Cáceres pide unidad nacional

Historia, madre y maestra

Documento No. 12*

Cáceres pide unidad nacional

Señor Coronel
Isaac Recavarren
Lima
Querido compañero y amigo:

Al fin me tienes por estos lugares de muy distinta manera de la que yo
creía. Tú sabes que mi pensamiento era ir al sur para trabajar como
pudiese; pero a mi paso por Jauja me exigió Piérola que aceptase el
mando del centro. Vacilé mucho, pero acepté, siquiera porque el
enemigo estaba al frente.

Hoy es necesario, pues, que tú y todos los que como tú han sabido
derramar gloriosamente su sangre por la patria, piensen en la manera
de que tanto sacrificio no sea estéril.

La renuncia espontánea y patriótica de Piérola anunciada por un
supremo decreto; y la próxima, inevitable, patriótica de García
Calderón, que me anuncia de una manera formal, destruyendo todos los
compromisos y alejando todas las antipatías, nos ponen hoy en el caso
de pensar seriamente en la unión.

No hay un solo hombre en el Perú que pueda tener la pretensión de
reunir en su favor todas las opiniones en medio de las luchas
políticas y de las agitaciones de partido. Sin embargo sería necesario
un gobierno que fuera no sólo reconocido y aceptado, sino aun querido
por todos. Se asegura aquí que el Congreso de Lima trata de elegir a
Canevaro: muy acertada elección sin duda para otra época. Si sólo se
tratara del mérito personal y de los servicios prestados, nadie mejor
que tú, que vienes sirviendo a tu país con desinterés y batiéndote con
heroísmo desde el principio de la guerra, distinguiéndote en todas
partes por tu conducta.

Hoy sin embargo no basta eso; es necesario reunir bastante prestigio y
relaciones en todos los círculos para atraérselos. Unidos todos los
peruanos y con un gobierno fuerte y único podríamos hacer la paz o la
guerra según lo quisiera el país y lo permitieran las circunstancias.
De otro modo, y mientras permanezcamos divididos, sólo nos resta que
escoger o la indefinida ocupación del enemigo o la guerra perpetua.
Con tu buen criterio y con tus sentimientos patrióticos no se te puede
ocultar el abismo a que nos ha lanzado el exclusivismo intransigente.

Esta obra, sin embargo, no puede realizarla un solo hombre: sería
necesario organizar una Junta de Gobierno, que representase todos los
elementos y armonizase todas las opiniones. Con las voluntarias
renuncias de Piérola y García Calderón, ni tú ni yo faltaríamos a
nuestros compromisos; y podríamos poner al servicio de la patria todas
nuestras influencias y nuestro prestigio. La mayor satisfacción que
puede caber hoy a un patriota es contribuir a la consecución del fin
único que todos nos proponemos.

Tú conoces mi manera de pensar y te manifesté francamente antes de mi
salida de esa. No me anima ninguna ambición personal, que en todo caso
tendría su ocasión más tarde; sólo me mueve el interés de la patria
por la cual nos hemos sacrificado juntos.

Trabaja en el gobierno y el Congreso de Lima, que yo trabajaré por acá
y quizá la patria tenga algo más importante que agradecernos, que
nuestros servicios en los campos de batalla.

Mis respetos a tu familia y tu dispón siempre de tu fiel compañero y amigo,

Andrés A. Cáceres

Huancayo, mayo 17, 1881

*Campaña de La Breña, Colección de Documentos Inéditos: 1881-1884,
Luis Guzmán Palomino, Concytec-CEHMP, Lima 1990

¡Julio in memoriam!

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
19-12-2007

¡Julio in memoriam!

Muy difícil, casi imposible, describir el dolor que produce la
ausencia subitánea de un ser querido. En efecto, partió, antes que
nosotros, sus múltiples amigos, Julio Rodríguez, ese cultor de la
charla amena y enterada, fino de galanura sensata, e intelectual que
siempre me hizo pensar que cien como él y Perú sería otro.

Ayer por la mañana al ver la mención de su nombre en un par de diarios
fui asaltado por la sospecha que podía ser un homónimo. Sin embargo,
un sexto o séptimo sentido advertía que la infausta circunstancia
había acaecido fulminando al buen amigo que apenas si llegaba a la
cincuentena.

En Julio podíase describir con exactitud el dicho gringo: the man is
the style. Con terno y corbata, siempre de manera correcta, era común
verle al lado de congresistas a los que acompañó brindándoles el
consejo de su sabiduría potente y a quienes otorgaba la posibilidad de
brillar, aunque, las más de las veces, las luces eran de él y los
discernimientos ¡qué duda cabe! también. No obstante, Rodríguez solía
estar en segundo plano. Entre risas –y con mucha picardía sana-
repetía: ¡no quiero perder mi trabajo! Su pluma y versación están en
muchos proyectos de ley, en los seguimientos de investigación que
emprendió y en su insaciable virtud lectora que le premunían de
conocimientos tan dispares como los pormenores del inicio de la
primera guerra mundial como los recovecos poco contados de la
revolución de Trujillo en 1932.

Conocíale desde que éramos estudiantes universitarios. Fue el mismo,
con algo más de peso en su robusta figura, durante los lustros que
duró nuestra luenga amistad. Intercambiábamos libros y, hay que
confesarlo, a veces también me robaba los mismos en retribución a mis
trapacerías. Pero era un deleite "tomarnos" examen de las lecturas y
entonces venía el acápite fraterno de devolución.

Le vi hace pocos meses y con su afecto característico cruzó la calle y
diome un saludo de esos que hacen pensar que el cariño está
impertérrito con y en nosotros. Le obsequié mi manual ¡Estafa al Perú!
y él se comprometió a leerlo con fruición y hacer una crítica. Le pedí
que diera cuenta de las páginas y que la crítica se la guardara para
cuando la pidiera. ¡Temible y de fuste era Julio!

Para confirmar su temprana partida, estuve llamando a quienes como yo,
fueron parte de la legión de sus buenos e inseparables amigos. Y
Germán Lench asintió en medio de una pena insondable. Y hablé después
con Plinio Esquinarila y recordó sus torneos con Julio para ver dónde
almorzaban y quién pagaba la cuenta. Demás está decir que, exquisito
gourmet, Rodríguez, era conocido en el Maury donde era habitúe siempre
bien recibido. La certidumbre que la Parca, esa dama inevitable,
habíanos arrebatado a Julio, tornó triste suceso.

A veces no se entiende la vida que culmina en la muerte insensata y
que no avisa. Para los que sobrevivimos es un honor doliente, eso sí,
tener que despedir a Julio Rodríguez, en el intermedio de su vida que
prometía ser, con la maduración del tiempo y el reloj del éxito, un
aporte formidable al Perú de sus amores, desvelos, querencias y
travesuras. Nuestra aflicción, Julio: ¡es más grande que la tuya!

Julio se fue y la llama de su recuerdo aviva la luz y cariño de todos
los que supimos apreciar su inmensa valía, no siempre reconocida por
vulgares que nunca entendieron que era un alma superior de fina
corteza y mejor talante.

Julio: ¡Descansa en paz!

1879-1883: mezquindades en plena guerra

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
18-12-2007

1879-1883: mezquindades en plena guerra

En su libro Política y Estrategia en la guerra con Chile (Lima 1979),
Edgardo Mercado Jarrín, cuando se refiere a la falta de refuerzos de
artillería, caballería y transportes, escribe:

"Las ventajas obtenidas por Chile al conquistar el dominio marítimo y
al haber proyectado su poderío sobre los territorios de Atacama y
Tarapacá –campaña en la cual los aliados combatieron prácticamente sin
artillería ni caballería que permitiera efectuar reconocimientos,
explotar el éxito y destruir a las fuerzas chilenas en fuga-, exigían
que en la reorganización se procediera a aumentar fundamentalmente la
potencia de fuegos y la movilidad del Ejército. De acuerdo a los
recursos disponibles, los efectivos de infantería quedaban
subordinados a la cantidad de fusiles, pese a que la población militar
no presentaba limitaciones; los de la caballería se atenían a la
existencia de ganado equino y a las importaciones de Argentina; el
material de Artillería estaba limitado por los recursos financieros
del país, las adquisiciones del exterior y las posibilidades de
fabricación en Lima; y los medios de transporte, al ganado mular,
disponibilidad de carretas y a los recursos locales.

1) Potencia de fuegos.- Como ya se anotó, Chile realizaba una guerra
de invasión para la cual se había preparado con la debida
anticipación. A esto se agregaba la obtención del dominio marítimo y
la conquista de Antofagasta y Tarapacá, lo que le proporcionaba
ventajas para la iniciativa de las operaciones, la elección del lugar
del desembarco, el momento y las circunstancias favorable para la
iniciación de la ofensiva; y todo esto, sin considerar las de orden
económico. La campaña de Tarapacá y sus cuantiosas pérdidas en
hombres, equipo y armamento en la retirada, habían puesto en evidencia
la vulnerabilidad de las fuerzas aliadas. Ante la inferioridad
manifiesta de la potencia de combate de las fuerzas aliadas, en
relación a las tropas chilenas, uno de los medios más expeditivos que
tenía a su alcance el Dictador para remediar la situación, era el
refuerzo de la artillería.

La artillería acrecienta el poder destructor del fuego y brinda
profundidad al combate. No hay artillería en reserva en el campo
táctico ni en el estratégico operativo. Su carencia debilitó la
capacidad combativa del Ejército peruano, y la falta de movilidad
–dada la naturaleza desértica del terreno donde se realizaban las
operaciones- dificultaba los desplazamientos. Un exceso de artillería
sin movilidad, en ese entonces, imponía a las operaciones un carácter
más pasivo y un ritmo mesurado y metódico. Por el contrario, la
insuficiencia de artillería facilitaba la capacidad de maniobra.

El Ejército peruano, perdida la iniciativa de las operaciones, estaba
condenado a asumir una actitud defensiva en el campo estratégico, pero
podía y debió emplear la ofensiva en el campo táctico. La maniobra
defensiva impuesta por la situación, requería remediar su inherente
debilidad organizativa, reforzando los medios de artillería. No se
hizo nada por ello. Por otra parte, el campo de batalla elegido se
encontraba en un Teatro de Operaciones restringido como lo eran Tacna
y Arica. La artillería era la mejor respuesta para fortalecer la
potencia combativa del Primer Ejército que actuaba en un espacio
relativamente reducido.

¿Pudo el Dictador reforzar con artillería al Ejército del Sur como lo
exigían las circunstancias? Creemos que sí, pues existían en Lima
algunos cañones disponibles. En la campaña de Lima –descontando los
dos cañones Clay de 32", viejos cañones de marina difíciles de
transportar, y dos Selay construidos en Bellavista-, participaron en
las abras de Santa Teresa y en Zig-Zag: 19 White, 16 Grieve, 4
Walgely, 2 Vavasseur, 1 Armstrong; en total 44 cañones. En la campaña
de Tacna la artillería del Ejército del Sur estaba constituida por 2
cañones de 12" y 8 cañones de 4".

En referencia a la artillería chilena, Vicuña Mackenna afirma: "El
total de la artillería que iba a batir el campo peruano constaba de 37
cañones; de éstos, 20 Krupp de campaña, 17 de montaña, incluyendo 6 de
bronce y cuatro ametralladoras; total 41 piezas contra 31 del
enemigo". Los cañones Krupp eran modelo 1879, se trata de uno de los
rarísimos casos en los anales de la historia militar, en el que un
ejército de un país no fabricante de su propio material de guerra,
interviene en una batalla con modelos fabricados el mismo año del
conflicto.

