Wednesday, August 22, 2007

La transnacional sorda

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
22-8-2007

La transnacional sorda

Como Telefónica conoce la psicología peruana, tan dada a escuchar
monsergas y a "ponerlas en agenda para el análisis", le fue suficiente
decir dos o tres tonterías respecto al criminal apagón de teléfonos
celulares y fijos luego del terremoto del pasado 15, fletar a sus
monigotes oficiosos –o rentados- la ministra de Transportes, Verónica
Zavala, la de los 5 millones de dólares puestos en el NBK que luego
quebró; su viceministra, la indigna Cayetana Aljovín; al jefe de
Osiptel, Thornberry (que si sigue así de nervioso, se va a comer sus
manos) y ¡sanseacabó!

Por raro que parezca, los medios de comunicación (¡todos tienen
millones de dólares en propaganda de Telefónica!) se han esmerado en
dar excelente cobertura a los pretextos de esta empresa ibérica que NO
ha explicado nada y se lava las manos en promesas de costumbre que no
resuelven nada, persisten los cobros caros y abusivos y el servicio
resiente una degradación de lo más aberrante.

Todos nos hemos preguntado ¿qué hubiera ocurrido en casus belli? En
Lima no se hubiera sabido que ya estaban tomados el resto de pueblos.
Y en estos, se ignoraría del destino de la capital, sede del gobierno
desinformado. Alan García tiene el imperativo moral de escribir (o
pedir que le redacten) un libro: La información exacta como
herramienta poderosa. Su ridículo, obviamente ocasionado por la
incomunicación y la asesoría nula de hueleguisos y no de asesores de
altísima capacidad intelectual cuanto que social, ha sido de
antología. De la crónica de lo cursi, lo insensato, lo
impresionantemente estúpido. Los paganos han sido españoles y
periodistas.

Como en cábala del absurdo, el Congreso, ha debido esperar siete
largos días y en el primer aniversario semanal del terremoto, convocó
a su primera sesión evaluativa. ¿O sea que si se hubiese caído el
edificio del Parlamento, lo hacían en algunos años? ¡Qué disparate! Y
nos referimos al Establo porque cábele la misión irrenunciable de
pronunciar su condena total e inequívoca a un atentado contra los
derechos humanos de todos quienes pagan el pésimo servicio de
Telefónica.

El mundo formal en que se mueve y anquilosa Perú, se da por satisfecho
por los adefesios que Telefónica ha pronunciado en su aparente
descargo. Del reclamo inicial y temprano del presidente García, poco
después del terremoto, hace exactamente siete días, ya no hay ni el
más insólito recuerdo. De diluir, amainar, difuminar, el atentado
contra el pueblo, se han encargado las pandillas de imagen del
ministerio de Transportes y de Telefónica. ¿Habrán tomado debida nota
los del Establo?

Cuando ignaros fletan –o procuran hacerlo- el contrabando que so
pretexto del dolor y la desorganización, no es oportuno ni
ultra-necesario, fiscalizar a Telefónica, y censurar a payasos que
fungen de ministros con enfermizo afán de figuración para permanecer
en el gabinete, se perpetra un crimen contra la historia social del
país. Con ese criterio, en lugar de abominar la pezuña invasora de
1881, debimos haberla instituido como fecha nacional celebratoria.
¡Hay cada mentecato en las alturas por estos pagos!

Si Telefónica se burla con pocas palabras, los intelectuales se han
tomado otra de sus recurrentes vacaciones con cura de silencio
incluida. No oyen, no hablan. El terremoto también les yuguló su
capacidad creadora de protesta. De repente el que Telefónica les pague
sus viajes allende y aquende; imprima lo que ellos llaman libros;
sufrague sus recitales huachafos y de capilla; sea algo más que el
rosario infame de casualidades venales. ¿Acaso son pocos los que están
en la planilla de pagos, uno que otro con recibo o factura, es decir a
sueldo mercenario de Telefónica y que tributan loas que los dólares
pagan?

Las castas políticas actuantes hoy han probado ¡una vez más! su
aniquilación absoluta y sin atenuantes. ¡No sirven para nada! Ni
siquiera para poner en vereda a una empresa famosa por sus robos y
estafas. Con razón inverosímil, aquí también, Telefónica se ha vuelto
rica, muy rica.

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

¡Sólo el talento salvará al Perú!

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Tuesday, August 21, 2007

¿San Dionisio el gran concertador?

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
21-8-2007

¿San Dionisio el gran concertador?

Con el entusiasmo a las derechas que caracteriza al presidente Alan
García ha enunciado la necesidad de una figura concertadora para que
dirija la gran tarea en pro de los damnificados del sismo en Ica.
Entre los candidatos (¡no se ría, amigo lector, en Perú cualquier cosa
ocurre!) está ese pro-hombre de cualidades inefables y que es un
símbolo a imitar por los empresarios del Perú: San Dionisio Romero
Seminario, el banquero de los banqueros. La versión, from the horse's
mouth, no haría sino cerrar una brecha histórica que se remonta al
primer desgobierno de García Pérez.

Los más jóvenes no guardan memoria de un suceso que salió de la
fecunda imaginación del señor García que entre 1985-1990 no llegaba
aún a los 40 años. Entonces decidió la afectación de la banca y entre
estas instituciones estaba el Banco de Crédito, fortín, base y
sacrosanto templo de San Dionisio que se resistió heroicamente, sacó a
sus empleados a la calle y hasta los hizo accionistas. Reveló, secreto
a voces, que él había repartido dinero entre todos los candidatos y
que había apostado, arriba y abajo, para garantizar la estabilidad
jurídica y la posición de dominio de su organización. La historia es
conocida, García salió por la pata de los caballos. Pero se forjó una
deuda histórica, a punto en nuestros días, de saldarse, para alegría
de unos cuantos.

¿Podría parecer inverosímil que San Dionisio sea el gran concertador
del que habla y enuncia con características maravillosas el jefe de
Estado? ¡De ninguna manera! El banquero es un déspota cabal; su
frialdad en la toma de decisiones la sufre su entorno inmediato con
mentadas de madre, dicterios y maltratos a los que se han acostumbrado
y cuyo linimento mensual se traduce en miles de dólares. Es decir, el
trueque humillación por la compra de sus conciencias, tiene una
patética realidad en este mal ejemplo. ¿No ha negociado, dando
muestras de su capacidad de concertación, San Dionisio, con todos los
gobiernos? ¿no ha comprado al peso, por viajecitos con bolsa de viaje,
a múltiples parlamentarios, ministros, jefes de gabinete, burócratas,
generales, embajadores, periodistas, sociólogos, abogados, poderes de
Estado completitos, con opíparos y registrados dólares el generoso
empresario de marras? Su capacidad de acercamiento con el hombre que
marca la diferencia la soluciona San Dionisio con su versatilidad de
hierro que no admite ni la más mínima réplica porque quien lo haga es
puesto de patitas en la calle ipso facto. Por tanto, San Dionisio es
concertador, un ejecutivo de éxito (y éste, entre los pervertidos
empresarios peruanos consiste en agachar la cabeza y aguantar de todo,
mientras que ganen a manos llenas), es decir en buen romance, tiene
las condiciones para capitanear la campaña que hoy nos ha enseñado lo
bondadosos que son los dueños de empresas en Perú.

Curioso país en que las cuitas tribales, de parroquia pequeña, de
covacha minúscula, entre personalidades, dictan la vida de 26 millones
de habitantes sin proyecto nacional, aguantadores de empresas
forajidas que, como Telefónica, yugulan apenas producido el sismo, la
comunicación total y enmudecen a la nación, y nadie puede hacer nada
porque todos los ministerios están al servicio de las transnacionales
y a favor de las concesiones y privatizaciones porque éstas traen
capital, tecnología, modernidad. Algo así como los espejitos que
mostraban los conquistadores a los regnícolas, produciendo asombro,
destello e idolatrías hasta hoy en el alma colectiva y popular. Es
decir, se habría cerrado el ciclo de aparente enemistad entre el
carismático banquero de los banqueros, San Dionisio, y el hoy
nuevamente mandatario Alan García. Los ochentas se enterrarían en los
2000, en nombre del lucro criminal y lava-rostro que se emprendería
desde las alturas, para forjar la gran concertación, el Perú de todas
las sangres (azules y dolarizadas), de las que el pueblo sólo forma
parte literaria y para el discurso, porque sigue aherrojado a un
sistema en que son pobres porque así deben serlo y otros son ricos
porque son los Mesías que la historia propone.

No extrañe pues que en las próximas horas se consagre a San Dionisio
Romero Seminario como el gran concertador que el Perú necesita. O que
cualquiera de sus esbirros haga ese papel y éste se reserve, como hoy,
como siempre, el puesto inobjetable de gran titiretero de esta
república bananera con hombres acostumbrados a estar de rodillas y a
hacer según el monto de dólares puestos a su disposición.
¡Impresionante por fétido el acervo de sorpresas de esta caja de
Pandora chola!

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

¡Sólo el talento salvará al Perú!

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Monday, August 20, 2007

¿Concesiones para retroceder?

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
20-8-2007

¿Concesiones para retroceder?

Revela la lógica, de modo inexcusable y sin lugar a debate, que si se
hacen concesiones de bienes públicos, es para que el país obtenga todo
aquello que no puede brindar per se, es decir, porque carece de
capital, tecnología de punta e impulso que, dicen, trae la empresa
privada. Pues bien, luego del terremoto del miércoles 15, a los pocos
minutos de su ocurrencia, los malhechores de Telefónica ¡simple y
llanamente cortaron el servicio fijo y celular! Sin embargo la
comunicación vía internet, que usa la misma línea y por la que se paga
también caro, continuó como si nada hubiera ocurrido. ¿Qué excusa
razonable pueden dar estos tipos de Telefónica?

Concedamos la posibilidad que la violencia del sismo hiciera colapsar
esos sistemas. Pero lo normal, por lo que cobran, impele a pensar que
debiera existir un resguardo de emergencia ¡justamente para esta clase
de circunstancias! ¡Pero no, aquí no funcionaba el 195, el 116,
ninguna ambulancia, nada de nada! ¿No parece de un ridículo mayúsculo
que el presidente tuviera que apelar a una radioemisora comercial para
poder comunicarse porque ni siquiera en Palacio había cómo hacerlo?
Amigos de un país bananero, me comentan que en sus respectivos sitios
¡sí hay teléfonos satelitales y que los usan en estos casos!

¿Dónde están las inversiones de Telefónica? ¿cómo enmascaran o fingen
desarrollos enormes si cuando son llamados a la coyuntura difícil, no
responden, regalan excusas, bajo el manto protector de una ministra y
una viceministra que parecen estar en la planilla de pagos de esa
empresa? Como en los días aciagos de la dictadura militar en
Argentina, primero disparaban y luego preguntaban por el nombre. Aquí
asaltan a mansalva los de Telefónica y luego obsequian discursos,
monsergas, mentiras, toda clase de groserías contra la dignidad de los
peruanos.

El lado horrible, anti-laboral, explotador, miserable, de las
concesiones o privatizaciones ha aparecido en todo su furor a
consecuencia de un terremoto que no sólo desnudó las taras
administrativas de un Estado bananero como el nuestro, sino que
despintó a una empresa que gasta millones de dólares en el soborno de
burócratas con alto cargo, parlamentarios de todos los Congresos,
periodistas mermeleros capaces de cualquier cosa con tal de llenar la
valija de dineros mal habidos, Telefónica es una simple porquería de
empresa. No fue casualidad que años atrás, luego del fraude electoral
que impulsara para su reelección el nipón cobarde Kenya Fujimori, la
primera empresa quemada en la Calle Real en Huancayo, fuera, esta
misma Telefónica.

Otro ejemplo.

Antes que Kenya Fujimori concesionara las empresas eléctricas, el
cableado era subterráneo. Pero el contrato posibilitó el cableado
aéreo que es más barato y que implica menos costo para los
"inversionistas". ¿No fueron los cables premunidos de energía mortal
en caso de colisión, los que pendían, luego del sismo, de postes
inseguros en todas las grandes avenidas y calles de las zonas
afectadas? Estos se movían al viento y aunque por suerte no hay
víctimas de los dichos artefactos ¿por causa de qué se tiene que vivir
en este salvajismo urbano y a la mala? ¿porque unos forajidos lograron
invertir menos, ganar más y explotar a su regalado gusto?

Se hizo mucha propaganda en torno a la venta del avión presidencial. Y
sin embargo, ha sido Lan, la aerolínea chilena que tiene el cuasi
monopolio del mercado de pasajes peruano, la que trasladó vituallas
para los damnificados. ¿No habría sido mejor acondicionar esa aeronave
para que la FAP lo utilice en vuelos civiles como en este caso?

Por último, la invocación presidencial para que cómicos o artistas
vayan a premunir de "entretenimiento" a los compatricios del sur, no
puede ser sino interpretada como una cuota de estupidez superlativa
producida por el cansancio. Si se trata de entretenimiento ¡que
trasladen a los 120 parlamentarios a Pisco y los hagan vivir allí unos
seis meses, a ver si aprenden lo que es canela! ¡Qué disparate! No es
hora de entretenimientos, sino de solidaridad, firme, militante, veraz
y, sobre todo, ¡honesta!

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

¡Sólo el talento salvará al Perú!

