblos. Tienen la obligación de promover la educación intercultural", agrega. "Pero cuando exiges estos derechos en un nivel más formal, que se lleven a cabo iniciativas concretas, 'provocas' resquemores en las autoridades. Se acostumbraron a tallercitos y no hay un compromiso real. Ya no se puede continuar precariamente y solo en algunas escuelas. Debe haber un apoyo mayor de los organismos pertinentes… Por exigirlo, me quieren expulsar. Pienso que hay estrategias políticas tras las amenazas y maniobras solapadas para expulsarme. Hay abuso de poder. Los mapuches nos sentimos vulnerados, nos maltratan para coartar nuestro derecho a seguir potenciándonos. Una de nuestras reivindicaciones es que se entregue educación pertinente y contextualizada en la realidad de nuestro pueblo", afirma Pamela Cona.