Montero no recibió ningún refuerzo de artillería, material que se
reservaba para defender Lima, restando así la potencia de fuego
necesaria al Teatro de Operaciones principal, en donde precisamente se
iba a realizar, como se realizó, la batalla decisiva de la guerra. En
la campaña de Tacna se daría lugar al gran enfrentamiento de los
ejércitos profesionales de los países en guerra y sería el punto
estratégico de conjunción de las fuerzas de la alianza.

2) Caballería.- La caballería acrecienta la movilidad de un ejército.
La caballería que disponía el Ejército del Sur, era sumamente reducida
y por consiguiente las acciones militares carecían de rapidez. Como en
ese momento, todo se realizaba con tropas a pie, las disposiciones
requerían de más tiempo. Las zonas desérticas del TO, situadas entre
valle y valle, por lo general a dos jornadas de infantería, están
constituidas por pampas arenosas, sembradas de piedras partidas y
cantos rodados, cruzada por numerosas torrenteras que hacen difícil el
tránsito. Una caballería numerosa facilitaba los movimientos amplios y
el lanzamiento de destacamentos lejanos para obtener seguridad e
información sobre los probables lugares de desembarco chilenos. La
carencia de caballería imponía desplazamientos lentos dentro de un
dispositivo muy agrupado y obligaba –sin alternativa- a la adopción de
la maniobra defensiva. La caballería se adelanta para ganar espacio y
con ello proporciona seguridad para el grueso, informa con prontitud
sobre cualquier suceso, mantiene y rompe el contacto y avanza de línea
de horizonte para preceder a las otras armas que requieren desplazarse
con seguridad.

La guerra se desenvolvía en espacios desérticos dilatados y el
ejército invasor tenía libertad de acción para elegir los lugares de
desembarco. Ello requería la constitución de destacamentos móviles y
de acción lejana, capaces de aplicar potentes golpes a las fuerzas
chilenas en las áreas de desembarco, a la vez que garantizar al
Ejército del Sur contra el peligro de acciones sorpresivas, mediante
la información oportuna acerca del enemigo. Era necesario tomar el
contacto con las fuerzas chilenas lo más lejos posible, desde sus
puntos de desembarco, con el objeto de tener una alerta temprana y un
conocimiento lo más exacto posible sobre la fuerza enemiga que se
aproximaba y esto se hubiera conseguido con fuerzas de caballería
adecuadas.

El Ejército del Sur, carente de movilidad, con una caballería reducida
y mal montada, estaba anclada al terreno y no podía hacer otra cosa
que aprovechar las líneas favorables del terreno para oponerse al
adversario mediante operaciones defensivas, con la finalidad de
disminuir la capacidad combativa de las fuerzas chilenas. Luego
debería lanzarse a la ofensiva aprovechando la primera oportunidad, ya
que las operaciones defensivas sólo tienen carácter transitorio.

El Ejército del Sur en la campaña de Tacna, en lo que se refiere a
fuerzas de caballería, contó con tres escuadrones, además de un
escuadrón de gendarmes de efectivo reducido. En total 400 hombres mal
montados. En la acción del Manzano, en los prolegómenos de la Campaña
de Lima, se empleó el Cazadores del Rímac, que bien pudo haber
concurrido a la Campaña de Tacna. Chile, en cambio, en esta campaña
participó con mil soldados de caballería.

3) Servicio de transporte.- La causa principal para que el Ejército
optara por la maniobra defensiva en el transcurso de la guerra, fue
sin lugar a dudas, la falta de medios de transporte que permitieran el
apoyo de víveres, forrajes y municiones. El general Dellepiani afirma
que "según documentos oficiales, las tropas de Montero en la Campaña
de Tacna sólo dispusieron de 10 mulas para el servicio de su piezas de
artillería". En la Guerra del Pacífico, debido a la naturaleza
desértica del TO, el abastecimiento de agua y municiones resultaban
decisivos. Veamos lo que escribe Bulnes sobre este aspecto, en la
campaña de Tacna:

"El problema de movilizar la artillería y los bagajes pensaba
resolverse con mulas y se contaba con 500 de ellas, pero no había agua
ni forrajes en ese desierto. Sotomayor calculó que necesitaba otras
700 mulas y hubo que traerlas del sur en los buques de la Cía. del
Pacífico. También se trajeron 700 caballos y, asimismo bueyes, para
acompañar en pie a la expedición".

Chile disponía, pues, de los elementos necesarios para dar movilidad y
capacidad ofensiva a su ejército. En cambio, el Ejército peruano no
estaba en aptitud similar por falta de medios de transporte, ni
siquiera para realizar el modesto avance de dos jornadas a distancia
lejana del adversario, que es la que separa Tacna del valle de Sama.
La pregunta que surge es: si durante los cuatro meses que mediaron
entre la batalla de Tarapacá y la del Campo de la Alianza, ¿pudo el
país reunir en ese lapso hacer el gran esfuerzo de reunir de 800 a
1000 acémilas y ponerlas a disposición del Ejército del Sur? El
historiador Bulnes, al narrar la expedición de Lynch a la sierra para
destruir a Cáceres, expresa: "Casapalca era el punto indicado de
reunión para el paso de la Cordillera... Se juntaron 1250 bestias: 200
tomadas en la Campaña de Lima, 350 burros, 100 mulas y 600 caballos de
la artillería." Los comentarios huelgan.

El apoyo en medios de transporte al Ejército del Sur desde Lima, le
hubiera permitido ocupar una posición defensiva evidentemente
superior. Recordemos que en la retirada de Tarapacá, el Ejército
peruano cubrió más de 300 kms. de desierto y cordilleras en veinte
días, sin víveres, sin agua y descalzo, conservando la disciplina,
probando elevadas fuerzas morales tanto o más que las que se requieren
en el propio campo de batalla.

c) Viabilidad del envío de refuerzos

La marina peruana llevó a cabo una de sus atrevidas empresas. La
corbeta Unión al mando del comandante Villavicencio, despachada del
Callao el 12 de marzo con un cargamento para el Ejército del Sur, se
presentó en Arica el 17 burlando la vigilancia del Huáscar –ya en uso
por la marina chilena, y habilitado con cañones de retrocarga- y el
Matías Cousiño que a la sazón bloqueaban el puerto. Luego de descargar
en Arica los abastecimientos que traía, burlando nuevamente la
vigilancia chilena a la luz del día, regresó al Callao. A pesar de la
brillante hazaña, el abastecimiento resultó irrisorio. Al respecto,
Mariano Felipe Paz Soldán en su Narración Histórica de la Guerra de
Chile contra el Perú y Bolivia, expresa:

"En el Perú....; para la generalidad se presentaban dos hechos, cual
más satisfactorios y halagadores; la brillante hazaña marinera de la
corbeta, y la provisión de artículos indispensables al Ejército del
Sur, en momentos más premiosos, porque aunque la aspiración de la
gente más sensata, era porque de preferencia se reforzara aquel
ejército con algunos batallones de los de Lima, y estos no marchaban,
se había encontrado medio de calmarla con la anunciada salida de la
división Leyva de Arequipa al Cuartel de Tacna, la cual debió
satisfacer esta ansiedad; por consiguiente, los transportes de
entusiasmo y contento embargaron todos los corazones. Pero, cuán poco
debía durar esta agradable ilusión. No tardó mucho en saberse que el
tan cacareado cargamento que había lanzado a la Unión a una suerte tan
peligrosa, se reducía a unas cuantas gruesas de zapatos, algunos
fardos de género para vestido, una pequeña cantidad de municiones de
rifle, un cajón de medicamentos, una lanchita torpedo y dos
ametralladoras, mientras que lo más necesario y urgente como rifles,
millares de tiros y vestidos hechos, se reservaba para el ejército que
el Dictador organizaba en Lima, con el objeto de asegurar su
autoridad; de suerte que el viaje de la Unión no tuvo más objeto que
engañar a la nación haciéndole creer que había llevado grandes
auxilios al disminuido y vencido Ejército de Tacna".

Sobre este particular, el historiador chileno Barros Arana en su
Historia de la Guerra del Pacífico, dice:

"Los oficiales peruanos de Tacna y Arica que veían a sus soldados casi
desnudos, y que conocían todas las necesidades del ejército, se
persuadieron de que las mezquinas rivalidades de los hombres públicos
del Perú, no se habían acallado en medio de los conflictos de la
guerra exterior. A juicio de ellos, el dictador Piérola estaba
resuelto a sacrificarlos para evitar un triunfo que debía enaltecer a
Montero, y que podía ser como una amenaza para el gobierno de la
dictadura. Así, pues, el viaje de la Unión, sin importar un auxilio de
mediana importancia para el ejército de Tacna y Arica, vino a fomentar
la desconfianza de los oficiales y aun a producir cierto desaliento en
sus espíritus".

La corbeta Unión pudo llevar al TO refuerzos de artillería,
caballería, y mulas y bueyes para mejorar el apoyo de fuegos y la
movilidad del Ejército del Sur. En todo caso, se dispuso de cuatro
meses para enviar por tierra, tanto de Lima como de Arequipa, este
tipo de refuerzos.

d) Repercusiones en la moral de las tropas

La reorganización del Ejército decretada por Piérola el 31 de enero de
1880, fue calificada por Montero de "funestamente peligrosa". Respecto
al relevo de los mandos de división y unidades decretadas por el
Dictador, Montero se manifestó contrario a dicha disposición,
escribiéndole a Piérola "que los comandos de división y de cuerpos
habían adquirido legítima y denodadamente estos puestos, unos en los
campos de batalla y otros en medio de los sinsabores y privaciones del
servicio de campaña". Agregaba como razones "la confusión que va a
producir la variedad de armamentos que resultará en los nuevos
cuerpos, al formar uno, de dos o tres que tienen distinto sistema de
rifle y su peculiar enseñanza".

La nueva organización del Ejército y la falta de envío de refuerzos,
no sólo vulneró las posibilidades estratégicas, sino que además tuvo
hondas repercusiones en las fuerzas morales, pues introdujo confusión,
rompió el espíritu de cuerpo de las unidades y relajó el ascendiente
del jefe sobre sus subalternos, el mismo que se forja a través de las
mismas privaciones que surgen en la vida de campaña y el mutuo
conocimiento de largos años de servicio. Tanto Piérola como su
ministro de Guerra, don Miguel Iglesias, que llevaba el título de
coronel de milicias debido a las revueltas que encabezara en
Cajamarca, no tenían ninguna formación militar y carecían por completo
de los conocimientos mínimos para acometer la reorganización del
Ejército. En la Campaña de Tacna, como en la de Lima, los militares
profesionales estuvieron en segundo plano en la preparación y
conducción operativa estratégica y las consideraciones políticas, al
no tomar en cuenta las recomendaciones de la estrategia, coadyuvaron a
la victoria chilena". (Ob. cit. pp. 100-108)

Siempre me he preguntado por causa de qué, Cáceres o cualquiera de los
militares valientes y hazañosos, no se encargó de Piérola y su cohorte
de inexpertos que condujeron al país y particularmente a la capital a
una de sus degradaciones más oprobiosas por la derrota en enero de
1881. He allí una de las grandes preguntas inexplicables que no tiene
respuesta porque tampoco se puede ser profeta del pasado.