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Ingredientes de una maliciosa estrategia en marcha

Ingredientes de una maliciosa estrategia en marcha
por Félix C. Calderón
La Razón, 20-8-2007

Con motivo de la publicación por parte del Gobierno peruano, el pasado
domingo 12 de agosto, de la carta que grafica el límite exterior
–sector sur– del dominio marítimo del Perú, se ha desencadenado en
Chile una inusitada ofensiva mediática que corresponde analizarla con
cierto detenimiento con el objeto de determinar el fin que persigue.
Dicho de otra manera, esta reacción aparentemente airada de los
chilenos no es un hecho casual ni guarda relación directa con el acto
soberano del Perú, sino que respondería a una finalidad distinta.
Veamos los hechos.

Por un lado, voceros autorizados de La Moneda se han puesto en la
condición de ofendidos, señalando grosso modo que lo dispuesto
soberanamente por el Gobierno del Perú no es aceptable para su país,
negándole "efecto jurídico internacional." Con mucho de teatro y una
apariencia de firmeza, un desencajado canciller chileno declaró ese
mismo domingo 12: "quiero decirlo muy claramente (sic), desconoce los
tratados vigentes sobre la delimitación fronteriza (sic) con Chile",
agregando que su país continuará ejerciendo "plenamente" todos los
derechos que le corresponden "en los espacios bajo su soberanía y
jurisdicción." Finalmente, señaló que con la publicación del mapa se
contradecía "todos los esfuerzos para avanzar en todos (sic) los
ámbitos de la relación bilateral" durante los últimos años. A esto
sumó el redactor como un trascendido que "se habría reafirmado las
instrucciones vigentes en tal sentido a la Armada de Chile. (El
Mercurio, edición de 13 de agosto de 2007).

Por otro lado, en un tono más o menos belicoso, algunos congresistas
chilenos han dado a conocer su opinión, sin faltar el gesto
destemplado del presidente de la Cámara de Diputados Patricio Walker
que, al parecer, habría cancelado su visita al Perú por considerar el
hecho como "una provocación mayor", u otros más rocambolescos que
aventuran que se ha puesto en peligro la paz bilateral o que se trata
de una actitud hostil. En suma, la reacción oficial y oficiosa en
Chile busca trasmitir al mundo la sensación de sorpresa, indignación
y firmeza contra lo que es presentado como una acto inamistoso y
violatorio del Derecho Internacional.

Surgen, por tanto, algunas preguntas: ¿Desconocía Chile los actos
preparatorios del Perú que culminaron el 12 de agosto con la
publicación del mencionado mapa? ¿Es procedente considerar ese acto
del Gobierno del Perú como violatorio del Derecho Internacional?
¿Puede hablarse de "todos los ámbitos de la relación bilateral" sin
tener para nada en cuenta el problema bilateral con el Perú en materia
de delimitación marítima? En fin, ¿qué se pretende decir con ese
trascendido acerca de haber reafirmado las instrucciones vigentes a la
Armada de Chile?

Con relación a la primera pregunta, la respuesta es clara y
terminante: Chile estuvo al tanto, día a día, de lo que con todo
derecho venían trabajando rigurosamente los especialistas peruanos,
para contar con las mediciones más precisas posibles, en estricto
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4º y 5º de la Ley de
Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, Ley Nº 28621, que a su
vez encuentra su basamento constitucional en lo dispuesto en el
artículo 54º de la Constitución vigente. Es decir, lo que ha venido
haciendo el Perú en legítima defensa de sus derechos en el sector sur
de su dominio marítimo no era, en absoluto, nuevo en Chile, aparte que
suponemos que su Embajada en Lima fue meticulosa en sus regulares
informes al respecto. Sin ir muy lejos, en la reciente cumbre de
Tarija, el Presidente del Perú tuvo el gesto amical de informar a la
Presidenta de Chile acerca de la decisión del Perú de llevar el
litigio de marras a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No
era necesario, pero lo hizo en gesto de buena voluntad, porque estamos
hablando de una solución pacífica de la controversia. Y con motivo del
tradicional discurso a la Nación, el pasado 28 de julio, volvió a
reiterar esa decisión, sin doblez ni segunda intención de ninguna
clase.
Más aún, esta posición del Perú no es nueva. Ya en 1979, el artículo
98º de la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente consagró
de manera indubitable que "el dominio marítimo del Estado comprende el
mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la
distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de
base que establece la ley." Por ningún lado se hizo mención a los
paralelos geográficos, solamente a las líneas de base establecidas por
ley. Por eso, consistente con lo anterior, el 27 de agosto de 1980,
dentro del marco de la Tercera Conferencia de las Naciones sobre el
Derecho del Mar, el Perú dejó constancia en actas que con respecto a
los criterios de delimitación, a falta de convenio específico de
delimitación concertado de manera expresa para fijar definitivamente
los límites de tales zonas, debía aplicarse como regla general la
línea media o la equidistancia, por tratarse del método más idóneo
para llegar a una solución equitativa. Como lógica consecuencia y
dentro del espíritu de encontrar una solución dialogada al problema
bilateral, en mayo de 1986 el Gobierno peruano tomó la iniciativa, a
través de un enviado especial, de plantear a su contraparte chilena el
inicio "en el futuro de conversaciones acerca de sus puntos de vista
referentes a la delimitación marítima." Propuesta que fue
prudentemente respondida por el entonces canciller Jaime del Valle
"manifestando (luego de tomar nota) que oportunamente se harán
estudios sobre el particular." Vale decir, no se respondió con ninguna
bravata ni hubo tampoco un rechazo formal de Chile, como corresponde a
un entredicho entre países civilizados.

La Constitución de 1993 se limitó, como es obvio, en su artículo 54º a
transcribir ad litteram ese derecho previamente consagrado en la
Constitución de 1979. Y cuando el Gobierno chileno, con fecha 21 de
setiembre de 2000, depositó en la Secretaría General de Naciones
Unidas de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Naciones
Unidas sobre Derecho del Mar (Convemar) de 1982, las cartas en las que
incluía su pretensión sobre la línea del paralelo como límite marítimo
con el Perú, la Representación Permanente del Perú respondió mediante
nota de fecha 21 de enero de 2001, para dejar expresa constancia de
que el Perú no reconocía esa línea imaginaria como límite marítimo
entre ambos países. Es más, como una manera de cortar por lo sano lo
que podía convertirse en un diálogo de sordos, el 19 de julio de 2004,
el Gobierno del Perú propuso formalmente a su par chileno el inicio de
negociaciones bilaterales para resolver la controversia, avanzando un
plazo como una forma de evitar que el asunto se remitiera en Chile a
las calendas griegas. Por último, en apretada síntesis, no obstante la
negativa chilena de 10 de setiembre, a la propuesta peruana, ese mismo
año, 2004, concretamente el 4 de noviembre, los cancilleres del Perú y
Chile suscribieron un Comunicado Conjunto, en el marco de la XVIII
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, en el que,
al margen de señalar que se tienen posiciones distintas, dejaron
expresa constancia del carácter jurídico de la cuestión (la
delimitación marítima), además de constituir "estrictamente un asunto
bilateral (sic)."

Entonces, si por cerca de 30 años y a medida que se verificaba un
vuelco fundamental en la doctrina y la normativa del Derecho del Mar,
el Perú se cuidó de dejar sentado su derecho en cuanto al límite
exterior – sector sur- de su dominio marítimo, ¿cómo explicar, ahora,
tanto aspaviento o la aparente sorpresa de los chilenos? ¿No resulta
desproporcionada esa reacción oficial a la luz de lo antedicho? ¿O es,
más bien, uno de los ingredientes de una maliciosa estrategia en
marcha? La respuesta es una y la encontraremos más adelante.

En cuanto a la siguiente pregunta si ha incurrido el Perú en violación
del Derecho Internacional, la respuesta es concluyente: no. Todo lo
contrario, ha puesto en evidencia que el Derecho Internacional ha sido
hecho para ser respetado. En efecto, si el 4 de noviembre de 2004 el
canciller de Chile, Ignacio Walker, suscribió un Comunicado Conjunto
con su homólogo peruano en el que se precisaba de manera meridiana que
el "tema de la delimitación marítima entre ambos países (...)
constituye estrictamente (sic) un asunto bilateral", ¿por obra de qué
conjuro, entonces, pretende Chile fundar arbitraria y unilateralmente
una supuesta delimitación marítima con el Perú al amparo de un
convenio de naturaleza multilateral? Si es "estrictamente un asunto
bilateral" como ha reconocido formalmente por escrito Chile, ¿dónde
está el tratado bilateral sobre delimitación marítima concluido con el
Perú? A fortiori, también se reconoció en esa oportunidad que la
cuestión de la delimitación marítima es de naturaleza jurídica, de
donde se desprende sin mayor esfuerzo que es imposible concretarla
fuera del marco de un tratado o acuerdo ad hoc, concluido con esa
finalidad expresa y determinada, de carácter bilateral y respetando
estrictamente las formalidades que secularmente le reconoce el ius
cogens a los tratados o convenios de delimitación fronteriza entre dos
Estados en lo que atañe a su celebración y entrada en vigor (plenos
poderes, forma de manifestación del consentimiento en obligarse por el
tratado, canje o depósito de los instrumentos de ratificación, y
manera y fecha de la entrada en vigor propiamente dicha). La doctrina
y la jurisprudencia internacional sobre el particular van en abono de
este aserto. Por tanto, no es el Perú quien pone en aprietos al
Derecho Internacional, sino Chile, si se tiene en cuenta que la
posición peruana, repetida una y mil veces, es que no existe un
tratado bilateral con Chile sobre delimitación marítima.

Es verdad, que Chile esgrime como tal la Declaración de Santiago o
"Declaración sobre Zona Marítima" de 18 de agosto de 1952, combinada
curiosamente con el "Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima"
de 4 de diciembre de 1954. Sin embargo, aparte que la propia
naturaleza MULTILATERAL de la "declaración" y del acuerdo
complementario los hace impropios, inválidos, desde el punto de vista
del ius cogens, como para zanjar la delimitación marítima entre dos
Estados (porque ésta, repetimos, es un problema forzosamente
bilateral); existen, adicionalmente, los problemas de la finalidad
expresa de ambos (proteger y aprovechar los recursos marinos) y las
formalidades simplistas que se siguieron para su entrada en vigor, que
los convierten más en resoluciones que en tratados o convenios, por
más que nuestros vecinos se esmeren en soterrar o soslayar esa
condición sui generis.

En el acuerdo de 1952, la finalidad expresa fue "conservar y asegurar
para sus pueblos respectivos las riquezas naturales en las zonas del
mar que baña sus costas (sic)." Por eso, se "declaró" la voluntad
multilateral (tres países) de "proclamar" una zona de soberanía y
jurisdicción exclusivas "hasta (sic) una distancia de 200 millas
marinas desde la referidas costas." Dicho de otra manera, en esa
declaración multilateral, de un espíritu netamente resolutivo (no
contractual), los Estados signatarios se comprometieron a proteger a
través de un acto unilateral una indeterminada ("hasta") zona de mar
que baña sus costas en función de la finalidad expresa. Tan genérica y
referencial fue esa "declaración", lo cual no podía ser de otra manera
porque la comunidad internacional se encontraba en el período
neolítico del Derecho del Mar, que no constituyó un requisito
indispensable su aprobación por los respectivos Congresos de los
Estados involucrados ni se estipuló la modalidad de su entrada en
vigor. Aspectos éstos de suma importancia, porque la delimitación
marítima entre dos Estados si se quiere que sea "eterna" debe ser
producto de un tratado o convenio bilateral, concluido formalmente y
aprobado por el Poder Legislativo de ambos países, para después
proceder a su ratificación en buena y debida forma.

Por otra parte, dentro del marco de esa misma finalidad de
"explotación y conservación de las riquezas marítimas del Pacífico
Sur", declarada en 1952, se adoptó dos años más tarde, siempre en el
plano multilateral, el "Convenio sobre Zona Especial Fronteriza
Marítima", que tampoco exigió como condición sine qua nom a los
Estados firmantes el requisito de la aprobación de los respectivos
Congresos ni especificó la fecha de entrada en vigor. Si se revisa su
texto, no son "los Estados Partes" los que se comprometen ni mucho
menos se exige la ratificación como expresión del consentimiento de
los Estados en obligarse por dicho convenio. Y en cuanto a su
contenido, si bien se habla de "límite marítimo" éste solo tiene un
carácter meramente referencial de la columna de agua suprayacente para
establecer esa "zona especial" de diez millas marinas de ancho a cado
lado a partir de las 12 millas marítimas de la costa. Nada se dice del
zócalo continental ni del status jurídico del espacio dentro de esas
12 millas; por cuanto, su objeto, como ha quedado dicho, era "evitar
la posibilidad de involuntarias infracciones" entre "los pescadores"
que pudieran traducirse en fricciones entre los países vecinos. Es
decir, el "objeto y fin" del convenio no era la delimitación marítima,
y no podía serlo porque se trataba de un convenio de menor cuantía de
naturaleza multilateral vinculado a la "declaración" de 1952. Su razón
de ser fue coadyuvar a determinar la posición en alta mar de las
embarcaciones. De allí su carácter reglamentario relativo a la "pesca
o caza", lo que explica que en el párrafo segundo no se considere la
presencia accidental en la "zona especial fronteriza marítima" como
"violación de las aguas en la zona marítima", pues más que acuerdo de
delimitación marítima era un simple y expeditivo procedimiento de
fortalecimiento de la confianza entre los Estados vecinos. Por eso, la
simplificación extrema de formalidades en términos contractuales y su
subordinación a los eventuales incidentes entre los pescadores lo ha
hecho con el paso de los años un documento inútil, anacrónico,
totalmente superado por el progreso de las tecnologías.