Como escribió Mercado Jarrín: huelgan los comentarios.

¡Atentos a la historia, las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder, el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

¡Sólo el talento salvará al Perú!

Lea www.redvoltaire.net
hcmujica.blogspot.com
Skype: hmujica

Wong: ¡el capital no tiene patria!

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
17-12-2007

Wong: ¡el capital no tiene patria!

Luego de frecuentes, mañosas, recurrentes, continuas, durante meses de
meses, largas negativas sobre su venta, los Wong anunciaron en Palacio
que el 100% del accionariado de su negocio había sido comprado por la
empresa Cencosud, firma chilena que ya tiene asiento en Argentina,
Colombia y ahora Perú. ¡El capital no tiene patria, pudo haber sido de
otra proveniencia, pero ha llegado del sur!

¿Será este cambalache comercial de alto vuelo, signo novísimo de los
tiempos que sigue a lo del viernes cuando el presidente García estuvo
en Washington firmando con el George Bush, el TLC, tratado
internacional para Perú y apenas un acuerdo para Estados Unidos?

Que los Wong vendan o hagan lo que les venga en gana, incluido,
especular con sus mencionadas negaciones que alzaron ¡evidentemente!
el precio de su operación con los inversionistas chilenos, es asunto
suyo. Lo que no puede ser aceptable es que se sirvan feniciamente de
su posición de dominio para lograr mejores resultados para sus
bolsillos. Que los hayan comprado al 100%, retrata esta circunstancia.

¿Qué tiene que ver Palacio y el ministro Rafael Rey en esta
transacción? Todo el país ha visto que el anuncio del remate de los
Wong se hizo casi de una manera oficial. ¿Qué gana Perú con un negocio
privado? O sea que ahora, desde las alturas del gobierno, que no es el
poder, de ninguna manera, se otorgan patentes de corso para que cuanto
se haga "muestre" los contornos "exitosos" que pretende exhibir la
propaganda masiva que se difunde a través de las entidades
gubernamentales.

Por ejemplo. La empresa del embajador político del Perú, Felipe Ortiz
de Zevallos, Apoyo S.A., juez y parte del asunto TLC, revela una
encuesta en que el 66% de la población, respalda ese asimétrico e
inequitativo convenio con EEUU. ¿A tanto llega el conocimiento de la
gente sobre un asunto cuyas aristas más profundas aún no son del
dominio público?

Un ministerio, que está en una desaforada propagandización del TLC,
muestra una imagen en que un hombre vinculado a carretillas
motorizadas, alberga la esperanza de "exportar" sus vehículos a
Gringolandia. Quien o quienes han hecho el corto televisivo, no pueden
ser más estúpidos categóricos: en EEUU las medidas de seguridad para
los vehículos y usuarios, suelen ser de lo más estrictas. Por lo
menos, un triciclo de los que aquí conocemos NO va a ingresar ¡jamás!
para ningún propósito a la nación del norte.

Hasta hace pocos días, y luego de años de enriquecimiento abultado,
los Wong, aludían a que en sus tiendas daba gusto comprar. Además,
siempre puntualizaban, directa o subliminalmente, la peruanidad de sus
capitales y de su personal. No debe dejar de recordarse que los
ponchos, atuendos y motivos de la vestimenta de sus ex empleados,
distinguían los colores blanco y rojo. Como el capital de la tienda
que los ha comprado, Cencosud, es chilena, es probable que ello
trueque al azul y rojo.

El capital no tiene patria, eso es evidente e inconcuso. Tampoco la
ética tiene que ver porque los negocios son negocios, suelen subrayar
los fenicios de alta y poca monta. Aquí no hay banderas. Sin dejar de
reconocer aquellos apotegmas, no es menos cierto que existen
agiotistas que no dudarían en vender a sus propias madres y ¡hasta
discutirían el precio! Lo ocurrido y conocido oficialmente con las
tiendas Wong es un claro ejemplo de aquello.

Y el canciller Joselo nos dice, otra vez, que a más tardar, en enero
se presenta la demanda por la delimitación marítima con Chile. Y no se
revela nada con respecto al ultra-necesario agente en La Haya. ¿Hasta
cuándo? La irresponsabilidad de Torre Tagle, la tradicional
ineficiencia del Congreso y la estupidización masiva de la opinión
pública, permiten un cuadro alarmante de permisividad, hecho
abominable que sólo envilece al Perú.

¿Seguirá comprando en Wong-Cencosud? ¡Bah!

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

¡Sólo el talento salvará al Perú!

Lea www.redvoltaire.net
hcmujica.blogspot.com
Skype: hmujica

El valioso precedente creado por la CIJ con el caso Nicaragua vs Colombia

El valioso precedente creado por la CIJ con el caso Nicaragua vs Colombia
por Félix C. Calderón
14-12-2007

Como es de conocimiento público, el 13 de diciembre de 2007 la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya expidió sentencia
con relación a las excepciones preliminares presentadas por Colombia
respecto a la incompetencia de la Corte para considerar la demanda
presentada por Nicaragua el 6 de diciembre de 2001 sobre "cuestiones
jurídicas que permanecen en suspenso" entre ambos Estados "en materia
de títulos territoriales y delimitación marítima" en el Caribe
occidental.

De manera muy resumida, Nicaragua pidió a la Corte resolver sobre lo
siguiente: (i) que la República de Nicaragua tiene la soberanía sobre
las islas de San Andrés y Santa Catalina, y sobre todas las otras
islas y cayos vecinos, así como sobre los cayos Roncador, Serrana,
Serranilla y Quitasueño (en la medida que sean susceptibles de
apropiación); (ii) a la luz de las conclusiones que adopte sobre lo
precedente, solicitó igualmente a la Corte determinar el trazado de
una frontera marítima única entre las porciones de la plataforma
continental y las zonas económicas exclusivas que corresponden
respectivamente a Nicaragua y Colombia de conformidad con los
principios de equidad y circunstancias pertinentes que el derecho
internacional general reconoce aplicables a una delimitación de esta
clase: y, (iii) Nicaragua dio a conocer que se reservaba el derecho de
presentar otra demanda de reparación por todo elemento de
enriquecimiento resultante de la posesión de Colombia de las islas San
Andrés y Providencia, así como de los cayos y el espacio marítimo
hasta el meridiano 82º W, por ausencia de título legítimo, sin
perjuicio de otra demanda de reparación por haber entrabado la
actividad de los navíos de pesca nicaragüense y, en general, de los
navíos que enarbolaban el pabellón de Nicaragua.

Para Nicaragua la Corte era competente para pronunciarse sobre su
demanda de acuerdo con el artículo XXXI del "Pacto de Soluciones
Pacíficas" de 30 de abril de 1948, más conocido como Pacto de Bogotá,
del cual tanto el demandante como Colombia son Partes Contratantes.
Asimismo, se configuraba su competencia en virtud del artículo 36º del
Estatuto de la Corte en tanto Nicaragua y Colombia habían aceptado la
competencia obligatoria de la CIJ en virtud de las declaraciones
unilaterales de 1929 y 1937, respectivamente.

Por su parte Colombia, dentro del plazo previsto, presentó ciertas
excepciones preliminares a la competencia de la Corte el 21 de julio
de 2003, con lo cual de conformidad con el artículo 79º, inciso 5, del
Reglamento, se suspendió el procedimiento sobre el fondo, dando un
plazo a Nicaragua para presentar un escrito con sus observaciones y
conclusiones. En concreto, Colombia solicitó a la Corte, de acuerdo
con el artículo 60 del Reglamento, resolver en el sentido que en
virtud del Pacto de Bogotá, especialmente de sus artículos VI y XXXIV,
el procedimiento jurisdiccional previsto en el artículo XXXI no podía
aplicarse al litigio planteado por Nicaragua y, por consiguiente, la
Corte carecía de competencia sobre el mismo porque: a) el Tratado
Bárcenas-Esguerra de 1928/1930 estaba en vigor al 30 de abril de 1948,
fecha en que se concluyó el Pacto de Bogotá; b) porque la soberanía de
las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre el
conjunto de islas, arrecifes y cayos que son parte constitutiva del
archipiélago de San Andrés, fue resuelta mediante el tratado de
1928/1930; y c) porque la delimitación marítima entre Colombia y
Nicaragua fue zanjada en el tratado de 1928/1930. Por consiguiente, la
Corte debía considerar el litigio terminado. Asimismo, en virtud del
párrafo 2 del artículo 36º de su Estatuto, la Corte no tenía
competencia para conocer el fondo del diferendo planteado por
Nicaragua, pues habiendo sido declarado el litigio terminado, no
existía entre las partes ningún otro litigio al cual pueda ser
aplicado el párrafo 2 del artículo 36. Además, la declaración de
aceptación de la competencia obligatoria de la Corte hecha por
Colombia en 1937 no estaba en vigor al momento de presentar su demanda
Nicaragua; y porque en cualquier caso, la reserva hecha por Colombia
en esa declaración exceptuaba expresamente las cuestiones que tienen
su origen en hechos anteriores al 6 de enero de 1932. Por tanto, la
demanda de Nicaragua debía ser rechazada.

Frente a esta impugnación, Nicaragua solicitó basada, igualmente, en
el artículo 60º del Reglamento, que la Corte resuelva que las
excepciones preliminares planteadas por Colombia relativas a la
competencia con base en el Pacto de Bogotá y la competencia a que se
refiere el párrafo 2 del artículo 36º del Estatuto, estaban
desprovistas de toda validez. De manera subsidiaria, solicitó a la
Corte resolver, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 79º del
Reglamento, que las excepciones planteadas por Colombia no revestían
un carácter exclusivamente preliminar. También, pidió a la Corte
rechazar el pedido hecho por Colombia que buscaba que la demanda
nicaragüense fundada en el artículo XXXI del Pacto de Bogotá sea
declarada "terminada", de conformidad con los artículos VI y XXXIV de
ese instrumento regional. Por último, Nicaragua subrayó que todas
aquellas cuestiones que no habían sido tratadas explícitamente en las
observaciones escritas y en las audiencias, quedaban expresamente
reservadas para evocarlas en el estadio del examen de fondo.

Quien esto escribe cree haber sido el único que semanas antes,
específicamente el 17 de octubre pasado en este mismo diario, adelantó
opinión respecto al sentido que seguiría la sentencia de la CIJ. En
esa oportunidad afirmó lo siguiente: "las excepciones interpuestas por
Colombia no tendrían un carácter exclusivamente preliminar. De allí
que sea prevaleciente el famoso dictum de la Corte Permanente
Internacional de Justicia en el caso de la Electricity Company of
Sofia and Bulgaria en el sentido que la aceptación de la competencia
compulsiva de la Corte implica de manera indubitable la intención y
voluntad de los Estados partes de abrir caminos a la competencia de la
Corte para resolver pacíficamente sus diferendos, en vez de cerrarlos
entre sí con el objetivo último de que ninguna competencia sea
ejercida. Este principio es, obviamente, mucho más fuerte en el Pacto
de Bogotá, lex specialis. Puesto que las excepciones preliminares no
pueden alegarse en el vacío es difícil desligarlas del fondo del
asunto, siendo el precedente del caso Panevezis-Saldutiskis Railway
sentado por la Corte Permanente, igualmente aplicable. Para el caso
del artículo VI del Pacto de Bogotá, es necesario tener en cuenta un
principio admitido hace mucho tiempo por el cual "un tratado debe ser
interpretado a la luz de las normas del derecho internacional general
" (sentencia Grisbadarna, Recueil de sentences arbitrales, vol. XI,
pp. 159-160). Según lo recuerda Ian Brownlie, ni el Estatuto ni el
Reglamento tienen una sola disposición relativa al procedimiento a
seguir en el caso que la jurisdicción fuera cuestionada in limine
litis. Dentro de esas circunstancias, la Corte es libre de adoptar la
norma que considere más apropiada para la buena administración de
justicia, en el procedimiento ante un tribunal internacional, y la más
conforme a los principios fundamentales del derecho internacional."