Así las cosas, en 1958 tuvo lugar, en Ginebra, la Primera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Un hito
revolucionario en la historia de este novísimo derecho en tanto en
cuanto fue allí cuando se adoptaron, por vez primera, cuatro
convenciones sobre la materia, aunque sin llegar necesariamente a
ponerse de acuerdo sobre algunos puntos capitales, como la anchura del
"mar territorial." Es decir, la "declaración" con las proclamaciones
unilaterales y el convenio de menor cuantía de 1954, ambos de carácter
multilateral, aplicables a tres Estados del Pacífico Sur, fueron
apenas bosquejos o wishful thinking, con un fin explícito distinto al
de la delimitación marítima. El hecho mismo que en Ginebra, en 1958,
se hayan adoptado cuatro convenciones relativas al derecho del mar, da
una idea de la visión de compartimentos estanco que todavía se tenía
de los diferentes espacios involucrados en el Derecho del Mar. Por
consiguiente, no es de extrañar que no existiera aún una relación
directa entre los derechos de soberanía del Estado costero sobre la
plataforma continental y el estatus legal de las aguas suprayacentes.
Asimismo, la Convención sobre Mar Territorial incluía el concepto
gaseoso de "zona contigua", y decimos así porque no precisaba su punto
de inicio al no existir acuerdo sobre la anchura del mar territorial.
En pocas palabras, los cincuentas y sesentas fueron años de fragua del
Derecho del Mar, la preocupación de los Estados se centraba
primordialmente en definir los límites exteriores de su soberanía y
jurisdicción sobre el mar adyacente a sus costas con el propósito de
proteger y aprovechar los recursos existentes en esa zona.

Solo para tener una idea del salto doctrinal y normativo que se
produjo en la década de los setentas, el concepto de "zona económica
exclusiva" apareció recién en la reunión que tuvo lugar en Lagos en
1972, de suerte tal que cuando se inició la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1973, tanto este concepto
como el correlativo de las 200 millas adquirieron sentido. La misma
suerte no tuvo, sin embargo, el concepto de "mar territorial" sujeto
en los siglos XVII y XVIII al límite de las tres millas naúticas,
equivalente al alcance del tiro de cañón, y que desde la Liga de las
Naciones, en 1930, osciló en el plano multilateral entre las tres y
doce millas, para terminar en doce millas con la Convemar de 1982.

Por eso, cuando en 1968 y 1969 el Perú y Chile suscribieron notas
referidas a la instalación de faros de enfilamiento, ninguna de las
partes podía estar pensando en zanjar el problema de la delimitación
marítima, debido a la pobreza que todavía exhibía el Derecho
Internacional consuetudinario en ese ámbito, no existiendo acuerdo
firme, convencional y universalmente definido en cuanto a la anchura
del mar territorial. Ergo, el objeto de esos documentos suscritos en
1968 y 1969 no pudo ser otro que el señalar una línea de referencia
para un fin menor, cual es de tener una zona de tolerancia pesquera,
de allí que le sirvan de sustento precario los documentos cuasi
resolutivos multilaterales de 1952 y 1954. Mal podían dos Estados
costeros disponer de un espacio marítimo que no era visto todavía
desde la perspectiva tridimensional por todos los Estados. A decir
verdad, el Derecho del Mar atravesaba por su período medieval en lo
atinente a soberanía y jurisdicción del Estado costero sobre su mar
adyacente.

Si bien es verdad que en ambos documentos de 1968 y 1969 se hace
mención a la expresión "límite marítimo"; es igualmente cierto que
tampoco aparece por ningún lado una referencia explícita al tratado
bilateral que debió previamente definir el espacio marítimo del que se
está hablando, porque esa pretensión insólita de identificar el punto
de inicio del supuesto paralelo de la línea marítima con el "Hito
número uno (Nº 1)" solo tendría asidero si previa y formalmente así
fue convenido por el Perú y Chile en un tratado válido. Condición ésta
indispensable, pues en ese preciso momento ya era parte del ius cogens
la necesidad de un acuerdo bilateral entre dos Estados con costas
adyacentes o, por defecto, la línea media o de equidistancia. Peor
aún, el ius cogens prohibía ir más allá de esa línea media o de
equidistancia a falta de acuerdo bilateral expreso. De donde se sigue
que el fraseo que aparece en la introducción del documento de 22 de
agosto de 1969, por el cual los representantes del Perú y Chile, luego
"de verificar la posición geográfica primigenia del Hito de concreto
número uno (Nº 1) de la frontera común (sic)", se refieren a "fijar
los puntos de ubicación de las Marcas de Enfilación que han acordado
(sic) instalar ambos países para señalar el límite marítimo", carece
de validez jurídica por no estar basado en un tratado bilateral que
consagre ese acuerdo. La frase "que han acordado instalar ambos
países", impone la siguiente pregunta a cualquier lego en la meteria:
¿En qué momento el Perú y Chile acordaron que la ubicación de la
"Marcas de Enfilación" implicaba señalar el límite marítimo entre
ambos países? Como es sabido, el punto inicial o final (como mejor
parezca) de la demarcación de la frontera entre Perú y Chile con
arreglo al Tratado de 1929, resulta ser, stricto sensu, la
intersección del arco de diez kilómetros de radio con el Océano
Pacífico, de conformidad con lo estipulado en el artículo 2º del
Tratado de 1929 y el "Acta Final de la Comisión de Límites con la
descripción de los hitos colocados", de 21 de julio de 1930. Y para
infortunio de los chilenos, el documento de abril de 1968 tampoco
brinda el sustento jurídico necesario, pues allí se dice algo peor:
"estudiar en el terreno mismo la instalación de marcas de enfilación
visibles desde el mar, que materialicen el paralelo de la frontera
marítima que se origina en el Hito número uno (Nº 1)." Para que estos
documentos supuestamente de demarcación tengan algún valor en
cualquier órgano jurisdiccional internacional, es menester exhibir al
mismo tiempo el tratado bilateral que establece la delimitación
propiamente dicha con arreglo al derecho internacional. Todo lo demás,
es precario jurídicamente y hasta pueril.

Tan deleznable es la posición oficial de Chile sobre el particular,
que conviene saber si ha guardado coherencia en esos casi 30 años en
que el Perú viene reclamándole concluir un tratado de delimitación
marítima. Por definición, la buena fe preside el inconmovible
principio del pacta sunt servanda en el cual se funda todo el Derecho
Internacional. Y la coherencia a través del tiempo es uno de los
criterios para medir la buena fe.

Para referirnos tan solo a los últimos siete años, aun cuando esos
documentos de 1968 y 1969 no podían modificar en un ápice el
sacrosanto Tratado de 1929, es pertinente preguntarse ¿fue coherente
Chile en cuanto al supuesto inicio en la costa de su pretenso límite
marítimo? En la nota de 10 de setiembre de 2004, la entonces ministra
de Relaciones Exteriores de Chile, Soledad Alvear, después de señalar
que no era procedente "referirse a negociaciones sobre convenios
vigentes (sic)" , agregó: "que han establecido el límite marítimo
entre Chile y Perú en el paralelo 18º 21' 03'' (sic)." En un sentido
más tajante se pronunció el canciller Ignacio Walker en nota de 3 de
noviembre de 2005: "que establecen inequívocamente (sic) la existencia
del paralelo que fija el límite marítimo entre Chile y Perú ubicado en
18º 21' 03'' (sic) de latitud Sur." Sin embargo, cuando Chile presentó
a la Secretaría de Naciones Unidas, el 21 de setiembre de 2000, las
cartas elaboradas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16º,
párrafo 2, artículo 75º, párrafo 2, y artículo 84º, párrafo 2 , de la
Convemar, acreditó el paralelo 18º 21' 00'' como límite de su supuesta
frontera marítima con el Perú.

En la hipótesis negada de que la frontera marítima peruano-chilena
hubiera sido establecida conforme al Derecho Internacional, ¿es
posible que el mismo Estado que sostiene esa tesis ofrezca
oficialmente como punto de inicio paralelos diferentes? Pese a que el
origen de esa distinción no la explican los documentos antes
mencionados, los chilenos pueden arguir que se trata, en puridad, del
mismo paralelo si se emplean las coordenadas astronómicas. Pero, ¿no
es ésa otra forma de demostrar la inexistencia de un tratado bilateral
de delimitación marítima? Por eso, resulta peregrina la tesis que
sostiene que los documentos de 1968 y 1969 (escondidos bajo la
denominación "otros acuerdos vinculantes") establecieron
"inequívocamente" una supuesta frontera. ¿Qué cosa significa
"inequívocamente"? Solo un tratado bilateral fija los parámetros de
manera inequívoca. De lo contrario lo único inequívoco sería la
incoherencia.

¿Qué dicen algunos especialistas chilenos cuando tienen que abordar,
desde el punto de vista académico, esta incoherencia que presenta la
posición chilena? Si los documentos de 1968 y 1969 no se fundan en un
tratado ad hoc que contenga la aceptación explícita de los dos Estados
en cuanto a la delimitación marítima y, por ende, defina el punto de
inicio, imaginario o no, ¿es posible inventar un punto de inicio
dentro del marco de un procedimiento administrativo que respondía a
otra finalidad y completamente ajeno al procedimiento taxativo
estipulado en el artículo 3 del Tratado de 1929, relativo a la
demarcación de la línea fronteriza allí consagrada? Estamos seguros
que a estas alturas del raciocinio el lector ya tiene parte de la
respuesta a la última pregunta planteada al inicio; por cuanto, las
bravatas, la dosis volitiva de prepotencia y el minué de la Marina de
Guerra chilena, no serían más que reflejo de esa debilidad argumental,
que en La Haya puede muy bien hacer que su posición se desmorone como
un castillo de arena. Pues, si tuviera Chile la certeza de tener el
derecho de su lado, en vez de adelantar la incompetencia de la Corte
Internacional de Justicia de la Haya, debería, por el contrario,
manifestar su disposición a concurrir con amplitud de miras para
zanjar su diferendo limítrofe con el Perú. Pero, ¿es el comportamiento
tradicional de Chile respetuoso del Derecho Internacional? ¿Qué dice
la historia?

En 1879, el Perú se vio envuelto en una guerra de agresión emprendida
por Chile, a causa de su "cándido heroicismo" de querer seguir dando
crédito a un tratado defensivo que había perdido su sentido por el
rechazo de Argentina. La guerra se concluyó luego de imponer el
invasor a Miguel Iglesias como presidente y, previamente, obligarlo a
aceptar las condiciones de paz. Y puesto que se trataba de hacer
capitular al vencido, la aprobación del Tratado de Ancón por el
Congreso Constituyente peruano, en marzo de 1884, se hizo bajo la
coerción de las bayonetas del ejército de ocupación chileno. El
plebiscito que debía organizarse en diez años para decidir la suerte
de las provincias cautivas de Arica y Tacna, fue incumplido por Chile,
procediendo más bien desde 1900 al primer national cleansing de la
historia en el mundo a fin de ganar dicho plebiscito. Pero, como los
peruanos en las provincias cautivas no se dejaron arredrar por la
bota, tuvo Chile que aceptar, por fin, en julio de 1922 la
participación arbitral de Estados Unidos. Sin embargo, desde fines del
siglo XIX volvió a desconocer el Tratado de Ancón, usurpando también
una parte importante de la provincia de Tarata. Enseguida,
unilateralmente, dispuso en 1902 el trazo del ferrocarril Arica-La
Paz, mordiendo, precisamente, una esquina de la provincia de Tarata
que, como se sabe, no era objeto del Tratado de Ancón. Además, en el
tratado de paz y límites con Bolivia, de 1904, cedió a este país
porciones de la provincia de Arica cuya suerte estaba todavía por
decidirse en el plebiscito. Es decir, los hechos consumados, nótese
bien, habían pasado a ser parte de su arrolladora conducta, con total
prescindencia del Derecho Internacional de la época. Cuando vio en
1926 que podía perder el plebiscito y era inminente que devuelva la
totalidad de la porción de la provincia de Tarata indebidamente
ocupada, puso obstáculos a la mediación estadounidense a cambio de
solicitar el arreglo bilateral con el Perú. Concluido el Tratado de
1929, Chile no devolvió la totalidad de Tacna ni el pedazo usurpado de
Tarata y, encima, privó de puerto a Tacna, aunque comprometiéndose a
construir un muelle para el Perú con base en un plano de desarrollo
portuario que tampoco respetó. Y en noviembre de 1999, cuando se
concluyó el Acta de Ejecución volvió a infringir el Derecho
Internacional en la medida que en el artículo 1. declaró haber
construido el muelle "para el servicio del Perú dentro de los mil
quinientos setenta y cinco metros de la bahía de Arica." Mas, las
dudas campean. ¿Se encuentra realmente ese costado de muelle, inútil y
ridículo, dentro de los mil quinientos setenta y cinco metros de la
bahía de Arica, tal como lo prevé el artículo 5 del Tratado de 1929?
¿Qué pasaría si se comprueba meridianamente que ése no es el caso? En
una palabra, ¿quién se ha caracterizado históricamente por hacer
escarnio del Derecho Internacional?