Pues bien, eso fue precisamente lo que hizo la Corte. En primer lugar,
la Corte puntualizó en el párrafo 38 de la sentencia que le
correspondía determinar, habida cuenta de la discrepancia entre las
Partes, cual era el objeto de la controversia sometida a su
consideración. Y luego de citar el caso de Competencia en materia de
Pesquerías entre España y Canadá (1998) y el caso sobre Ensayo
Nucleares de Australia y Nueva Zelanda contra Francia (1974), inter
alia, concluyó en el párrafo 42 que "los asuntos que constituían el
objeto de la controversia que oponía las Partes eran, primero, la
soberanía territorial (es decir la soberanía sobre las islas y otras
formaciones marítimas que ellas reivindican), y segundo, el trazado de
la frontera marítima entre ellas."

En segundo lugar, en cuanto a las excepciones preliminares propiamente
dichas, la Corte hizo previamente en el párrafo 14 de la sentencia una
distinción, "por razones de comodidad", denominando "primera excepción
preliminar" a aquella presentada por Colombia sobre la competencia de
la Corte en virtud del Pacto de Bogotá. Y "segunda excepción
preliminar" a la relativa a la competencia de la Corte fundada en las
declaraciones hechas en virtud de la cláusula facultativa del artículo
36 del Estatuto. Distinción de gran utilidad; por cuanto, al lector
peruano solo le interesa para el caso de la controversia con Chile en
materia de delimitación marítima, la "primera excepción preliminar",
al no haber reconocido el vecino del sur la competencia contenciosa de
la Corte en virtud el artículo 36, inciso 2, de su Estatuto.

Con relación a la "primera excepción preliminar", lo primero que notó
la Corte es que las Partes estaban en desacuerdo respecto al punto de
saber si los asuntos que se suscitaban con esta primera excepción
podían ser examinados en este estadio del procedimiento. Por
consiguiente, luego de citar el caso Ensayos Nucleares de Australia y
Nueva Zelanda contra Francia (1974), entre otros, la Corte reconoció
que una Parte que planteaba excepciones preliminares tenía derecho a
que se le responda en este estadio preliminar del procedimiento,
desestimando así en el párrafo 52, el argumento en contra avanzado por
Nicaragua al amparo de la relación estrecha y "conexión muy íntima"
que se daba entre esa excepción y el fondo del caso.

Enseguida, la Corte se abocó a examinar el sistema jurisdiccional
establecido por el Pacto de Bogotá. Tras hacer un recuento de las
circunstancias en que se ratificó el Tratado de 1928 y se firmó el
Protocolo de 1930; así como si ambos instrumentos estaban en vigor al
30 de abril de 1948 fecha en que se adoptó el Pacto de Bogotá, la
Corte concluyó en el párrafo 80, que era insostenible la pretensión de
Nicaragua de que el tratado de 1928 no estaba en vigor en 1948. Y esto
era suficiente. Sin embargo, se trataba de saber si ese tratado y su
Protocolo de 1930 habían resuelto todos los puntos contenciosos entre
las Partes, citando en el párrafo 85 una serie de precedentes
jurisprudenciales en apoyo de esa interpretación, en particular el
caso de la Electricity Company of Sofia and Bulgaria (1939).

Como lógica consecuencia, la cuestión de la soberanía de las tres
islas de San Andrés (San Andrés Providencia y Santa Catalina) quedó
zanjada para la Corte en el artículo 1 del Tratado de 1928. Ergo, se
aplicaba el artículo VI del Pacto de Bogotá y la Corte no era
competente en virtud del artículo XXXI de ese instrumento regional
(párrafo 90). Mas, en cuanto a la cuestión de la extensión y
composición del resto del archipiélago de San Andrés, la Corte
determinó en el párrafo 97 que el texto del artículo 1 del Tratado de
1928 no respondía a la cuestión de saber cuales eran, fuera de las
tres islas antes mencionadas, las formaciones marítimas que siendo
parte del archipiélago San Andrés caían bajo la soberanía de Colombia.
Por tanto, concluyó que no podía aceptar la excepción preliminar sobre
esta cuestión. Y en cuanto a la cuestión de la soberanía sobre las
islas Roncador, Quitasueño y Serrana, la Corte precisó en el párrafo
104 que el sentido del artículo 1º del Tratado de 1928 era claro: no
se aplicaba a esas tres formaciones marítimas en cuestión.
Consecuentemente, resultaba inaplicable el artículo VI del Pacto de
Bogotá y la Corte era competente en función del artículo XXXI.

Finalmente, en cuanto a la competencia de la Corte para considerar la
cuestión de la delimitación marítima, la Corte desestimó en el párrafo
120 la pretensión de Colombia de que el Protocolo de 1930 efectuaba
una delimitación marítima entre los dos países, concluyendo en el
párrafo 120 que ni el Tratado de 1928 ni el Protocolo de 1930 habían
efectuado una delimitación marítima entre los espacios marítimos de
Colombia y Nicaragua. Ergo, no se aplicaba el artículo VI del Pacto de
Bogotá y sí su artículo XXXI, siendo, igualmente, la Corte competente
para resolver este asunto y, por lo mismo, tampoco aceptaba en este
punto la primera excepción preliminar. Previamente, en el párrafo 115
la Corte precisó que el Protocolo de 1930 apuntaba más bien a fijar en
el meridiano 82 el límite occidental del archipiélago de San Andrés.

Con base en lo anterior, la Corte decidió respecto a la "primera
cuestión preliminar" que: a) por trece votos contra cuatro, aceptaba
la excepción de incompetencia en cuanto se refería a la soberanía de
las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina; b) por unanimidad,
rechazaba la excepción de incompetencia en lo relativo a las otras
formaciones marítimas en litigio entre las Partes: c) por unanimidad
rechazaba la excepción de incompetencia en lo que se refiere a la
delimitación marítima entre las Partes.

Moraleja

Esta sentencia constituye un valioso precedente en el plausible empeño
del Perú de encontrar una solución pacífica y definitiva al diferendo
que tiene con Chile sobre delimitación marítima. En tanto se trata de
una controversia posterior al 30 de abril de 1948, es claro que no es
aplicable la parte del artículo VI in fine del Pacto de Bogotá,
fundándose la competencia de la Corte en virtud del artículo XXXI de
ese instrumento regional. Por otro lado, en lo relativo a saber si se
trata de un asunto "ya resuelto por arreglo entre las partes" como
también prevé el artículo VI, lo que Chile señala como acuerdos que
han zanjado la controversia, para la Corte ése no sería el objeto de
la controversia, como lo subraya en el párrafo 40 de la sentencia. Por
eso, concluyó en el párrafo 42, que los asuntos que eran objeto del
diferendo y que en el fondo oponían a las Partes, eran el de la
soberanía territorial (sobre las islas y otras formaciones marítimas)
y el del trazo de la frontera marítima. Todo esto a pesar del Tratado
de 1928 y del Protocolo de 1930. Es más, en el párrafo 38 de la
sentencia la Corte puntualizó que uno de los atributos de la función
jurisdiccional de la Corte es el derecho y el deber de interpretar las
conclusiones de las partes para circunscribir el problema y precisar
el objeto de la demanda.

Es importante, asimismo, señalar que en el párrafo 89 de la sentencia
la Corte recuerda como un principio del derecho internacional
incontestable que "el régimen territorial (sic) establecido por un
tratado adquiere una permanencia que el mismo tratado no reconoce
necesariamente, y que la persistencia de este régimen no depende de la
supervivencia del tratado por el cual ese régimen ha sido convenido
(Caso Libia vs Chad, 1994)." Otra utilísima precisión si se tiene en
cuenta que el punto inicial o final (como mejor parezca) de la
demarcación de la frontera territorial entre el Perú y Chile con
arreglo al Tratado de 1929 resulta ser, stricto sensu, la intersección
del arco de diez kilómetros de radio con el Océano Pacífico, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 2º del Tratado de 1929
concordante con el "Acta Final de la Comisión de Límites con la
descripción de los hitos colocados" de 21 de julio de 1930. Y esto es
intangible por ser justamente pre-existente a la fecha de adopción del
Pacto de Bogotá. Y si sumamos a ello, a fortiori, el principio según
el cual "la tierra domina al mar" que reitera la Corte en su sentencia
de 8 de octubre de 2007, en el caso Nicaragua vs Honduras, tenemos las
variables de una ecuación que puede permitirle a nuestro país que, por
fin, se haga justicia. No solo no existe un tratado de delimitación
marítima con Chile con arreglo a la solemnidad y formalidades que
exige el derecho internacional; sino que, además, se carece de un
punto de inicio de esa frontera marítima que haya sido fijado
contractual e indubitablemente por las Partes. En suma, estamos
hablando de un contencioso bilateral de delimitación marítima cuya
solución tiene que ser compatible con los títulos territoriales
resueltos en 1929.

El Tratado de 1929. La otra historia

El Tratado de 1929. La otra historia
por Félix C. Calderón
Fondo Editorial Congreso del Perú, Lima, abril 2000

Introducción

No existe, infortunadamente, en el Perú ningún estudio exhaustivo
sobre la negociación peruano-chilena realizada en Lima entre el 12 de
octubre de 1928 y el 29 de mayo de 1929, y concluida con el Tratado de
1929 y su Protocolo Complementario. La razón que siempre se ha
esgrimido, sin mayores variantes, es que ese tratado definitivo de
límites con Chile fue negociado personalmente por el propio presidente
Leguía, en una sucesión de encuentros en el palacio presidencial, con
el embajador de Chile en Lima, Emiliano Figueroa Larraín. Por eso,
historiadores peruanos de fuste, como Gustavo Pons Musso, no han
dedicado más de dos o tres párrafos a la negociación del mismo (Las
Fronteras del Perú, p. 212). Inclusive Raúl Porras Barrenechea, claro
y explícito en los antecedentes, solo se limitó a decir que dicho
tratado fue fruto del entendimiento directo del plenipotenciario
chileno con el jefe de Estado peruano (Historia de los Límites del
Perú, obra conjunta con A. Wagner de Reyna, p. 156).

Es este vacío el que explicaría la paradoja que sea el libro Chile y
Perú. Los pactos de 1929, del canciller chileno de la época, Conrado
Ríos Gallardo, la versión más socorrida de los peruanos, por defecto o
por omisión, no obstante fungir el autor de juez y parte, como no
podía ser de otra manera. Ríos hizo un relato jactancioso, cuando no
selfish y salpicado de una que otra inexactitud, por recurrir a
verdades a medias o a silencios inexcusables sobre aspectos
importantes de la negociación, pese a haberlo escrito con la madurez
que deja el tiempo, 30 años después de haber participado directamente
en forjar esa parte de la historia bilateral.