Con relación a la tercera pregunta formulada, al inicio ¿se puede
avanzar en "todos los ámbitos de la relación bilateral" con
prescindencia del serio y urticante problema de la delimitación
marítima peruano-chilena? Hasta donde se sabe, los Presidentes del
Perú y Chile, el 20 de setiembre de 2004, con ocasión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas coincidieron en que la controversia
bilateral sobre delimitación marítima debía tratarse "por cuerda
separada", dentro de un marco estrictamente jurídico. Por otro lado,
¿en qué queda la declaración del canciller chileno de entonces Ignacio
Walker de que ese litigio constituía "estrictamente un asunto
bilateral"? Evidentemente, resulta un contrasentido referirse a "todos
los ámbitos de la relación bilateral" con un enfoque unilateral à la
carte. Existe una controversia entre el Perú y Chile, de carácter
jurídico, en materia de delimitación marítima y pretender negarlo es
querer tapar el sol con un dedo.

Llegamos, así, a la última pregunta, ¿qué se pretende crispando la
atmósfera bilateral y dramatizando el estado de ánimo con paseíllos de
un par de patrulleras? Somos de los que creen que en este siglo XXI
han perdido sustento las guerras de agresión. Por tanto, no parece que
los tambores de guerra suenen en esa dirección. No. Sin embargo,
consciente como es Chile de que la posición jurídica que sustenta su
pretensión es inconsistente, no tiene, al parecer, mejor expediente a
la luz de su comportamiento histórico, que recurrir a las bravatas y
gestos destemplados para evitar de esta manera que sea puesta otra vez
en evidencia su conducta usurpadora. No es que tenga derecho, lo que
ocurre es que teme al derecho.

Antes de concluir, es deseable que en el Perú todos, sin excepción,
cierren filas por una causa de indiscutible alcance nacional. Y
aquellos que creen que pueden marchar a contracorriente para que otros
sepan que existen, deberían pensarlo dos veces antes de hablar para
subrayar lo que no es sustancial en el reforzamiento de la posición
peruana. La patria requiere en esta hora de la unión y la prudencia,
no de la discrepancia sobre lo contingente ni la apostilla enfermiza
que en nada abona a la defensa del interés nacional. Por eso, aquellos
que improvisan con la máscara de "internacionalistas" sería preferible
que piensen primero si sirven al Perú o a la antipatria.

Saturday, August 18, 2007

¡Vendepatrias!

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
18-8-2007

¡Vendepatrias!

Sólo después del sismo y luego que se comprobara (arrancando por el
presidente García), que los muertos sumaban centenas, las empresas
tomaron debida nota que existían peruanos más allá de sus planillas de
pago (siempre explotadores) y que hay vida allende y aquende sus
castillos dorados plenos en contratos con estabilidad jurídica,
licitaciones con dedicatoria y robos legalizados por múltiples
estudios de abogánsteres. Para lavarse el rostro y para "quedar bien"
son las que lideran las campañas de recolección de vituallas, víveres
y medicinas para los damnificados. ¡Qué hipocresía mayúscula!

A los vendepatria no les gusta que les llamen así. Son apologistas pro
domo sua de la empresa privada a la que atribuyen poderes mágicos y
salvadores del caos social y denostan del Estado del cual viven casi
simpre por trapisondas y favoritismos de gobiernos absolutamente
presos de convenios tácitos y coimas que jamás guardan recibo.

Luego que las comunicaciones telefónicas fijas y celulares se cayeran
el miércoles pasado, lo que no ocurrió con Internet –y nadie ha
explicado esto-, el jueves se presentó ante cámaras y micrófonos, la
viceministra de Transportes, Cayetana Aljovín, a dar explicaciones y
justificaciones. Habíamos anticipado que los mercenarios de imagen de
esa empresita ladrona, Telefónica, iban a hacer aquello. Lo que no
imaginábamos es la desverguenza que una viceministra iba a oficiar,
pretextos más, pretextos menos, de blindadora de semejante barbaridad.
¿Qué hubiera ocurrido en casus belli? La respuesta es sencilla: los
grandes vivos estarían fuera del país, como cierto ministro con
familia en Temuco; los otros estarían a buen recaudo hasta que pasen
los momentos "delicados". Y el resto del país, como siempre,
aherrojado al designio atolondrado de la improvisación, la estulticia
convertida en gobierno y la indignación impotente de una casta
política bananera para un país bananero y con empresas bananeras como
Telefónica. Por tanto la conclusión inequívoca es que la señora
Cayetana Aljovín ha incurrido en una evidente, aviesa e inaceptable
traición a la patria. ¿Le pagan para que defienda a empresas rufianas
o para que abogue por el Perú?

¡Ni qué decir de la titular del portafolio, la Verónica Zavala de los
5 millones de dólares, depositados, años atrás en un banco que luego
quebró y cuando era directora del Fonafe! Esta señorita, de
recientísimos arreglos cosméticos muy notorios (¿estará encantando muy
mucho a cierto funcionario público con el que anda arriba y abajo, en
Palacio y fuera de la ciudad?) es la defensora de Telefónica, de Lima
Airport Partners y sus múltiples trampas para no construir la segunda
pista; para no explicar los robos con las mangas; para no dar cuenta
de si están pagando las deudas incurridas luego de la autorización que
les diera la Addenda 4 del 2003; defensora a ultranza de mil y un
trapacerías en su ministerio y esas concesiones carreteras que apestan
y que tiene un muy bien pagado equipo de patibularios confeccionadores
de imagen en radio, diarios y televisión, incumple con su deber todos
los días y se burla del Perú. No sólo eso: trabaja contra el país.
¿Será cierto que está a punto de ser expulsada de la cartera? ¿Y será
juzgada porque la Contraloría General de la República ha encontrado
mérito penal a que sea denunciada por su pillería de los 5 millones?

Los vendepatria son una raza abominable. Hablan varios idiomas. No
sienten para nada al Perú del cual se acuerdan cuando la ocasión,
cualesquiera que fuese, así se los recomienda. Como hubo un sismo,
ahora se han vuelto "solidarios". ¡Cuánta mentira insensible, qué
basura espiritual, qué hediondez manifiesta la que poseen estos
infelices traidores a su pueblo! Pero allí están, engreídos por los
miedos de comunicación; protagonizando "campañas" que son sólo muy
epidérmico aseos de rostro. El alma negra, antichola, racista,
disolvente y de casta traidora, permanece como culpa eterna de eternos
complejos. ¿Actuará con rabia constructiva la casta política? Vamos a
ver. No pocos de esos viven en aparente contradicción, pero se
alimentan con los vendepatria porque de esos está construido el
fragilísimo edificio de la república de juguete que es el Perú. Aunque
nos duela decirlo.

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

¡Sólo el talento salvará al Perú!

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Friday, August 17, 2007

El embajador comeguano

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
17-8-2007

El embajador comeguano

El gentilicio comparativo, enderezado al representante del gobierno en
Chile, Hugo Otero Lanzarotti, no es mío. Pertenece al acervo filudo de
César Hildebrandt. Y aludió así al publicista que funge de embajador
en el país del sur cuya actuación empieza a dar visos de ignorancia
palmaria y torpezas cuestionables.

Cuando Otero ayer agradecía la ayuda humanitaria de Chile referida a
los damnificados por el sismo del miércoles, se lució con la
pronunciación perfecta de los agudos y corte de eses y la entonación
cantante del dejo sureño. No extrañe que en cualquier momento, en
tiempos de globalización y hermandad, que los chicos de Morandé 80, le
nombren, a su vez, embajador itinerante en Perú.

La difícil vecindad entre Perú y Chile, no es un asunto que pueda ser
tomado a la ligera so pretexto de inexistentes relaciones de 500 años
de historia o de argucias ante cancillería de La Moneda para impedir
la emisión de documentales chilenos que sí fueron, poco después,
vistos y criticados y con la evidencia del desdoroso mal paso de
nuestra representación diplomática en Santiago. Con la modesta
excepción singular nuestra, nadie ha comentado este acápite.

Escribió Hildebrandt: "El señor Otero ignora qué significa la palabra
eventual. Ignora también la historia. Por eso habla de quinientos años
de relaciones. Hace 500 años Chile era un apéndice olvidado de un
virreinato que había elegido a Lima como centro administrativo.
Aquella capitanía encerrada entre el océano y los Andes miró con
codicia al norte casi por necesidad y claustrofobia. Luego convertiría
la rapiña de su cóndor emblemático en un principio de su geopolítica.
Y el Perú y Bolivia serían sus víctimas recurrentes". (Gallinas
felices, La Primera, 14-8-2007) Y agregaría que aquél no toma pisco,
sinónimo de Perú, sino liba chupilca del diablo.

El embajador político pertenece a un partido de viejos lazos
fraternales con sus pares o similares chilenos, el tándem Apra-Partido
Socialista, reconoce hasta un canto común: la Marsellesa. Y eso,
arguyen, representa garantía única y convincente para toda clase de
arreglos. Sin embargo, olvidan, los cacareadores vernáculos de la
integración continental que el gobierno socialista de Chile es más
chileno que socialista. Y allí se acaba el disparate. Pruebas abundan
y millones de dólares invertidos en la compra de armamentos también.
Para mayor certificación, su gestora más importante, cuando fue
ministra de Defensa, es la actual presidenta, Michelle Bachelet.

¿Para qué se arma hasta los dientes y el cabello un país, si no es
para atacar a otro u otros, como ya ocurrió en el pasado? Bien dijo
Hildebrandt que los peruanos de hoy no somos los de 1879 o de 1836.
Una lamentable constante histórica que el mismo colega subrayó, es que
hoy seguimos contando con los quintacolumnas y proditores todoterreno
que fabrican pretextos y cortinas de humo de múltiple calibre. Como,
por ejemplo, los topo-traidores de la Convención del Mar.

Pero hay un hecho sobre el que se ha hecho casi nulo comentario. Meses
atrás, el inapropiadamente titulado documental televisivo "Epopeya"
fue impugnado por el gobierno peruano ante Chile por el embajador
Otero. El resultado fue un fiasco porque, como debía ser, éste fue
visto aquí y se comprobó un bodrio plagado de inexactitudes
antiperuanas. Pero, el asunto es que, cuando se quiere dar relieve a
cualquier cosa, entonces se hace ¡precisamente! cualquier cosa. ¿Cuál
fue la intención, a sabiendas de su probable como rotundo fracaso, del
portavoz que comprometió al gobierno peruano? ¿Han evaluado este
desmán en Torre Tagle? Esta clase de estupideces, sólo lo son en
apariencia, porque a nadie escapa la experiencia de todos los
involucrados en este infeliz capítulo del que nadie habla porque hay
amigotes cómplices en los medios de comunicación.

La tarea de Otero es, en estos momentos, sumamente delicada. Pero el
ojo alerta del Congreso no debe descuidar los dislates de que ha hecho
gala ya el señor de marras. Si no es capaz de comprender, por encima
de nacimientos fortuitos, simpatías acendradas, familia
mayoritariamente allá, cuál es su deber por respeto a los 26 millones
de peruanos y a la historia y sus mártires, debe licenciarse ¡en el
acto! al personaje y ubicar en la embajada en Santiago a alguien capaz
de tener pantalones y una irrebatible defensa del Perú.

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

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Thursday, August 16, 2007

¡Telefónica produjo un sismo grado 10!

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
16-8-2007

¡Telefónica produjo un sismo grado 10!

Si la naturaleza nos hizo recordar ayer a las 6.40 pm. y por más de
dos minutos que apenas somos casualidades mortales impotentes,
sacudiéndonos con un sismo grado 7.9 en su peor zamacón, la empresita
española Telefónica produjo otro que llegó o superó el número 10 en
cualquier escala de sinverguencería que, como todas las desfachateces
en Perú, hoy tendrá alguna "explicación" a cargo de los asalariados de
imagen.

Apenas segundos después del sismo, los teléfonos fijos y celulares
dejaron de funcionar. Pero las comunicaciones en Internet, que usan la
misma línea continuaron normalmente. Es decir, no había impedimento
alguno como que no se yuguló esa única veta en que pudimos informar de
lo acontecido en el país. ¿O será que cuando hay sismos, Telefónica
tiene un servicio automatizado, de alto nivel científico y tecnología
de punta que permite apagar los teléfonos, dejar Internet y provocar
el pánico en el resto del mundo?

Quien está fuera del país, y pareciera ser que de esos hay cientos de
miles de compatricios, captura su teléfono, celular o fijo, y llama al
terruño para saber qué ocurrió y si sus familiares están a buen
recaudo o accidentados. O, como ha sucedido, en más de una lamentable
centena de casos, fallecidos por el impromptus terráqueo. Pero no.
Decenas de comunicaciones por correo electrónico protestaban
furiosamente porque ¡no había forma de hablar con Perú! Gracias, por
supuesto al plan de inversiones modernísimo y de última generación de
los ladrones de Telefónica.

Ya que hablamos de una de las empresas con mayor prontuario generoso
de los últimos tiempos, a algún genio de la misma, se le ha ocurrido
una sola factura para tres servicios: cable, teléfono e internet. Sin
consultar con el usuario que a duras penas paga uno de esos tres, y
siempre a destiempo (soy uno de ellos), Telefónica se zurró en el
público que la sufraga y decidió ofrecer una "ventaja" que, en el
mejor de los casos, sólo ahorra papel de impresión a quienes vienen
estafando al público desde hace larguísimos años. ¿Se puede desdoblar
la obligación a honrar y cumplir de manera parcial? ¡No es ese el
espíritu! Se trata de ahogar al deudor para que pague ¡sí o sí! o ¡se
le cortan los servicios! No sólo son caras, las barbaridades
deficientes que presta Telefónica, ahora hay que asumirlas con un
dolor enorme en las alicaídas faltriqueras. ¡Y con el silencio más
abyecto de todas las instituciones!

Con ese tenor colectivista en las facturas, uno de estos días,
fusionan la compañía de electricidad con la del agua y nos zampan cada
mes, facturas conjuntas. Si no paga la luz, no tiene luz y tampoco
agua. Si no paga el agua, tampoco tiene luz y viceversa. ¿Cómo la ven?
El genio de mercadotecnia que impera en Telefónica hace ¡lo que le
viene en gana porque de lo que se trata es de esquilmar a los
usuarios! Pero ¿saben estos señores que nunca se ha cobrado una deuda,
ahorcando al deudor?

Es evidente, palmario, inconcuso, que Telefónica es una empresa
millonaria pero que aplica o usa tecnología para país bananero en
Perú. ¿Cómo se explica el corte masivo de comunicaciones telefónicas?
El presidente García ha hecho bien en demandar explicaciones. ¿Será
suficiente? Yo creo que no. Es hora de castigar, azotar y de modo
ejemplar con multas por un hecho penal como es impedir la capacidad de
comunicación que millones de peruanos pagan a esta firma ladrona. ¡Y
al contado! ¡A ver si aprenden! El problema del Perú no es económico
¡es moral! El día que veamos a parlamentarios escupidos en lugares
públicos, a ediles o alcaldes azotados por sus vecinos, ministros
echados y apostrofados en todas partes y ex presidentes en la cárcel
¡ese día, retorna el nuevo Ayacucho y la redención de este país
acostumbrado a perdonar a sus traidores, elevar al rango de prohombres
a sus estafadores y envilecido en la tara que es mantener castas
políticas podridas y hediondas!

El terremoto que provocó Telefónica superó en muchos grados al que
madre naturaleza, sin pedir explicaciones, espetó a buena parte del
Perú. ¿Y ahora qué hacemos? ¿será todo apenas discurso para la platea?
¡Res non verba!

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

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¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

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Wednesday, August 15, 2007

Los topo-traidores de la Convemar

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
15-8-2007

Los topo-traidores de la Convemar

¿Puede dejar de recordar Eduardo Ferrero Costa, ex canciller del
gobierno delincuencial de Kenya Fujimori y también su embajador en
Washington, que hace menos de 15 meses fracasó estrepitosamente la
campaña que con millones de dólares, pretendió embudinar al Estado
peruano, vía Torre Tagle, para adherir a la Convención del Mar? En ese
fallido intento participaron diplomáticos, militares, intelectuales,
burócratas, publicistas, periodistas, todos unidos por el proditor
impulso de llevarnos a una herramienta jurídica que NO sirve ¡para
nada! con respecto al tema de delimitación marítima con Chile.

¿Ha olvidado el "internacionalista" (¡cómo le aloca que le llamen
así!) Alejandro Deustua, que el canciller José García Belaunde ha
declarado, y se entiende que es el titular de las relaciones
exteriores del Perú, por si no lo sabe este señor, que la Convención
del Mar NO es indispensable?

¿A cuento de qué se lamenta el ex canciller del cuartito azul, José de
la Puente, que el Perú no haya adherido a la Convemar? De repente
algún mal le está haciendo perder la memoria para no recordar que los
dos principales candidatos presidenciales, el uno exitoso, Alan García
y el otro segundo, Ollanta Humala, declararon en contra de la adhesión
del Perú a esa corporación internacional.

Escribí años atrás en Mentiras, límites e ignorancia (12-3-2004), sin
encontrar nunca respuesta en los tagarotes que se reputan entre ellos
como "internacionalistas, estrategas, politólogos, especialistas,
juristas" que: "Ni el Perú necesita adherirse a la Convención del Mar
para delimitar su frontera marítima con Chile ni es menos cierto que
el país del sur "ha rechazado expresamente el sometimiento de
cualquier controversia relativa a la delimitación de las zonas
marítimas entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a
frente a los procedimientos obligatorios conducentes a soluciones
obligatorias previstos por la Convención".

Es decir: Chile no va a negociar NUNCA en términos de la Convención
del Mar a la que ellos han adherido con esta negativa específica y de
la que el Perú no requiere para tratar con este país.

Surge entonces la pregunta: ¿qué intereses representan quienes
sostienen que hay que suscribir la Convención? Yo me atrevo a decir
que una fundamental: ¡la de la ignorancia insolente! Si Chile nos
dice, de antemano, por adelantado y desde que ellos suscribieron la
Convención que NO la usarán, para cualquier controversia relativa a la
delimitación de las zonas marítimas entre Estados con costas
adyacentes, ¿qué absurda pertinacia es la de quienes insisten en
matrimoniar una cosa con otra? Recuérde que Perú y Chile tienen costas
adyacentes."

¿De qué modo se entiende que individuos como José de la Puente,
Alejandro Deustua, pertenezcan a una Comisión Consultiva y que
pregonen lo que no hace el gobierno peruano, creando situaciones raras
de desconcierto cuando se trae el contrabando de la Convención del Mar
que no sirve para nada en el tema con Chile? ¿son tontos? ¿o son
topos? ¿qué esperan para botarlos de una buena vez de cualquier puesto
que requiere de acrisolado patriotismo y no interés desmesurado en más
fondos foráneos?

Los que andan cacareando por la Convención del Mar y su adhesión por
Perú ¿no se dan cuenta que hoy más que nunca la posición nacional debe
ser unívoca, sólida, pétrea, alrededor de nuestra cartografía, sus
puntos de base y la dignidad de 26 millones de peruanos? ¿O pueden más
los dólares, los puestitos, la vanidad enfermiza, para perpetrar un
desmán a todas luces sospechoso? ¿son tontos o son topos? ¿para quién
juegan?

¿Qué dice Antauro Humala? ¿qué dicen los que se llaman partidos
políticos? ¿qué dice el poco periodismo libre de ataduras y ajeno a
patrones cuyo cerebro está en las plantillas de publicidad? Los que,
como en 1879, distraigan o sibilinamente dividan al Perú son
simplemente quintacolumnas.

Jamás han respondido los topo-traidores de la Convemar a las
siguientes y muy afiladas sentencias que emitiera el maestro Alfonso
Benavides Correa en el vibrante artículo, Las doscientas millas
marítimas: parte integrante del territorio nacional, que hiciera
flecos a Enrique Bernales:

"Nadie imaginaba que el prolongado silencio de la Comisión de
Constitución del Congreso de la República, encargada de pronunciarse
sobre el pedido del Poder Ejecutivo de aprobar la adhesión del Perú a
la Convención del Mar, obedecía a la insólita incapacidad de dicha
Comisión de hacer tal dictamen.

La indicada incapacidad la puso al descubierto la Revista del Foro del
ilustre Colegio de Abogados de Lima que, en su número dedicado al
bicentenario 1804-2004, insertó el esforzado pero inútil trabajo del
profesor Enrique Bernales Ballesteros, que no es jurista, así como
tampoco abogado, La Convención del Mar y la Constitución Peruana que
el citado profesor ha enviado a dicha Comisión, recomendándole, y por
su intermedio también al conjunto del Congreso de la República, que
"estando al análisis realizado sobre los tres temas sometidos a
consulta", "proceda a aprobar la adhesión del Perú a la Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, por ser compatible con
la Constitución y con los intereses nacionales".

La Parte I del estudio de la referencia está dedicada a la
interpretación del artículo 54º de la Constitución Política del Perú
con relación a la adhesión a la Convención del Mar, parte en la que el
profesor Bernales se empeña en negar lo que dicho numeral dice, esto
es que el dominio marítimo del Perú tiene la anchura de 200 millas con
jurisdicción y soberanía, y que dicho dominio marítimo, así como el
espacio aéreo que lo cubre, forman parte del territorio nacional que
es, inalienable e inviolable. También se empeña el profesor Bernales
en sostener que el Artículo 54º de la Constitución dice lo que no
dice. Asegura el profesor Bernales que, anticipándose en tres años, en
1979, el doctor Luis Alberto Sánchez se adelantó a lo que iba a
acontecer en 1982, tres años después, al imaginar el texto que iba a
aprobar la Convención del Mar en su artículo 3º y adecuar el texto
constitucional a éste. A fin de arribar a la disparatada conclusión
que afirmar un dominio marítimo de 200 millas con jurisdicción y
soberanía plena permite decir que es legítimo desdoblar este dominio
en un mar territorial de 12 millas con jurisdicción y soberanía plena
y una antojadiza llamada Zona Económica Exclusiva de 188 millas sin
jurisdicción ni soberanía plena. Finalmente maltrata el profesor
Bernales a los distinguidos congresistas del Apra, del Partido Popular
Cristiano y de los otros partidos, que en la Asamblea Constituyente de
1979, aprobaron, sin reservas, los artículos 97º, 98º y 99º que,
reunidos después en uno solo, son idénticos al Artículo 54º de la
Constitución de 1993.

En desagravio de la ilustre Asamblea Constituyente de 1979, que
presidió Víctor Raúl Haya de la Torre; y, enfermo éste, Luis Alberto
Sánchez, recordemos algunos nombres que debían también ser recordados
hoy día por los militantes de los partidos en los que dichos
asambleístas acreditaron su lealtad al Perú: Ernesto Alayza Grundy,
Jorge Lozada Stambury, Carlos Roca Cáceres, Arnaldo Alvarado
Degregori, Andrés Aramburú Menchaca, Xavier Barrón Cebreros, Luis
Bedoya Reyes, Humberto Carranza Piedra, Héctor Cornejo Chavez, Carlos
Manuel Cox, Enrique Chirinos Soto, Carlos Enrique Ferreyros, Víctor
Freundt Rosell, Genaro Ledesma Izquieta, Carlos Malpica Silva
Santisteban, Alan García Pérez, Luis Heysen Incháustegui, Fernando
León de Vivero, Carlos Enrique Melgar, Luis Negreiros Criado, Javier
Ortiz de Zevallos, Mario Polar Ugarteche, Ramiro Prialé Prialé,
Roberto Ramírez del Villar, Leonidas Rodríguez Figueroa, Alberto Ruiz
Eldredge, Celso Sotomarino Chávez, Alberto Thorndike Elmore, Jorge
Torres Vallejo, Andrés Townsend Ezcurra, Javier Valle Riestra, Héctor
Vargas Haya, etc.

Sin razón ni derecho, el profesor Bernales no sólo desdeña a los
asambleístas del año 79, sino que considera estúpidos a los miembros
del Congreso Constituyente Democrático que en 1993, cuando ya se había
aprobado la Convención del Mar y en ésta se había fijado,
antojadizamente, un mar territorial de 12 millas con jurisdicción y
soberanía y una Zona Económica contigua de 188 millas sometidas a
condominio multinacional sin jurisdicción ni soberanía, no
introdujeron estos nuevos conceptos en la Constitución del Perú; y,
por el contrario, recusándolos once años después, se inclinaron
respetuosos, al igual que los asambleístas de 1979, ante un mar
territorial de 200 millas con jurisdicción y soberanía que es el Mar
de Grau y aprobaron el Artículo 54º que, por su naturaleza, es pétreo,
inamovible, inmodificable.

La parte segunda contiene la mirada del profesor Bernales, ni inédita
ni lúcida, sobre el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
respecto al proyecto de Resolución Legislativa Nº 813-2001-CR en que,
antes de ocuparse de las categorías conceptuales de "dominio marítimo"
y "mar territorial", discrepa del dictamen en cuanto el profesor
Bernales no considera indispensable -y teme profundamente- la
convocatoria a un referéndum y niega que exista incompatibilidad entre
lo dispuesto por la Convención (12 millas) y el artículo 54 de la
constitución (200 millas).

Es inadmisible el argumento de que "no son pertinentes los mecanismos
que la Comisión de Relaciones Exteriores sugiere (referéndum), para
llevar a cabo dicho acto jurídico debido a un manejo, a nuestro juicio
equivocado, de las categorías conceptuales de "dominio marítimo" y
"mar territorial" como nociones similares. El referéndum es imperativo
mandato constitucional y constituye el ejercicio directo por el
pueblo, sin tapujos, del poder constituyente sobre el que no puede
prevalecer jamás ningún poder constituido, como el que hoy preside el
pepecista Antero Flores Araoz, en un alarmante proceso de declinación
nacional que puede culminar con un colapso.

Por otro lado la absoluta incompatibilidad entre lo dispuesto por la
Convención en su Artículo 3º y el Artículo 54º de la Constitución
vigente es total. Dominio Marítimo, como parte del territorio del
Estado, con jurisdicción y soberanía plena, con una anchura de 200
millas contadas desde sus líneas de base, es igual a Mar Territorial
y, por tanto, cuando la Convención en su Artículo 3º estipula que la
anchura de un mar territorial no puede ser sino hasta de 12 millas, la
incompatibilidad con el Artículo 54 de la Constitución la advierte,
sin mayor esfuerzo, toda persona de recta conciencia y sano juicio. Se
aparta de la recta conciencia y el sano juicio el profesor Bernales
cuando dice que "podemos afirmar que no existe contradicción entre el
texto de la Constitución de 1993 y el de la Convemar debido a que el
primero se refiere al dominio marítimo y el segundo a los diversos
tipos de competencia reconocida a los Estados sobre el espacio
marítimo".