El hallazgo en el Archivo Central del Palacio de Torre Tagle de las
cartas personales y confidenciales que remitiera el embajador César
Elguera al presidente Leguía desde Santiago, entre octubre de 1928 y
marzo de 1930, junto con toda la documentación intercambiada durante
la negociación que metódicamente guardó el presidente, han hecho
posible ahora reconstruir, desde el punto de vista peruano, ese
importante capítulo de la historia diplomática del Perú y, de paso,
conferirle al testimonio del ex canciller chileno su real valor
histórico. Esto es, el de constituir una versión parcial de la
negociación de Lima, a donde Chile como potencia ocupante concurrió en
condiciones favorables.

Amparado en la cita de Raúl Porras que señala: "La solución divisoria
representa la realidad frente a la utopía de las reivindicaciones
totales o la triste política de los aplazamientos" (p.260), Ríos se
aventuró a justificar en su mencionado libro la división final de las
provincias cautivas como expresión del "principio de autodeterminación
(sic) nacional, principio ante el cual los pueblos se inclinan sin
afrenta" (p. 260). Justificación fantasiosa, sin duda, si se tiene en
cuenta que en ese mismo libro y sin ambages, no vaciló en sostener lo
contrario, al admitir que la posición chilena estaba, virtualmente,
huérfana de sustento jurídico, por lo que no podía excluirse su
derrota en la Comisión Plebiscitaria y en la Comisión Especial de
Límites (Op. Cit., p. 118, 120, 123,128,130, 150, 162 y 163, inter
alia). Además, hablar de autodeterminación después de haber puesto en
marcha el primer caso de national cleansing del siglo XX en el mundo,
no deja de ser contradictorio, por decir lo menos.

Tal como la diplomacia peruana lo denunciara desde 1894, Chile no sólo
transgredió el Tratado de Ancón de 1883 al apropiarse indebidamente de
una porción muy importante de la provincia de Tarata y otra más
pequeña de la provincia de Chucuito, en Puno; sino que, además, hizo
todo lo posible para frustrar o postergar la realización del
plebiscito en las provincias cautivas de Tacna y Arica, viciando
automáticamente el artículo 3ro. del Tratado de Ancón y, por ende,
cualquier título jurídico para seguir ocupando esas provincias. Fue,
tal vez pensando en esto, que el ex canciller chileno reconoció en su
citado libro que "el colapso fatal estuvo ad portas" y que "si el
avance sobre el mapa, que realizaba con estrategia insuperable el
coronel Ordoñez -el delegado peruano en la Comisión Especial de
Límites- no se detenía con oportunidad, se corría el riesgo de no
poder apelarse más a la solución divisoria (sic)" (Ibid. p. 128) o que
"el país sufría un gran desastre porque la división territorial se
tornaba impracticable" (Ibid. p. 150).

Percepción del fracaso nada exagerada. En efecto, poco o nada se ha
dicho en el Perú, tal vez por temor a romper ese pacto tácito de
denigrar a Augusto B. Leguía, del cambio fundamental en las
circunstancias que introdujo en la disputa territorial la nueva
dinámica generada por el arbitraje del presidente Coolidge. Desde 1922
más de un especialista peruano criticó al presidente Leguía por haber
aceptado un arbitraje político en vez de uno de derecho. Pero lo que
seguramente no se supo es que, independientemente de la modalidad
aplicable, fue el arbitraje el camino escogido por Leguía para superar
la inercia del inmovilismo que venía favoreciendo a Chile.

Los primeros días de noviembre de 1920, el consultor jurídico
contratado por el Gobierno peruano, Dr. Joseph W. Folk, recomendó al
presidente Leguía someter los asuntos en controversia al arbitraje de
los Estados Unidos o, eventualmente, llevarlo a La Haya. Quien esto
escribe ha tenido frente a sí tanto el contrato como los telegramas y
cartas que Folk intercambió en este sentido con el Dr. Alberto
Salomón, canciller de la época. Fue por sugerencia de Folk que Torre
Tagle decidió no llevar la controversia territorial con Chile a la
primera Asamblea de la Liga de las Naciones, a fin de no complicar la
gestión del arbitraje, aparte que había que esperar el ingreso de los
Estados Unidos a ese foro mundial. Por eso fue destituido Mariano H.
Cornejo, pese a ser un amigo probado de Leguía; porque procedió
prematura e inconsultamente en Ginebra. Su pedido, hecho conjuntamente
con el delegado boliviano, en noviembre de 1920, para incluir esa
cuestión en el Orden del Día de la asamblea no fue, en ningún momento,
autorizado por Lima, por lo que tuvo que ser retirado, al amparo de su
extemporaneidad.

No fue, pues, ni el carácter extemporáneo del pedido ni la supuesta
influencia perniciosa de los Estados Unidos la causa de ese traspié
diplomático en Ginebra, como quiso ver más de un detractor de Leguía.
Consecuente con lo manifestado en su discurso programa del 19 de
febrero de 1919, de llegar a una "solución justa, digna y definitiva",
el presidente peruano había optado por un camino distinto al trato
directo, precisamente por ser consciente de que éste último, en más de
30 años, no había hecho más que convalidar sigilosamente la ocupación
chilena en los territorios cautivos.

Es cierto que el arbitraje del presidente Coolidge de 1925 no fue en
todos sus extremos favorable al Perú. Sin embargo, la intervención de
los Estados Unidos como arbitro acarreó una valoración distinta de la
controversia territorial, en el plano del derecho y de la moral, con
pesadas consecuencias para Chile. De inmediato el Perú pudo recuperar
600 kilómetros cuadrados de Tarata. Además, se puso en marcha un
proceso plebiscitario acorde con lo que la diplomacia peruana había
postulado desde 1893, y se estableció una Comisión Especial de Límites
cuyos trabajos amenazaron con arrastrar ese diferendo bilateral a una
disyuntiva insospechada.

Fue ésta la primera vez que la diplomacia chilena tuvo que hacer
frente a resultados adversos desde la guerra del 79. De allí que su
élite dirigente se convenciera en 1927, cuando era presidente Emiliano
Figueroa Larraín, que había que regresar al trato directo antes que
fuera imposible la división territorial (Ríos : Op. cit. p. 122). De
no haber sido por el arbitraje y sus secuelas, es poco probable que el
Perú hubiese recuperado Tacna de buenas a primeras. Y si lo hacía,
pudo haber quedado en condición de deudor moral del país ocupante,
cuando tenía que ser al revés.

Como se sabe, la diplomacia de La Moneda buscó, en un primer momento,
apoderarse de Tacna y Arica. La misión de Lira en Lima, en 1895, de
triste recordación, fue un ejemplo patético de ese propósito.

Luego intentó la compra, para después proponer la división
territorial, con el implícito enclaustramiento de Tacna, o un
plebiscito amañado en detrimento de los nativos de esos territorios.
Sin embargo, creada la Liga de las Naciones en 1919, como resultado de
la innovación conceptual que introdujeron en el derecho internacional
los "catorce puntos" del presidente W. Wilson, Chile cayó en la cuenta
de que la época de la ocupación impune había terminado. Y si bien no
hubo, al comienzo, en Santiago un terreno abonado para el arbitraje,
es dable suponer que se dio por esos años, coincidentemente con el
Perú aunque por razones distintas, un animado proceso de reflexión, al
punto de haberse atribuido un ex canciller chileno, E. Barros Jarpa,
la autoría de la ofensiva diplomática que condujo al arbitraje, según
le contara al embajador peruano en Santiago, César Elguera, el
entonces canciller Ríos. Al parecer, la clase dirigente chilena había
llegado al convencimiento de que el tiempo transcurrido jugaba a su
favor en esos territorios y que, de haber un plebiscito, era de
esperar un triunfo chileno. Agustín Edwards, delegado chileno ante la
Comisión Plebiscitaria, dio testimonio de ello en la Memoria que
publicara en 1926, anotando que "la devolución de Tacna al Perú no
tenía la menor probabilidad de éxito" (Véase, por ejemplo, p.31 y 33).

La pulcritud en el accionar de los generales Pershing, Lassiter y
Morrow hizo que se desvaneciera pronto esa ilusión, una vez que se
pusieron al descubierto las debilidades de la posición chilena. Fue
así como su élite dirigente no vaciló, en 1927, en precipitar la
renuncia de su embajador en Washington, Miguel Cruchaga, partidario
principista del arbitraje, a fin de apurar el tránsito al trato
directo antes que fuera demasiado tarde (Ibid., p. 155 y 156).

La diplomacia peruana había experimentado por más de treinta años el
sabor amargo de la frustración y de los esfuerzos estériles. En más de
un ocasión llegó a perder la brújula por falta de firmeza en la
decisión y entereza moral en la más alta magistratura, como lo
atestiguan el infausto Tratado García-Herrera y el acuerdo telegráfico
Huneeus-Varela. Amparado en la solidez de sus argumentos jurídicos y
morales, pero consciente de las limitaciones del poderío militar,
Torre Tagle nunca dejó de reclamar la devolución de las provincias
cautivas o, en su defecto, la realización de un proceso plebiscitario
imparcial. Mas, este enfoque del todo o nada a causa de la
imposibilidad material de recuperar esos territorios por la fuerza,
sólo trajo sinsabores, desplantes y la virtual fosilización del statu
quo, que era precisamente lo que más convenía a Chile.

Ahora bien, la disputa territorial con Chile, agudizada desde el 28 de
marzo de 1894, no fue un hecho aislado en nuestra historia diplomática
de límites. Todo lo contrario. A resultas del peligroso debilitamiento
que sufrió el Perú con la guerra del 79, la diplomacia peruana tuvo
que hacer frente, en forma simultánea, a una guerra diplomática
infructuosa con los países vecinos, la misma que no ha sido,
infortunadamente, contada en toda su dimensión debido a esa visión
compartimentalizada de la problemática limítrofe del Perú, concebida
desde una perspectiva diacrónica. Dicho en otras palabras, mientras
que se luchaba con tesón por la recuperación de Tacna y Arica, en todo
ese tiempo, sin darse tregua, la diplomacia peruana también libró una
lucha desigual para definir las fronteras con Bolivia, Brasil,
Colombia y Ecuador. Conflicto asimétrico de carácter sincrónico que
prevaleció por más de 20 años y que informó inexorablemente de la
suerte del diferendo territorial con Chile. No fue una casualidad que
el tratado definitivo de límites con este país se concluyera en 1929.
Lo impensable hubiese sido que fuera el primero, el segundo o hasta el
tercer acuerdo de fronteras. Por darse la ocupación de hecho del
territorio peruano, a diferencia de las otras disputas territoriales,
fue menester zanjar, primero, las diferencias territoriales con
algunos de ellos, antes de abocarse resueltamente a recuperar, por lo
menos, una parte del territorio cautivo.

Nunca se ha dicho de manera suficiente que el Perú entró al siglo XX
sin ningún arreglo definitivo de fronteras y escapando de la
bancarrota. Denostar, pues, a Leguía en estas condiciones, sin reparar
en la responsabilidad que le cupo, en todo caso, a sus predecesores
por ese estado deplorable de cosas, es algo incomprensible, hoy en
día, a menos que haya más de un interesado en vertebrar una historia
al revés, encubriéndola con un chivo expiatorio.

Tras el desastre de la guerra con Chile, los sucesivos gobiernos
peruanos recurrieron en las controversias con sus vecinos a las
apaciguadoras opciones del modus vivendi y del statu quo, o al
arbitraje, ya sea de derecho o de equidad, o a ambos. Era explicable
esa proclividad a la indefinición fronteriza tous azimuts. Pero, ella
no dejó de ser perniciosa porque pospuso sine die las verdaderas
soluciones, confundiéndose en más de una oportunidad con el
renunciamiento y el inmovilismo "fruto de la incapacidad para querer y
la falta de valor moral para resolver", como decía Leguía.

Los detractores de Leguía suelen olvidar que en más de una oportunidad
Ecuador y Colombia actuaron en concierto para imponerle al Perú una
delimitación en la parte nororiental. Sin ir muy lejos, meses antes
que el presidente Leguía asumiera el poder, en julio de 1908, la
Cancillería peruana tuvo conocimiento por su Legación en Quito que el
supuesto tratado de límites que venían de suscribir el Ecuador y
Colombia establecía que la línea de frontera entre ambos países
seguiría el divortium aquarum de los ríos Ñapo y Putumayo, yendo a
buscar el origen del Ambiyacu (Ampiyacu), para continuar por el curso
de éste hasta su confluencia con el Amazonas y luego de este último
hasta la frontera con Brasil (una versión perfeccionada de este trazo
fronterizo lo constituyó el tratado colombo-ecuatoriano de 1916). Y,
apenas, un mes después de haber asumido Leguía el mando, en octubre de
1908, el ministro plenipotenciario Osma informó desde Madrid que
acababa de llegar a esa ciudad el señor Bentacourt, en calidad de
enviado especial del Gobierno colombiano, con el objeto de interponer
la personería de Colombia en el arbitraje peruano-ecuatoriano. Todo
esto en medio de una agresiva chilenización de las provincias de Tacna
y Arica, de las secuelas del combate entre peruanos y colombianos en
la zona del Putumayo a comienzos de 1908, del conato de golpe de
Estado en el Perú a fines de mayo de 1909, del rechazo de Bolivia al
laudo arbitral del presidente argentino y del riesgo inminente de
guerra con el Ecuador en 1910 (tras fracasar el arbitraje del Rey de
España), acicateado por Chile mediante el envió a Guayaquil de una
gran cantidad de elementos bélicos en el vapor "Maulín",
convenientemente escoltado por el crucero "General Baquedano".

La conclusión de los tratados de límites con Brasil y Bolivia, en
menos de tres semanas, entre el 29 de agosto y el 17 de setiembre de
1909, fue el turning point de ese dominó limítrofe imaginado con
clarividencia por Leguía para definir las fronteras de la República.
Siempre supo que ésa no sería una tarea grata. Por eso la habían
rehuido sus predecesores, más proclives a hacerse cargo de lo
contingente, por lo mismo que, quizás, les aterró ocuparse de la
historia. Pero persistió con la tenacidad propia de un iluminado,
obsesionado como estaba por darle "piel" al Perú. Así, el tratado de
límites con el Brasil no fue fruto de la casualidad. Fue negociado en
menos de diez días, en momentos que el Perú hacía frente a una amenaza
de guerra con Bolivia, y cuyo efecto catalítico inmediato fue la
transacción honrosa con este país.

En una carta personal que le enviara, el 2 de mayo de 1909, al
ministro plenipotenciario Hernán Velarde que venía de asumir nuestra
Legación en Río de Janeiro, el presidente Leguía le dijo : "En cuanto
a la cuestión peruano-brasilera, mi opinión es que se debe gestionar y
celebrar un acuerdo directo, con prescindencia de toda intervención
extraña, siempre que con él pongamos término decisivo a la cuestión y
ganemos la permanente amistad con el Brasil". Y luego de concluirse
ese tratado de límites, en otra carta fechada el 27 de junio de 1910,
el presidente Leguía le manifestó al mismo plenipotenciario peruano:
"Hay motivo fundado para congratularse por el éxito de nuestras
negociaciones de límites con el Brasil...(se ha) conseguido la
suscripción de ese tratado en momentos en que la situación
internacional era (para el Perú) por demás delicada y compleja...".

De vuelta al poder en 1919, Leguía rompió magistralmente la crónica
complicidad colombo-ecuatoriana, exacerbada por Chile, mediante el
Tratado Salomón-Lozano de 1922, que si bien reconoció a Colombia el
triángulo de Leticia, hizo ganar al Perú el triángulo de Sucumbios,
estratégicamente ubicado en la margen occidental del Putumayo, lo que
permitió a nuestro país encerrar, virtualmente, al Ecuador en su
vertiente oriental. Los caucheros peruanos con intereses en la margen
opuesta del Putumayo, cuyas atrocidades cometidas se olvidan
sospechosamente, gritaron sin rubor traición; miopes como posiblemente
lo estuvieron para no ver o no querer ver los apremios que pasaba la
República ante el esperado arbitraje sobre la provincias cautivas y la
renuencia del Ecuador para negociar en forma definitiva su frontera
con el Perú. Por eso, no es ninguna coincidencia que el Protocolo
Castro Oyanguren-Ponce de 1924 tuviera lugar después de haberse
concluido el Tratado Salomón-Lozano. Como tampoco es ninguna
coincidencia que el arreglo limítrofe con Chile haya precedido al del
Ecuador.

Vistos retrospectivamente los primeros cincuenta años de este siglo,
parece improbable que otra estrategia negociadora, distinta a la
secuencia Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, hubiese sido más exitosa.

Manuel Prado realizó el logro histórico de fijar, en 1942, la línea de
frontera con el Ecuador a expensas de una costosa guerra y, lo que es
peor, de ceder territorio. Ese estratégico triángulo de Sucumbios que
obtuvo Leguía a cambio de dejar Leticia en territorio colombiano, tuvo
que ser cedido al Ecuador, junto con el triángulo de Güepí y el del
Napo-Aguarico y Zancudo, a pesar de tener el Perú un ejército
victorioso; por lo mismo que la guerra no da derechos y porque un
tratado de límites, para ser válido, requiere de la voluntad
consensual de las dos partes. El acierto histórico de Prado estuvo,
precisamente, en haber comprendido que si se quería la paz y una línea
de frontera jurídicamente incuestionable, era menester hacer
concesiones aun a costa del triunfo militar. Y si esto ocurrió con
Prado, que sólo tuvo como tarea cerrar la única frontera que quedaba
por delimitar, es de imaginar la tarea hercúlea que tuvo que afrontar
el presidente Leguía para fijar en forma definitiva los límites del
Perú con el Brasil, Bolivia, Colombia y Chile.

Chile entró a la negociación directa con el Perú con una serie de
ventajas. En primer lugar, éste fue el terreno que escogió a fin de
recuperarse de la derrota diplomática que significó el fracaso del
plebiscito por hechos que le eran imputables. De esta manera, como
dijo el embajador chileno en Washington, Carlos Dávila, Chile logró su
"revancha" (Ríos: Op. cit. p. 197). En segundo lugar, Chile tenía la
ventaja física que daban los hechos consumados, tanto por seguir
ocupando esas provincias y parte de Tarata y Chucuito, cuanto porque
la división territorial ya estaba preconfigurada con el trazo hecho en
1909 del ferrocarril Arica-La Paz. Por último, contó inicialmente con
el apoyo de los Estados Unidos, ganado como estaba el Departamento de
Estado a la tesis de la partija.

Como contrapartida, Chile tuvo al frente, durante toda la negociación,
a un político tenaz y muy intuitivo, pero humano al fin de cuentas,
que con una idea concreta del Perú y de su futuro asumió solo el
riesgo de liquidar ese punzante remanente del Tratado de Ancón, aun a
costa de despertar las iras santas de sus enemigos políticos. Nos
referimos al presidente Leguía, quien confió más en su patriotismo y
en el juicio de la historia que en los pírricos beneficios que siempre
deja a los que no miran lejos, el postergar o soslayar lo esencial.

Menudo, con 50 kilogramos de peso y 65 años de edad, Augusto B. Leguía
vivía por esos años aquejado de un cáncer a la próstata y por la
obsesión de modernizar al Perú. "Dejaré a este país sobre rieles",
solía decir. Sin embargo, su Gobierno confrontaba una difícil
situación económica interna, debido a la caída de los precios
internacionales de las materias primas, la inestabilidad de la libra
peruana y los apremios de los acreedores. Impresionaba a tirios y
troyanos su proverbial dinamismo, aderezado con su temperamento
pausado y una sobriedad refinada. Atento y ameno en el trato social,
era admirado por su grandilocuente verbo y su laboriosidad
infatigable. Es cierto que introdujo autocráticamente al Perú en el
siglo XX; pero también impidió su "polonización", asumiendo en la
soledad del poder la responsabilidad histórica de darle al Perú cuatro
de sus cinco fronteras, con lo cual hizo posible el Protocolo de Río
de Janeiro en 1942.

Suscrito el Tratado de 1929, no fue por cierto el Perú el gran
ganador, puesto que se perdió definitivamente Arica. Pero, tampoco fue
el gran perdedor. Para Chile, el Tratado de 1929 significó el fin de
un quemante problema, logrando retener Arica a cambio de sujetarla a
una serie de servidumbres. El Perú pudo recuperar más de 7,000
kilómetros cuadrados sin disparar una sola bala ni movilizar legiones
de jóvenes provincianos hacia el sur, aparte de conservar una
presencia en Arica por la vía de los establecimientos y zonas donde su
comercio de tránsito está llamado a gozar de la independencia propia
del más amplio puerto libre. Que esto último no fuera todavía una
realidad tangible, en diciembre de 1988, tal como los negociadores lo
contemplaron en 1929, es algo que habría que cargar en el pasivo del
teniente coronel Sánchez Cerro y de quienes le sucedieron en el poder,
en vez de zaherir a quien recuperó Tacna.

Leguía entró a la negociación a sabiendas que era el terreno escogido
por la otra parte para acabar con este cincuentenario litigio. Lo más
probable es que no haya estado dispuesto a resolver ese diferendo a
cualquier precio. Pero, al final, tuvo que contentarse con el menor de
los males, dejando "a los profesionales de la guerra la recuperación
de Arica", como le dijo exaltado a la señora Larrivieri, según el
testimonio de su hija Carmen, luego de una conversación decisiva que
sostuvo en el Palacio de Gobierno con el embajador estadounidense en
Lima, Alexander Moore, en marzo de 1929.

Y decimos que el Tratado de 1929 fue el menor de los males, porque
pudo haber sido peor para el Perú que se dejara escapar esa
oportunidad, refugiándose en la posición extremista e intransigente
del todo o nada sistemático. Que después, una vez derrocado Leguía, se
haya caído en interpretaciones negligentes o estrechas en lo que
atañe, particularmente, a las facilidades propias de puerto libre para
el comercio peruano de tránsito en Arica, confirma lejos de debilitar
esa conclusión y es, tal vez, un buen ejemplo del daño institucional
que casi siempre ha causado la solución de continuidad impuesta por
los golpes de Estado.