Atrevido y aberrante, es el concepto del profesor Bernales "sobre la
Zona Económica Exclusiva" de la que con inexactitud dice que, en la
Convención del Mar, "abarca la zona comprendida entre las 12 millas de
mar territorial hasta las 200 millas náuticas donde el estado ejerce
soberanía y jurisdicción". Falso, absolutamente falso, entre la milla
12 y la milla 200 el Estado no ejerce, según la Convención, la
jurisdicción y la soberanía absoluta, plena, que según el Artículo 54º
de la Constitución, el Estado ejerce en su dominio marítimo. El propio
Javier Pérez de Cuéllar, confiesa que en la "Zona Económica Exclusiva"
el Estado ribereño no tiene la soberanía que ejerce el mar
territorial.

Olvida el profesor Bernales la declaración de Santiago, de 18 de
agosto de 1952 que, comprometiendo al Perú con la firma ilustre del
insigne internacionalista Alberto Ulloa Sotomayor, constituye un
importante negocio jurídico generador de derechos y obligaciones:
Obliga a los signatarios a defender la decisión de tener, sin daño
para nadie, un dominio marítimo de 200 millas con jurisdicción y
soberanía. Respecto a esta Declaración, en efecto, debe tenerse
presente que -dado que mereció la expresa aprobación de los Congresos
de Ecuador, Perú y Chile, mediante las respectivas Resoluciones
Legislativas- " ...la declaración constituye a nivel interno una norma
de la más alta jerarquía y a nivel externo, un tratado multilateral,
subregional, obligatorio para los tres Estados signatarios" como con
razón considera el recordado maestro sanmarquino y ex decano del
Ilustre Colegio de Abogados de Lima Rene Boggio Amat y León.

Olvida también el profesor Bernales que, dando a conocer la razón de
su "no firma" de la Convención aprobada por la Tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la delegación del Perú
expresó lo siguiente el 30 de abril de 1982, según aparece en El Perú,
la Convención y el Derecho del Mar de Eduardo Ferrero Costa, hermano
de Carlos, el hoy presidente del Consejo de Ministros, impopularmente
empecinado en que el Congreso de la República apruebe cuanto antes la
Convención del Mar.

Este fue el elocuente texto que suscribió, por la delegación del Perú,
el Embajador Alfonso Arias Schereiber:

"Como el Proyecto de Convención, en las partes relativas al Mar
Territorial y a la Zona Económica Exclusiva y su relación con el
espacio aéreo CONTIENEN CLAUSULAS QUE SEÑALAN DISPOSICIONES DE CIERTAS
LEYES Y DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO, al votar a favor del Proyecto
de Convención la Delegación deja constancia de que lo hace "AD
REFERENDUM" y bajo la condición de que el CONFLICTO entre esas
cláusulas y disposiciones PUEDE SER RESUELTO DE CONFORMIDAD CON LOS
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA PROPIA CONSTITUCION DEL ESTADO
PERUANO".

Más adelante se ocupa el profesor Bernales de la cuestión referente a
la aprobación de la adhesión por el Congreso y la convocatoria a un
referéndum. El profesor Bernales invoca indebidamente el Artículo 56º
de la Constitución para atribuirle al Congreso de la República la
"potestad plena de aprobar los tratados que versan sobre cuestiones
relacionadas con la soberanía del Estado sin que para ello sea
requisito la convocatoria a un referéndum tal como sugiere el dictamen
objeto de este comentario". Falso, absolutamente falso. El Artículo
56º dispone que los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes
de su ratificación por el Presidente de la República siempre que
versen sobre Derechos Humanos; Soberanía, Dominio e Integridad del
Estado; Defensa Nacional. Pero el Artículo 57º, que el profesor
Bernales ignora, en su parágrafo segundo prescribe que "CUANDO EL
TRATADO AFECTA DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES (COMO LA CONVEMAR, EL
ARTICULO 54º) DEBE SER APROBADO POR EL MISMO PROCEDIMIENTO QUE RIGE LA
REFORMA DE LA COPNSTITUCION, ANTES DE SER RATIFICADO POR EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA" vale decir someterse al Artículo 206º de la misma
Constitución, que es el concordante con el parágrafo 2º de su Artículo
57º y que reza así: "toda reforma constitucional debe ser aprobada por
el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros Y
RATIFICADA MEDIANTE REFERENDUM".

Falaz y deleznable es la maliciosa interpretación que hace el profesor
Bernales del artículo 54º de la Constitución de 1993, que repite los
artículos 77º, 78º y 79º de la Constitución de 1979.

El Artículo 54 no incluye la expresión de "mar territorial" pero sí
dice que, en su dominio marítimo de 200 millas (dentro del cual no
creó ninguna zona económica exclusiva) el Perú ejerce jurisdicción y
soberanía, lo que significa que dicho dominio marítimo de 200 millas
constituye una parte intangible del territorio nacional. La razón es
simple. Andrés Aramburu Menchaca recordado maestro de la vieja y muy
querida casona sanmarquina y constituyente inolvidable sostuvo tal
como aparece en su Historia de las 200 millas del mar territorial, que
dominio, soberanía y jurisdicción, constituyen auténtico
reconocimiento del carácter de mar territorial del mar peruano porque,
para el efecto, todos esos términos resultan sinónimos puesto que no
cabe jurisdicción sin soberanía, ni soberanía sin territorio.

Constituye un verdadero apotegma jurídico el que sostiene que "no cabe
jurisdicción sino allí donde se ejerce soberanía y la soberanía no
puede ser ejercida sino en el área del dominio del Estado o sea en su
territorio y sus aguas territoriales. De aquí resulta que ambas
expresiones "aguas jurisdiccionales" o "mar territorial" son
equivalentes desde el punto de vista del derecho".

En toda jurisdicción se manifiesta una soberanía estatal. Puede
decirse que la jurisdicción es la soberanía en actos; y que, al
contrario, la soberanía no es sino una jurisdicción en potencia.

Se equivoca el profesor Bernales, profesor de la Universidad Católica,
para quien esa señora que se llama Constitución hay que violarla,
cuando escribe que "el sentido que tiene el vocablo "territorio" en la
Constitución peruana es el que corresponde a una definición clásica y
rígida (¿?) esto es vinculada a los asuntos de seguridad exterior"
para arribar a la absurda, claudicante e inaceptable conclusión de que
"así en el Perú el territorio comprende lo que señala el sentido
clásico, esto es la aceptación referida a los límites fronterizos
dentro de los cuales el Estado ejerce su soberanía absoluta; pero, al
mismo tiempo, se entendería también por tal aquellos espacios (¿?)
sobre los que ejerce soberanía y jurisdicción exclusiva orientada a la
protección y a la explotación de recursos naturales sujetos a lo que
dispongan los tratados internacionales sobre la materia" (¿?).

Para qué continuar. El Presidente del Consejo de Ministros y el
Presidente del Congreso de la República amenazan con pisotear la
Constitución y mutilar el Mar de Grau.
Según el diario Expreso del miércoles 16 del corriente mes, el
Congreso, pidió al Ejecutivo que emprenda "con el mayor énfasis", una
sustantiva campaña de orientación a la población sobre la necesidad de
la adhesión del Perú a la Convención del Mar. A través de un oficio
dirigido al premier Carlos Ferrero, el titular del Parlamento, Antero
Flores Aráoz, sostuvo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo,
deberían abocarse, en el más breve plazo, a lograr el objetivo de la
adhesión peruana a la Convemar. "En repetidas oportunidades me he
pronunciado sobre la urgente necesidad que desplieguen una urgente y
sustantiva campaña para ofrecer una orientación debida y conveniente a
la población de modo que no pueda ser sorprendida por voces que
anteponen a los intereses del país objetivos distintos", señaló. En el
documento enviado por Flores Aráoz, poco antes de su visita oficial a
Italia, alude a declaraciones de Ferrero y del canciller Manuel
Rodríguez Cuadros, las cuales imputan a la Mesa Directiva del
Congreso, una falta de entusiasmo para que el Parlamento apruebe
durante la próxima legislatura el tema de la Convemar.

Nosotros ya no podemos hacer más.

Antes que el desaprensivo zarpazo anticonstitucional se produzca -EN
ACTO QUE PUEDE PRODUCIR UNA VIOLENTA REACCION POPULAR- meditemos
serenamente todos lo que significan las 200 millas del OCEANUS
PERUVIANUS O MAR DE GRAU considerado como frontera del Estado y
sagrada parte intangible del territorio nacional.

Para ello nada mejor que recordar la hermosa y profunda inscripción
que, en latín como lección al mundo de cómo se deben defender los
límites del reducto patrio, y que aparece en Venecia sobre el Portal
de Magistrate Suyo Acque:

"La ciudad de los venecianos, fundada sobre el agua por la Divina
Providencia, rodeada de agua, tiene las aguas por muros. Quien quiera,
por tanto que, en modo cualquiera, actúe en detrimento de las aguas ha
de ser considerado como enemigo de la Patria y debe sufrir el mismo
castigo que si hubiera violado los sagrados muros de la ciudad".

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

¡Sólo el talento salvará al Perú!

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Tuesday, August 14, 2007

Inexistentes derechos de Bolivia sobre Arica

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
14-8-2007

Inexistentes derechos de Bolivia sobre Arica

Ha insistido, el ex cónsul de Bolivia en Chile, Roberto Finot, sobre
que Arica es el único camino de una salida al mar del país
altiplánico. Por tanto, con apego indisoluble a la historia y al
derecho internacional, es imprescindible subrayar que ni un centímetro
del mar de Bolivia en el Océano Pacífico, le fue arrebatado por Perú,
sino por Chile. Por tanto, a la par que apoyar su salida por los
territorios que fueron suyos hasta 1879, Tocopilla, Cobija, Mejillones
y Antofagasta, hay que ratificar que son inexistentes los derechos de
Bolivia sobre Arica.

¿Basta que el canciller José García Belaunde, en inexplicable
imprecisión, sostenga que es suficiente que se cautelen las
servidumbres y derechos de Perú en Arica, para que Bolivia pueda
acceder al mar por Arica? ¡De ninguna manera! Chile tendrá que
solicitar y exponer a Perú cuanto acuerde, sobre este específico
acápite, con Bolivia. Y Perú tiene la prerrogativa de acceder. O
simplemente denegar la solicitud porque así lo dice el Tratado de 1929
y su inseparable Protocolo Complementario en cuyo artículo primero se
establece: "Los Gobiernos del Perú y de Chile no podrán, sin previo
acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte
de los territorios que, en conformidad con el Tratado de esta misma
fecha quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán sin ese
requisito, construir, a través de ellos, nuevas líneas férreas
internacionales."

Escribió el maestro Alfonso Benavides Correa, en Por la patria libre,
la justicia social y la paz: "Esta fue la razón, LA RAZON DE QUE ARICA
JAMAS PERTENECIO A BOLIVIA, por la que el Perú consideró totalmente
infundada y abiertamente inamistosa la Declaración que, con fecha 1 de
agosto de 1929, hizo circular el Ministerio de RR.EE. de Bolivia con
el título de "La reintegración marítima de Bolivia: reservas de su
Cancillería al tratado chileno-peruano sobre la soberanía de Tacna y
Arica".

En tal Circular (editada en folleto en La Paz) arremetió la
Cancillería boliviana contra la cláusula primera del inseparable
Protocolo Complementario del Tratado de Paz y Amistad celebrado el 3
de junio de 1929 por las Repúblicas de Perú y Chile.

No enfiló su ataque Bolivia contra el Tratado que celebró en 1904 con
Chile, por el cual perdió toda su costa sobre el Océano Pacífico,
porque, en adición a un grave incidente con los paraguayos por la
posesión del Chaco en 1902 y a la desinteligencia con el Perú
–sometida a arbitraje- por las decisiones bolivianas que éste reputó
violatorias del statu quo establecido por el Tratado Ribeyro-Benavente
de 5 de noviembre de 1863, la Cancillería de Sucre se encontró ese año
con litigios de frontera en el territorio del Acre con Brasil y en
Santa Cruz de la Sierra con la Argentina.

Límites recíprocos de soberanía

Sobre el contradictorio aserto de que, como consecuencia de la guerra,
quedaron en posesión de Chile los territorios de Tacna y Arica "sin
soberanía definida" y que cuando el Perú y Chile concluyeron el
Tratado del 3 de junio de 1929 no sólo "limitaron recíprocamente sus
soberanías" y pactaron "un condominio imperfecto en ambos territorios"
sino que desapareció "el obstáculo de la indivisión y la falta de una
soberanía definitiva"; atacó Bolivia el Tratado y su Protocolo
Complementario "considerándose en todo momento parte principal en la
liquidación de la contienda" y afirmando con manifiesta inexactitud
haber abierto diversas negociaciones diplomáticas "para resolver su
soberanía marítima por Arica".

La Cancillería de La Paz, amnésica, olvidó no solamente que Bolivia no
podía invocar ningún título histórico de soberanía ni en Tacna ni en
Arica sino que olvidó igualmente:

a) Que, a la nota que el 12 de diciembre de 1921 le envió al gobierno
chileno expresándole que sobre la solución de la tenencia de Tacna y
Arica existían grandes expectativas en el Altiplano de que dicha zona
le ofreciera una salida al mar y proponiéndole una conferencia
cuatripartita de Bolivia y Chile con el Perú y EEUU., el 21 del mismo
mes y año el gobierno chileno se negó a aceptar dicha tercería
boliviana manifestándole que "todo acto de Bolivia encaminado a
mezclarse en esta divergencia entraña una intromisión ajena a los usos
diplomáticos y contraria a las buenas relaciones entre nuestros
países";

b) que, cuando el presidente de Bolivia le envió una nota el 21 de
enero de 1922 al presidente de los EEUU. de América solicitándole que
presionara al Perú y Chile para dejar oír la voz de Bolivia en las
conversaciones de Washington, Warren Harding le contestó a Bautista
Saavedra que carecía de atribuciones para concederle participación en
dichas conferencias que incidían en la búsqueda de un acuerdo
exclusivamente bilateral entre el Perú y Chile;

c) que, cuando Saavedra le cursó una nota común a las delegaciones del
Perú y Chile en Washington, Carlos Aldunate Solar respondió que no
podía transmitirle a su gobierno el petitorio boliviano por ser éste
extraño a la misión que se le había confiado y, por su parte, Melitón
F. Porras sumó a su negativa a la impertinente intromisión boliviana
en el conflicto las siguientes expresivas palabras: "Me parece un
tanto injusta la afirmación de que el Tratado de Ancón determinó la
pérdida del litoral boliviano porque esto equivale a decir que Bolivia
perdió la guerra porque el Perú salió en su defensa. Es punto
generalmente sabido, por otra parte, que si el Tratado de Ancón no
hubiese existido, la suerte del litoral boliviano no habría sido
distinta de la actual".

Traiciones nunca rectificadas

Sólo repugnancia pueden provocar las atroces revelaciones –que
naturalmente no estigmatizan a ilustres y respetables chilenos y
bolivianos que, con verdaderos escrúpulos de conciencia, reprobaron
los desdorosos planes a que se refirieron- de Gabriel René Moreno en
Daza y las Bases Chilenas de 1879 (Ed. Universo, La Paz, 1938) y Luis
Salinas Vega en Mi Defensa (Tip. Andrés Freyre, Tacna, 1881).

En éste corren los dos siguientes documentos, sobre el tenebroso plan
de rectificación de fronteras en las costas del Pacífico que –fuera
del camino del honor y la dignidad- le diese a Bolivia territorios
peruanos más accesibles al mar desde la altiplanicie y a Chile todo el
territorio boliviano comprendido entre los paralelos 23 y 24, que le
entregó el canciller de Chile Domingo Santa María a Gabriel René
Moreno, en el entendido de que para Chile la mejor manera de asegurar
la tenencia de Tarapacá contra una futura acción reivindicatoria del
Perú era colocar a Bolivia como "país parachoque" en Tacna y Arica:

"CREDENCIAL. Santiago, 29 de mayo de 1879. Al señor Gabriel René
Moreno. Interesado el Gobierno de Chile en poner término a la guerra
que sostiene contra Bolivia, mira con placer la buena disposición de
usted para coadyuvar a la consecución de este deseo.- En consecuencia,
el Gobierno de Chile verá con satisfacción que usted se acerque al
excelentísimo presidente de Bolivia y le signifique nuestros
sentimientos a este respecto.- Mi Gobierno espera que el de Bolivia,
escuchará con benevolencia cuanto usted le exponga en este sentido, y
en conformidad con lo que usted ha expresado en nuestras conferencias
verbales.- La palabra de usted contará en su abono con sus
antecedentes personales y la presente nota.- Dando a usted mis
agradecimientos por el noble espíritu que lo anima, me ofrezco de
usted atento servidor.
Domingo Santa María.

"Bases:

1) Se reanudan las amistosas relaciones que siempre han existido entre
Chile y Bolivia y que sólo se han interrumpido desde febrero del
presente año. En consecuencia, cesa la guerra entre las dos repúblicas
y los ejércitos de ambas se considerarán en adelante como aliados en
la guerra contra el Perú.
2) En testimonio de que desaparecen, desde luego, todos los motivos de
desavenencia entre Chile y Bolivia, se declara por ésta última que
reconoce como de la exclusiva propiedad de Chile todo el territorio
comprendido entre los paralelos 23 y 24, que ha sido el que mutuamente
se han disputado.
3) Como la República de Bolivia ha menester de una parte del
territorio peruano para regularizar el suyo y proporcionarse una
comunicación fácil con el Pacífico, de que carece al presente, sin
quedar sometida a las trabas que le ha impuesto siempre el gobierno
peruano, Chile no embarazará la adquisición de esa parte de
territorio, ni se opondrá a su ocupación definitiva por parte de
Bolivia, sino que, por el contrario, le prestará la más eficaz ayuda.
4) La ayuda de Chile a Bolivia consistirá, mientras dure la guerra
actual con el Perú, en proporcionar armas, dinero y demás elementos
necesarios para la mejor organización y servicio de su ejército.
5) Vencido el Perú y llegado el momento de estipular la paz, no podrá
ella efectuarse por parte de Chile mientras que el Perú no la celebre,
igualmente con Bolivia, en cuyo caso Chile respetará todas las
concesiones territoriales que el Perú haga a Bolivia o ésta imponga a
aquél. Tampoco podrá Bolivia celebrar la paz sin la anuencia y la
intervención de Chile.
6) Celebrada la paz, Chile dejará a Bolivia todo el armamento que
estime necesario para el servicio de su ejército y para mantener en
seguridad el territorio que le haya cedido el Perú o que haya obtenido
de éste por la ocupación, sin que le haga cargo alguno por las
cantidades de dinero que haya podido facilitarse durante la guerra,
las que jamás excederán de seiscientos mil pesos.

Queda desde ahora establecido que la indemnización de guerra que el
Perú haya podido pagar a Chile habrá de garantizarse, precisamente,
atenta a la situación financiera del Perú y su informalidad en los
compromisos, con la explotación de los salitres del departamento de
Tarapacá y los guanos y demás sustancias que en el mismo puedan
encontrarse. Una convención especial arreglará este asunto. Iguales
convenciones se celebrarán sobre los demás puntos que sea necesario
esclarecer y completar".

No fue éste el único documento.

La misión secreta

Otro fue el Memorándum que Eusebio Lillo le entregó a Mariano
Baptista, en los primeros días de diciembre de 1881, en la misión
secreta que lo llevó a Tacna y en el que en 1884 se inspiraron las
fracasadas misiones de Belisario Salinas y Eliodoro Camacho al Perú,
orientadas a convencer a los generales Cáceres e Iglesias de que
finalizaran la guerra civil en que se hallaban enfrentados y aceptasen
la modificación del Tratado de Ancón a fin de que, con compensación
pecuniaria, Tacna y Arica pasasen al dominio de Bolivia; y, en enero
del año siguiente, la misión diplomática de Aniceto Arce en Santiago,
como enviado especial del Gobierno de Bolivia presidido por Gregorio
Pacheco, para "procurar una solución definitiva en la cuestión
territorial que viene sustentando la política chilena, bajo la faz de
rectificación de fronteras" y, en desahuciada proposición como es de
verse en las Páginas Diplomáticas de Javier Vial Solar publicadas en
1900 en Santiago, celebrar "un tratado de paz y amistad que comprenda
la condición esencial del canje de territorio del departamento del
litoral boliviano por el de Tacna y Arica".

Dicho Memorándum, que según Querejazu en su ob. cit. se conserva en el
legajo de papeles del entonces ministro de RR.EE. de Bolivia Pedro
José Zilveti en la Sociedad Geográfica e Histórica de Sucre, dice así:

MEMORANDUM DE BASES PARA UN ARREGLO DE PAZ DEFINITIVO CON CHILE

"Ocupando Chile los territorios de Tacna y Arica, hallándose en
situación de ampliar esa ocupación inmediatamente y sin inconveniente
alguno hasta la quebrada de Ilo, la base de arreglo con Bolivia sería
una rectificación de fronteras que satisfaga la antigua aspiración de
la nación boliviana, de extender su dominio a esos territorios,
teniendo en Arica su puerto de salida al Pacífico".

"Si la seguridad de Bolivia exigiese mayor ocupación de territorio
hacia el norte y oriente, Chile se obligaría a operar, en unión de
fuerzas bolivianas, sobre esos territorios, estableciéndose en ellos
el dominio de Bolivia. De esta manera, Bolivia podrá navegar en aguas
propias toda la parte traficada del lago Titicaca".

"La cesión a Bolivia de los territorios de Tacna, Arica y Moquegua,
sería en compensación de la cesión que para continuar su territorio
hasta Camarones, necesita Chile del litoral boliviano que se extiende
al sur del Loa, sin que figure en la tal operación ninguna
compensación por gastos de guerra".

"Chile se obliga a dar libre tránsito, a perpetuidad, por todos sus
puertos desde Camarones hasta el grado 24, al comercio boliviano,
tanto de internación como de exportación. En los puertos bolivianos y
en los chilenos, se internarán libres de todo gravamen los productos
de uno y otro país".

"Chile se comprometería a establecer una línea férrea que, partiendo
de Iquique, Mejillones o Antofagasta, busque la altiplanicie
boliviana, para servir los intereses comerciales e industriales del
sur de Bolivia. Prestaría igualmente el apoyo de su crédito al
establecimiento de otra línea férrea que, partiendo de Arica, fuese a
servir los intereses de los departamentos bolivianos del norte".

"El tratado de paz que se celebrase ligaría de tal manera a uno y otro
país, en el presente y en el porvenir, que podrían unificarse no
solamente sus intereses comerciales e industriales, sino, también, en
lo que fuera posible, sus intereses políticos, para prestarse apoyo en
cualquier emergencia internacional".

"Como paso previo para discutir y arribar al tratado definitivo podría
estipularse entre ambos países una tregua que, en caso de no pactarse
la paz, no podría suspenderse sino después de cuatro meses de rotas
las conferencias".

"Hay otros puntos de detalle y cuestiones accesorias de un tratado de
paz que sería muy fácil resolver sin tropiezo alguno por los
plenipotenciarios debidamente autorizados por los respectivos
gobiernos".

Cesión no posesión

Parece innecesario agregar: 1) que la política de Santa María respecto
a la cesión a Bolivia de los territorios de Moquegua, Tacna y Arica
fue variada radicalmente al asumir la presidencia de Chile José Manuel
Balmaceda para quien, repitiendo palabras de Querejazu en la p. 709 de
su ob. cit., "Tacna y Arica no debían servir de anzuelo destinado a
pescar una dudosa amistad boliviana sino como puntos avanzados del
territorio chileno, en los cuales se afianzase y fortificase su
soberanía, a fin de hacerlos servir de baluarte contra propósitos
revanchistas del Perú",

2) que después, en mayo de 1895, cuando Bolivia y Chile firmaron los
pactos secretos de Paz y Amistad y de Transferencia de Territorios, el
Congreso boliviano no hizo oposición a los tratados sino al hecho que,
siendo separados, Chile pudiera conferirle validez a uno, para
apoderarse del litoral boliviano, y negársela al otro más adelante
para frustrar la transferencia de Tacna y Arica a Bolivia;

3) que el Congreso de Chile no le brindó su aprobación al Protocolo
Cano-Matta de 9 de diciembre de 1895 que, con la aprobación del
Congreso de Bolivia, aprobó en conjunto, como estipulaciones
recíprocas e integrantes las unas de las otras, los tratados de Paz y
de Transferencia de Territorios concertados en Santiago el 18 de mayo
de 1895;

4) que más adelante se ajustó el Tratado de Paz y Amistad de 20 de
octubre de 1904, con su Acta Secreta Complementaria, poco después del
abrazo en el Estrecho de Magallanes, el 12 de febrero de 1899, entre
los presidentes de Argentina Julio A. Roca y de Chile Federico
Errázuriz Echaurren así como de la estocada de Abraham Koning al
canciller Eliodoro Villazón el 13 de agosto de 1900 en que fue preciso
al expresarle que, "siendo cosa sabida y entendida que Bolivia no
pretende zona ni puerto en el territorio de su antiguo litoral", "que
una salida al Pacífico que produjera una solución de continuidad en el
mismo territorio chileno es inaceptable por su propia naturaleza" y
que tampoco Chile podría ceder Tacna y Arica a Bolivia, como se
ofreció en los tratados de 1895, porque no había podido obtener
todavía dominio permanente sobre esos territorios, "menester es
declarar que Bolivia no debe contar con la transferencia de los
territorios de Tacna y Arica, aunque el plebiscito sea favorable a
Chile"; y

5) que el mismo 20 de octubre de 1904, se suscribió y protocolizó un
Acta Secreta Complementaria del Tratado que, sin ninguna promesa
chilena de puerto para Bolivia, fue redactada en los siguientes
términos:

"En Santiago, a 20 días del mes de octubre de 1904, reunidos en el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile don Alberto Gutiérrez, y
el ministro del ramo, don Emilio Bello Codesido, con el objeto
principal de suscribir el Tratado de Paz y Amistad, concluido en esa
misma fecha, el representante de Bolivia expuso: Que, de acuerdo con
el espíritu que ha guiado a los gobiernos de Bolivia y Chile a
celebrar el referido pacto, e interpretando los propósitos de
cordialidad y de armonía manifestados por sus gobiernos en el curso de
las negociaciones que acaban de terminar, Bolivia empeñará todos sus
esfuerzos, ya sea conjunta o separadamente con Chile, para que los
territorios de Tacna y Arica se incorporen definitivamente al
territorio chileno.- Por su parte, el ministro de Relaciones
Exteriores expresó que, de acuerdo con su gobierno, consideraba que
los intereses comunes de Chile y de Bolivia establecían entre ambas
repúblicas el compromiso de unir su acción y sus esfuerzos en el
sentido de hacer definitivo el dominio de Chile en los territorios de
Tacna y Arica.- Agregó que, en reciprocidad, Chile presentaría a
Bolivia su apoyo diplomático en favor de los derechos de Bolivia sobre
el territorio que actualmente ocupa, si llegase a serle disputado por
otra nación vecina, ofreciendo su mediación, los buenos oficios u otro
recurso amistoso".