La "Convención de Tránsito de Mercancías y Equipajes entre Tacna y
Arica", de 31 de diciembre de 1930, negociada en Lima por el mismísimo
Ríos, esta vez como embajador de su país, con el coronel E. Montagne,
desinformado probablemente de las vicisitudes de la negociación que
venía de concluirse y de los entendimientos complementarios inherentes
a las principales cláusulas del Tratado de 1929, introdujo con
carácter interino caprichosas interpretaciones al alcance del artículo
quinto, a vista y paciencia de los acerbos críticos de la diplomacia
de Leguía, entre los que se contaba Pedro Ugarteche, que siempre
dejaron que el presente se les escape.

Corrobora lo anterior la respuesta que diera, apenas cuatro meses
antes, el 16 de agosto de 1930, el entonces canciller peruano Dr.
Pedro M. Oliveira, a una consulta epistolar que le hiciera el diputado
nacional por Tacna, Roberto Mac Lean Estenós. En esa ocasión la
interpretación de Oliveira sobre una cuestión que le estaba
relacionada fue distinta, subrayando, entre otras cosas, lo siguiente:
"El ferrocarril de Arica a Tacna es una empresa sujeta exclusivamente,
en su personal y material, a las leyes peruanas.... y cualquiera
sección intermedia que atraviese territorio chileno debe considerarse,
según el tratado del 3 de junio de 1929, como si lo hiciera por
territorio peruano... y mientras se construyan y terminen esas obras
(conforme al artículo quinto), el Perú goza de los mismos derechos
sirviéndose del recinto que, en el muelle del ferrocarril de Arica a
La Paz, se ha reservado para el ferrocarril de Arica a Tacna... Sobre
la parte del territorio chileno que resulte atravesada por el
ferrocarril a Tacna, Chile ha constituido, por el artículo séptimo del
mencionado tratado, el derecho más amplio de servidumbre en favor del
Perú, lo que permite mantener, sin solución de continuidad, el vigor
de las leyes peruanas en esa sección de la línea férrea".

Podría argumentarse que el Tratado de 1929 no ha hecho más que
consolidar una paz frustrante en el sur, al haber puesto punto final a
la aspiración irredenta de soñar en grande o de acariciar el gran
sueño nacional de la revancha, refundido tímida y apasionadamente en
la soledad de los corazones. Pero no se ve por qué la búsqueda del
destino del Perú como república, que unifique nuestra esencia
multinacional, tenga que estar, necesariamente, anclada en la
resignación estoica que condensa el amargo desasosiego del despojo o
en el militarismo a ultranza.

Es bueno saber que el presidente Leguía no tuvo otra alternativa en
1929, como tampoco la tuvo en 1922 con el Tratado Salomón-Lozano
acosado por Chile y Ecuador, ni en 1909 cuando el arreglo definitivo
con el Brasil jugó en favor del arreglo con Bolivia. Y decimos que no
tuvo otra alternativa, porque el Perú todos esos años no solamente no
fue una potencia militar; sino que careció de los medios para serlo en
el mediano plazo, no obstante el intento que hizo el primer mandatario
con ese propósito.

El jefe de la Misión Militar francesa en el Perú, general E.
Pellegrin, en carta personal manuscrita que enviara al presidente
Leguía el 30 de julio de 1923, sostuvo sin eufemismos que "si el
Gobierno sabe que puede disponer de un ejército fuerte, sólido y bien
organizado, sus negociaciones diplomáticas podrán presentar un
carácter más enérgico que si no tiene para apoyarlas sino un ejército
débil. En el primer caso, podrá sostener sus pretensiones hasta llegar
a la guerra, mientras que en el segundo caso estará casi siempre
obligado a sufrir la ley de su adversario... Deber mío es pues, lo
repito, hacer conocer a U. con toda franqueza, mi opinión a este
respecto. Esta opinión es claramente desfavorable. En su estado
actual, el ejército es incapaz de hacer la guerra... El mal es muy
grande; pero no irremediable. Su curación necesita tiempo dinero y
voluntad" (N. de R.: subrayado en el original).

Cuatro años más tarde, el 27 de junio de 1927, el consultor del
Ministerio de Guerra, general W. von Faupel, puntualizó, en un
memorándum, lo siguiente: "Si se estudia la situación del país con un
claro criterio político-estratégico, entonces se reconoce que nuestra
situación es más peligrosa que la de cualquier otro país
sudamericano... nuestra Marina es de seis a nueve veces inferior a la
chilena que, en caso de guerra, tendrá el dominio más absoluto del
mar, no disponemos ni de un ferrocarril ni de carreteras que permitan
el transporte de tropas del centro al norte o al sur o viceversa...
Por eso sería muy justificado que el Perú tenga un ejército
especialmente fuerte. Pero sucede lo contrario; nuestro ejército en
relación al número de habitantes, es uno de los más débiles...". El
mismo general von Faupel dijo un día antes, en otro memorándum, que en
la Escuela de Aviación reinaba "la desorientación completa sobre la
instrucción, organización, administración y disciplina".

En fin, el 14 de diciembre de 1928, en el memorándum confidencial que
dirigiera el asesor técnico, coronel R.C. Moore, al jefe del Estado
Mayor de la Marina, aquél precisó que Chile tenía en ese momento "un
acorazado (1914), cuatro cruceros acorazados (1888-1896), tres
cruceros protegidos (1888-1896), seis submarinos (1915-1917), tres
submarinos mandados últimamente a construir, cinco destructores
(1911-1915), seis nuevos destructores en construcción, un carbonero
para la escuadra y dos transportes, además de siete buques mercantes y
siete pequeños guardacostas", obviamente con fuerza aérea y fuerzas
terrestres más fuertes. En contraste, la flota peruana constaba de
"dos cruceros (1906), un destructor (1909), cuatro submarinos
(1927-1928), un buque madre para submarinos (1880) y seis buques
mercantes". Además, agregaba que "ni la fuerza aérea ni las fuerzas
terrestres pueden hacer frente virtualmente a las fuerzas de (Chile)."
Por eso, casi contemporáneamente, hizo una propuesta para artillar el
Callao con defensas móviles.

El estado precario de la Marina peruana no era, por cierto,
desconocido en Chile. A mayor abundamiento, en un momento delicado de
la negociación, el embajador Elguera dio cuenta de un comentario en
ese sentido, en una carta que enviara al presidente Leguía, con fecha
23 de abril de 1929. "El almirante Howe, ex jefe de la Misión Naval
norteamericana llegó a Valparaíso el sábado último y en el mismo día
hizo declaraciones... Manifestó a la prensa que la Marina peruana es
únicamente una escuela de estudios para los marinos del país. Que la
escuadra es vieja y muy reducida en comparación con la de Chile".

Así pues, sin poderío militar, no le quedaba al Perú otro camino que
el de contemporizar en vez de postergar una solución sin objetivo
fijo, con la desventaja adicional de que el tiempo jugaba en su
contra. Claro que el presidente Leguía pudo, eventualmente, haber
conseguido mejores términos, por lo mismo que la posición jurídica del
Perú era sólida; pero él escogió contemporizar con el enemigo de ayer,
quizás porque a fuerza de sufrir en el poder llegó a convencerse que
no era posible convertir "cada anhelo del alma en una realidad de la
vida", y porque no se podían "transformar los sueños del patriota en
las soluciones del gobernante", como él mismo lo confesara en su
mensaje al Congreso Nacional el 26 de junio de 1929, a donde concurrió
personalmente no tanto para recomendar la aprobación del Tratado de
1929; "sino para asumir resueltamente ante la historia, ('sin
atenuación'), la responsabilidad de su celebración".

Sus enemigos políticos, qué duda cabe, no le dieron tregua ni antes ni
después. Ni Víctor Andrés Belaunde, quien solía decir que "en el Perú
para tener fama hay que ser engolado", pudo hacer un enjuiciamiento
imparcial (Véase Obras Completas, III La Realidad Nacional, p. 198 y
ss.). Y es que, confundida la oposición en sus sentimientos, como
siempre ocurre cuando se actúa movido por motivaciones personales,
cayó en el error de juzgar tolomeicamente a Leguía, en función de lo
que a esa oposición le acontecía en su derredor, sin ponderar
desapasionadamente la interrelación de lo doméstico con el mundo
exterior. No es de sorprender, pues, que Leguía fuera calificado de
reo de lesa patria o acusado de no adoptar una solución bélica "por
miedo". Uno de los más cáusticos fue el periódico "La República" de
entonces, tenaz opositor, que un año antes llamó al "dictador"
cobarde, por no ir a la guerra. No se quería ver que abstenerse o no
hacer nada para no equivocarse, era peor por esa ironía que había
hecho del statu quo un aliado privilegiado de Chile.

La guerra del 79 dejó una honda huella de frustración e impotencia en
la conciencia nacional. No era para menos. El país fue vejado y, lo
que es peor, se hizo escarnio de los derechos del vencido en la
derrota. Esto último, lejos de ser una opinión de nuestros días, fue
vertido hace más de un siglo por un testigo insospechado, el cónsul
estadounidense en Lima S.A. Hurlbut, en un memorándum, de fecha 23 de
agosto de 1881, que enviara al jefe militar de la ocupación chilena en
Lima, contralmirante P. Lynch. En ese valioso documento que hoy
traemos de vuelta a la actualidad, Mr. Hurlbut decía lo siguiente:

"...Cuando ha cesado la resistencia organizada y respetable, el estado
de guerra debe cesar... una paz inmediata es de necesidad para la
existencia del Perú como nación... Debo constatar también que así como
los Estados Unidos reconocen todos los derechos que adquiere un
conquistador bajo el imperio de los principios que rigen a la guerra
civilizada, ellos no aprueban la guerra con el propósito de
engrandecimiento territorial, ni tampoco la desmembración violenta de
una nación, a no ser como un último recurso y en circunstancias
extremas. Como nunca ha existido una cuestión de límites entre el Perú
y Chile, y por tanto no hay entre ellos fronteras que arreglar, y como
Chile ha repetido pública y oficialmente que no tiene ningún propósito
o designio de hacer anexión forzosa de territorio, abrigamos la
opinión clara de que por ahora una actitud semejante no se armonizaría
con la dignidad y fe pública de Chile, que sería desastrosa para la
tranquilidad futura de ambos países y que engendraría una seria
enemistad que constantemente tendría a manifestarse por disturbios.
Los Estados Unidos conceden como un principio de derecho público que
Chile tiene derecho (bajo el imperio de la ley de guerra) a una
indemnización completa por los gastos de guerra, y que el Perú debe
pagar esa indemnización según se convenga entre las partes... Pero
también participamos claramente de la opinión que el Perú debe tener
la oportunidad para discutir amplia y libremente las condiciones de
paz, para poder ofrecer una indemnización que se considere
satisfactoria, y que es contrario a los principios que deben
prevalecer entre naciones ilustradas exigir desde luego y como un sine
qua non (N. de R.: subrayado en el original) de paz, la transferencia
de territorio indudablemente peruano, a la jurisdicción de Chile, sin
manifestarse primeramente la inhabilidad o falta de voluntad del Perú
para pagar indemnización en alguna otra forma. Un proceder semejante
de parte de Chile se encontrará con decidido disfavor de la parte de
los Estados Unidos... Somos, en consecuencia, de opinión que el acto
de la captura de territorio peruano y la anexión del mismo a Chile, ya
sea que se haga por fuerzas superiores o ya sea que se imponga como
una condición imperativa para la cesación de las hostilidades, se
halla en contradicción manifiesta con las declaraciones que
previamente ha hecho Chile acerca de semejantes propósitos, y que con
justicia se mirarían por las otras naciones como una prueba de que
Chile ha entrado por el camino de la agresión y de la conquista con la
mira de engrandecimiento territorial."

Lamentablemente, los temores del cónsul S.A. Hurlbut que sólo se
referían a Tarapacá, se hicieron dos años después realidad en peor
forma, con el cautiverio adicional de Arica y Tacna y una parte de
Tarata y Chucuito, ante la impávida resignación de Iglesias,
subvencionado económicamente por los invasores, y con un país,
literalmente, en bancarrota. Para colmo de males, la suerte del Perú
ya no la alcanzó a ver el propio Hurlbut, quien murió víctima de una
pulmonía el 27 de marzo de 1882, en fecha casi coincidente con la del
asesinato, a manos de un orate, del presidente norteamericano
Garfield, un simpatizante declarado de nuestra causa.

Ni el Perú ni su élite dirigente han podido sacudirse de ese trauma de
lesa nación que significó el dolor y la humillación que, por muchos
años, padecieron los peruanos y peruanas de Tarapacá, Arica y Tacna.
Condenados a la resistencia heroica y pasiva a fin de sobrevivir y no
ser expulsados, tuvieron que vivir su peruanidad en lo íntimo de su
ser, sin estar siempre seguros de que Lima vendría a su rescate.

No existe en la historia de la América Latina un episodio tan
flagrante de hostigamiento, vejamen y terror como el que sufrieron
nuestros compatriotas en esos territorios ocupados. Y esto es bueno
recordarlo si se quiere exorcizar, de una vez por todas, los fantasmas
que se oponen a la integración regional, exactamente igual como ha
sucedido en la Unión Europea, donde nunca se ha encubierto, ni
siquiera en la misma Alemania, los crímenes de lesa humanidad
cometidos por los nazis.

Como muy bien lo señalara el general John J. Pershing en el informe
que presentó a la Comisión Plebiscitaria, en octubre de 1925, "...la
investigación de las quejas por actos considerados en conjunto o
parcialmente, demuestran indudablemente la existencia en el territorio
de Tacna y Arica de una política organizada de intimidación y coacción
que hace imposible para los peruanos la libertad de pensamiento y
acción... el temor revelado, generalmente, por los peruanos es prueba
concluyente de que no existe la atmósfera apropiada para un plebiscito
libre... se amenazó a los peruanos, algunas veces, hasta con la
muerte, para que no hablaran con los norteamericanos... muchos de
ellos pidieron que se les dieran garantías de que no serían castigados
por hablar con nuestros investigadores...".

Planteadas de esa manera las cosas, no debería sorprender a nadie que
Ríos evitara levantar esos cargos deshonrosos, y sólo se limitara en
su maduro recuento a acusar sin pruebas a los generales Pershing y
Lassiter de "cierta inclinación en favor del Perú" (Ibid, p. 150), o
que se lamentara de que "...en Arica los generales Pershing y Lassiter
habían condenado la conducta de Chile, y ahora el general Morrow
(presidente de la Comisión Especial de Límites) con sus resoluciones
se sumaba a ellos" (Ibid. p. 127). Sin duda, carecía ya de interés
para él detenerse en esos episodios treinta años después.

Por eso en la citación que hizo Ríos de un cablegrama cursado a su
embajador en Washington en marzo de 1928, trajo a colación lo
siguiente: "Ahora bien, liquidada la cuestión de Tarata, sería
conveniente y ventajoso que el arbitro, junto con dejar olvidada la
gestión de 1921, recomendara a los litigantes reanudar sus relaciones
diplomáticas... El infrascrito sustenta viva fe en la posibilidad de
un triunfo diplomático sobre el Perú, si interviene el consejo del
arbitro en el sentido... indicado" (Ibid. p. 185). Y como ese triunfo
diplomático no fue total, tuvo que adornarlo en las últimas páginas de
su libro con la tesis de las concesiones recíprocas: "Los pactos (de)
1929 pusieron fin honroso, con sacrificios territoriales comunes
(sic), a una disputa estéril de medio siglo" (Ibid. p. 434). Tesis
que, por supuesto, ningún peruano se la ha creído, porque fue el Perú
el que perdió definitivamente Arica.

Dicho lo anterior, no es fácil coincidir con el destacado historiador
J. Basadre cuando, poco familiarizado, al parecer, con la versión de
Ríos al momento de escribir el volumen correspondiente de su Historia
de la República, dijo con cierta indulgencia, refiriéndose a Chile,
que "bien pudo no hacer nada o plantear fórmulas imposibles y dejar
que el tiempo terminara de consolidar el estado posesorio sobre el
territorio en disputa... Ni el presidente Ibáñez ni su canciller
Conrado Ríos Gallardo, escogieron esa política, buscaron con previsión
y valor moral la rehabilitación de Chile... para ello sacrificaron
Tacna ("sin importancia estratégica') y un poco de dinero..., y
cubrieron con un título jurídico la chilenización de Arica" (Vol. 13,
Sexta Edición, p. 172 y 173).

Y decimos que no es fácil coincidir, por cuanto como el mismo Ríos lo
reconoció en su testimonio personal, esas negociaciones directas
cambiaron el curso de los acontecimientos frente a los riesgos que
entrañaba para Chile la Comisión Plebiscitaria y la Comisión Especial
de Límites. Ergo, antes que una política de rehabilitación, fue más
bien una política obligada de transacción la que buscó Chile,
devolviendo gran parte de Tacna y Tarata a cambio de retener Arica y
algo más, como veremos más adelante. Y si Basadre tuvo razón, dicha
rehabilitación de Chile habría sido a medias. Primero, porque la
división territorial no fue del todo equitativa a causa de la casi
cincuentenaria política de hechos consumados. Segundo, porque los
amplios derechos de servidumbre que le concedió al Perú como parte del
marchandage que le permitió retener Arica y su puerto, han sufrido
posteriormente menoscabo en más de un caso a través de medidas
unilaterales. Finalmente, porque al prolongar el incumplimiento de una
cláusula fundamental, sin la cual hubiese sido imposible concluir el
Tratado de 1929, como es el artículo quinto, no es precisamente
persistiendo en la práctica de los hechos consumados como mejor se
responde a la justicia y al derecho.

En su obra otoñal La vida y la historia, Basadre confirmó esa
percepción políticamente sesgada del Tratado de 1929 al incluir un
recuento de la negociación Leguía-Figueroa Larraín basado, casi
exclusivamente, en el testimonio proporcionado por Ríos (Op. cit. p.
408 y ss.). Hecho extraño en quien, se supone, siempre se cuidó de
hacer enjuiciamientos históricos con la más escrupulosa ecuanimidad.

La finalidad de la independencia propia del más amplio puerto libre y
la ubicación de los establecimientos y zonas que Chile con tal fin
debe conceder al Perú, se dieron en 1929 dentro de un marco geográfico
localizado de la bahía de Arica, el cual tuvo que permanecer tal cual,
hasta cumplirse con el tratado a plena satisfacción del Perú. Desde el
momento que el proyecto de remozamiento del puerto de Arica pasó a ser
parte del compromiso que permitió la conclusión del Tratado de 1929,
el plano de esas obras portuarias que el Gobierno chileno hizo llegar
al presidente Leguía el 23 de abril de 1929, debió haber sido
respetado a cabalidad. Y si ahora existe una situación geográfica
distinta e irreversible, lo que no podría soslayarse es el espíritu de
ese entendimiento al que llegó el mandatario peruano con el embajador
Figueroa, en lo atinente al carácter integrado del malecón de atraque
peruano para vapores de calado con la zona aduanera y la estación del
ferrocarril a Tacna.

Si hay algo útil en la convención del 31 de diciembre de 1930, es
justamente la parcial confirmación que en ella se hizo del contexto
geográfico que prevaleció en el puerto de Arica en 1929. En efecto, en
el plano adjunto a dicho instrumento bilateral, colindante con el mar,
se definió con claridad meridiana la zona peruana para los efectos de
que "el comercio de tránsito del Perú (goce) de la independencia
propia del más amplio puerto libre", al que una correcta
implementación del artículo quinto debería sumar el malecón de
atraque. Ámbito espacial que no puede ser distorsionado en la
ejecución definitiva de la cláusula portuaria.

En las siguientes páginas nos proponemos hacer, en primer lugar, un
recuento de los principales antecedentes históricos vinculados a la
suerte de las provincias cautivas de Tacna y Arica. La visión que se
tratará de ofrecer es sincrónica, presentando los hechos históricos en
su interrelación de causa y efecto. A continuación se buscará
reconstruir la negociación propiamente dicha del tratado en sus
diferentes etapas, con base en testimonios múltiples, incluidos en
menor medida los del presidente Leguía, por ser escasos. Por último,
haremos un examen de las diferentes disposiciones del Tratado de 1929
y de su Protocolo Complementario, teniendo en cuenta algunos mapas y
planos de la época. La conclusión que fluirá de este examen, con
fuentes de primera mano, es que hasta el momento de terminar este
libro la rehabilitación de Chile seguía aún pendiente; pero era de
poca monta el impasse si hay voluntad política de no esquilmar aún más
los derechos del Perú.

No podríamos concluir esta nota introductoria sin dejar antes
constancia de nuestro homenaje al presidente Leguía, sin duda el
hombre del siglo XX en el Perú y el gran estadista del Perú
republicano. No exento de defectos como todo ser humano, este patriota
tuvo el coraje de asumir la responsabilidad histórica de dar cuatro de
las cinco fronteras al Perú, haciendo posible el Protocolo de Río de
Janeiro de 1942. Es cierto que las cosas pudieron haber salido algo
mejor si su tenacidad y patriotismo hubiesen sido combinados con
cierta dosis de apertura y tolerancia. Pero prefirió la soledad y el
gambling, como turfman consumado que era, en las decisiones supremas,
convencido como lo estaba de que, a la larga, el juicio de la historia
no le sería adverso. En todo caso, su muerte oprobiosa después de
vivir el infierno en las mazmorras del Panóptico, no tiene paralelo
con ningún presidente peruano y lo dignifica, en grado extremo, porque
pudo haber escogido la frívola alternativa del destierro. Hoy en día,
sigue siendo un baldón para la Nación el no haber reivindicado en
forma definitiva la figura de Leguía. No sólo ha sido el peruano que
más hecho por darle sentido concreto, y en el mapa, al Perú como
república; sino que con Leguía entró la modernidad al Perú de la mano
con la integración nacional.

No podemos soslayar por más tiempo, asimismo, el reconocimiento que le
debe el Perú a peruanos destacados como Melitón Porras, Hernán
Velarde, Solón Polo, Víctor Maúrtua, Manuel de Freyre Santander,
Alberto Salomón, César Elguera y el coronel Oscar H. Ordóñez, entre
otros, amén de tantos probos funcionarios de Torre Tagle que dedicaron
muchos años de su vida a luchar, en el anonimato de una oficina, por
la causa territorial del país, al igual que decenas de oficiales y
soldados cuya presencia en los confines fronterizos del Perú insufló
vida al enhiesto bicolor nacional. Aun cuando no parece ser tan
frecuente en este fin de siglo recordar a tanto patriota a carta
cabal, sí constituye un imperativo poner en relieve para la posteridad
su legado de integridad, experiencia y perseverancia.

La Pomerania, Chaclacayo, mayo de 1999