El Acta Secreta no fue sometida a la consideración del Congreso de
Bolivia. Como "un deber doloroso y sin gloria", según palabras del
presidente Ismael Montes, el Tratado sí que, al cabo de varias semanas
de ardoroso debate, con 30 votos en contra, fue aprobado por 42,
mereciendo de Daniel Sánchez Bustamante la siguiente apreciación en su
libro Bolivia, su estructura y sus derechos en el Pacífico, que vio la
luz en La Paz el año 1919: "El tratado de 1904 no fue la obra de un
negociador aislado, ni de un momento infeliz de nuestra diplomacia.
Fue el nudo en que se recogieron sucesos adversos, desengaños
repetidos, precipitaciones angustiosas, necesidades urgentes,
ilusiones muertas". (pp. 90-97)

En Recopilación de partes y documentos de la guerra del Pacífico,
Editorial Milla Batres, 1979, se dice en las páginas 90-95:

CARTA DE MONTERO A DAZA.

"Arica, diciembre 31 de 1879.

Sr. general D. Hilarión Daza. Mi general y amigo: Contestando a su
apreciable comunicación de u. de fecha de hoy debo decirle que siento
los sinsabores de la situación a que ha sido u. personalmente
arrastrado por los últimos acontecimientos. 2o. que nunca me ha
manifestado u. animad¬versión por la alianza Perú-Boliviana. 3o. que
en la conferencia que tuvi¬mos con el dr. Zapata, el día 27 del que
expira, tratamos de resolver entre otras cosas un plan de campaña en
el cual correspondía a u. expedicionar por el lado de Calama. 4o. que
es evidente que a las manifestaciones de desprendimiento que nos hizo
u. en aquella conferencia, le felicitamos de una manera tan sincera
como podríamos creer, lo hiciera u. al decirnos que resignaría el
mando en cualquier boliviano en quien reconociese u. me¬jores
intenciones que las suyas para servir a los dos pueblos. Por lo demás,
creo que las inculpaciones que me asegura u. se debe hacer por
documen¬tos juntos son en mi concepto nada más que la efervescencia de
las cir¬cunstancias. Los hombres públicos son, amigo mío, el
patrimonio de la so¬ciedad y mientras no se hace luz sobre los sucesos
sometidos al juzgamien¬to de este gran tribunal, tenemos que estar
sujetos a las oscilaciones de la opinión que al fin nos condena o nos
absuelve. Dejando así contestada su favorecida, me es grato
suscribirme de u. muy atto. y s.s. L. Montero".

Daza permaneció en Tacna por un tiempo, pero muy poco después se
retiró a Arequipa. La convención nacional de Bolivia, lo declaró el 16
de setiembre de 1880 indigno del nombre de boliviano y ordenó se le
some¬tiese a juicio. Esta disposición del congreso la firmó Campero,
su sucesor en el gobierno, el 26 de setiembre. Daza pasó a Europa y en
París suscri¬bió su conocido Manifiesto. El lo. de diciembre de 1882
pidió su repatriación, a fin de defenderse de las acusaciones que se
habían lanzado contra él. El ministerio de gobierno, por resolución de
2 de febrero de 1883 acordó que se le diese el permiso de ingreso en
el país, una vez instaladas las cámaras. En la carta que dirigió a
Campero el lo. de diciembre de 1882, le decía: "No me anima otro
propósito que el de vindicarme, y, logrado que sea, me retiraré del
país a lamentar mis desdichas".

El 10 de mayo de 1894, en Uyuni, muy cerca de la estación recibió dos
tiros por la espalda. En el juicio pericial se constató el hecho, (V.
Pro¬ceso Daza. Defensa del teniente coronel Andrés Guzmán Achá por el
abo¬gado Feliciano Abastoflor. Potosí, 1895). La policía que
custodiaba a Da¬za no le defendió. Pese a lo intrincado del asunto y
al propósito delibera¬do de encubrirlo la participación de los
militares es manifiesta. El juez de partido de Potosí dio auto de
prisión contra los militares sindicados como asesinos del general,
pero la corte anuló dicho auto e hizo que pasase el asunto a la
justicia militar, (V. también Paz Solano. M.T. Narración de la guerra
entre Perú y Chile. La Paz, 1884).

Es indudable que se trató de echar tierra sobre el crimen. Alberto
Gu¬tiérrez, escritor boliviano en su libro: La guerra del 79, p. 258,
dice: "Un misterio denso envuelve hasta hoy todos los incidentes de la
victimación de Daza sin que sea dado al historiador o al comentador
político descubrir si fue aquel hecho resultado de una conspiración
consciente y premeditada o un acto irreflexivo del momento. . ." Es
sintomático el que hubiese desa¬parecido la pequeña maleta que Daza
llevaba consigo, y que desapareció después de su muerte. Sin duda
contenía documentos comprometedores, que habían de servir a Daza para
su defensa, pero que también implicaban la deslealtad de otros muchos.

En setiembre 5 de 1893, la cámara de diputados de Bolivia acusó a Daza
de traición, violación de las garantías constitucionales y
malversación de fondos públicos. No se llegó a una conclusión
definitiva. (V. Luis P. Ampuero, Isaac J. Eduardo, Juan B. Saavedra.
Proceso político contra el expresidente de la república, general
Hilarión Daza, sus ministros de estado y otros ciudadanos
particulares, organizado por la legislatura de 1893. Edi¬ción
autorizada por el honorable senado nacional, La Paz, 1894).

Después de lo dicho hasta aquí podemos preguntarnos, ¿hubo en ver¬dad
traición por parte de Daza? Creemos que no hubo motivo para arrojar
sobre él tan fea inculpación. Daza, fue solicitado por los agentes de
Chile a fin de que rompiera con la alianza y dejara solo al Perú. El
gobierno de Mapocho había adoptado esta actitud, casi desde los
comienzos de la gue¬rra y solo después de la toma del Huáscar, cuando
llegó a tener el dominio del mar, sin que el Perú pudiese oponerle un
solo barco, varió de parecer. Los señores Salinas Vega y René Moreno,
ambos bolivianos, se prestaron a conducir a Tacna las propuestas de
Chile, no obstante que ellos bien sa¬bían que existía un pacto entre
su patria y el Perú y que este último país solo había entrado en la
guerra por no quebrantarlo y permanecer fiel a su aliada. Uno y otro
bien merecían ser denominados traidores, aun cuando su propósito
principal fuese mirar por los intereses de Bolivia que creían
salvaguardar, haciendo que renunciase al litoral en cambio de Tacna y
Ari¬ca. El ministro Serapio Reyes Ortiz, en su defensa, confiesa que
Daza re¬chazó las propuestas que se le hacían, pero en cambio le costó
trabajo convencer a Moreno que no era posible incurrir en una
deslealtad para con el aliado y que el honor nacional exigía que se
mantuviese el pacto entre ambas naciones. Al fin pareció ceder y
manifestó que de haber sabido que los jefes militares de su patria
eran opuestos a toda transacción con el ene¬migo, no habría aceptado
el ser portador de las propuestas chilenas. En junio René Moreno
desembarcó en Arica.

La opinión sana de Bolivia condenó a Luis Salinas Vega y a Gabriel
René Moreno. En la obra, titulada: Acusación al expresidente de la
repú¬blica de Bolivia, general Hilarión Daza, por los delitos de
traición a la pa¬tria, peculado y violación de las garantías
constitucionales; publicada en La Paz, en 1893, por la cámara de
diputados, se citan como comprobantes de la traición de Daza, las
obras que dieron a luz así Salinas Vega como René Moreno, y, respecto
a este último, se dice: "consta que este fue agente obligado del
general Daza, quien le comisionó para que fuese portador de las
proposiciones chilenas, que él a su vez en comunicación directa con el
chileno Justiniano Sotomayor, habíase valido de Luis Salinas Vega para
co¬menzar la convivencia con el enemigo extranjero, cuyas bases
importaban una traición al aliado". Hay alguna imprecisión en este
párrafo, pero lo que importa en el mismo, es la declaración que hacía
la cámara de tener por delito de lesa patria el entrar en
conversaciones con el enemigo.

A esto debe añadirse lo que dice Eufronio Vizcarra en su Estudio
his¬tórico de la guerra del Pacífico. Cochabamba, 1889. p. 118:
"Cuando Sali¬nas Vega comunicó a René Moreno el resultado de sus
conferencias en Tacna, este último se negó terminantemente a
intervenir en el asunto, por¬que según su propia expresión 'las
proposiciones eran inicuamente inmora¬les por su forma alevosa contra
el Perú', pero, por una de esas inexplica¬bles contradicciones en que
incurren los hombres, René Moreno que había calificado de inmorales
las proposiciones de Chile resultó el portador de ellas". Más tarde,
ante el clamor público que lo acusaba de traidor, publicó en Chile un
folleto, titulado: Daza y las bases chilenas de 1879, en que denigra a
su patria y al gobierno. La autoridad política de Sucre denunció el
folleto y René Moreno fue condenado a 4 años de prisión "por haberse
puesto al servicio de la república de Chile y por haber suministrado
al ene¬migo, en su citado folleto, noticias acerca de la situación
militar, política y económica de Bolivia".

René Moreno que no volvió a poner los pies en su patria, continuó en
Chile, en donde ya llevaba residiendo mucho tiempo y conservó en el
fon¬do un oculto resentimiento para con el país en que había nacido y
tam¬bién con el Perú.

Daza influido por Otón Jofré y algunos otros, se retiró el 16 de
no¬viembre de Camarones, no tanto por miedo al enemigo como por miedo
al desierto. Hubo es verdad entre los jefes que reunió en consejo
algunas dis¬crepancias y hasta uno de ellos, el coronel Ignacio
Zeballos, como dice Vizcarra, fue de opinión que la retirada no debía
ser hasta Arica sino hasta La Paz, pero la mayoría se plegó al parecer
del coronel Camacho que ya hemos citado. En la cámara, al ventilarse
la acusación formulada contra Daza, se habló de que la retirada se
dispuso después de la conferencia que sostuvo Daza con el agente
chileno Napoleón Pero y se aduce la circuns¬tancia de haber tenido los
chilenos noticia anticipada de que Daza no pasa¬ría de Camarones, como
se desprende del parte del jefe de la guarnición de Pisagua.

Cerraremos este punto citando las palabras del coronel Eleodoro
Cama¬cho en su Manifiesto del coronel. . . sobre el acta del 27 de
diciembre de 1879. (Tacna, imprenta de El Comercio, 1880). Empieza por
decir que Da¬za ocultó al pueblo de La Paz, aturdido por las fiestas
del Carnaval, la ocupación del litoral por los chilenos el 14 de
febrero. Inmediatamente se empezaron a tomar las medidas que el caso
requería, pero "con mil difi¬cultades presentando el triste aspecto de
un ejército en derrota más bien que del que ingresa en campaña,
llegaron nuestras fuerzas a Tacna".

Revela la inacción de Daza. Aun después de la pérdida del Huáscar y de
la toma de Pisagua, "cuando creí que el general Daza volase el 3 de
noviembre sobre Jazpampa, lo hallé todavía en esta el día 5, a mi
regreso de lio, donde me llevó una comisión de diez días antes".
Imposibilitado el general Prado de asumir el mando, le delegó todos
los poderes en el teatro de la guerra. Iba a verse a la cabeza de doce
mil hombres, entusiastas y decididos, pero le faltó el valor para
acometer al enemigo. Por fin, el 11 de noviembre salía de Arica, pero
no se había escogido bien la hora y aquella noche solo alcanzó el
ejército a avanzar unas 506 leguas, dejando en pos de sí a unos 200
rezagados. No seguiré, añade, paso a paso, ese para siempre doloroso
vía crucis del ejército boliviano. . . tampoco entraré en detalles de
la no menos desgraciada y memorable contramarcha de Ca¬marones,
vergüenza militar de la más ciega imprevisión. . . basta a mi
pro¬pósito decir que el único responsable de ella es el general Daza".

Triste fue aquella tarde del 16 de noviembre en que a las cinco de la
tarde desfilaron los batallones mustios, muy pensativos el ascenso de
la cuesta de Camarones hacia Arica. El cielo mismo parecía ruborizarse
de acto tan vergonzoso. La orden de marcha traía consigo funestos
presentimientos. El ejército boliviano desertaba del teatro de la
guerra sin haber conocido siquiera al enemigo. Y al final, Camacho por
vía de recapitulación, confiesa que no hubo que hacer presión en el
ejército y en sus colegas para adoptar la resolución de deponer al
jefe de la nación. En realidad esta tenía que ser la conclusión de los
manejos de Daza."

¿Cuáles los derechos de Bolivia en Arica?

Despréndese inequívocamente que en ningún momento, hasta en los más
lamentables de la claudicación boliviana hacia Arica abandonando en
Camarones el campo de batalla, esta ciudad fuera o formara parte del
país altiplánico. Arica fue tomada e invadida por Chile y sólo hubo
arreglo en 1929 cuando Tacna retornó al Perú y Arica quedó,
definitivamente, con las servidumbres y derechos peruanos, en posesión
de Chile.

¿Cuáles, pues, los supuestos derechos bolivianos para salir por Arica?
¡Simplemente son inexistentes, ficticios, majaderos!

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

¡Sólo el talento salvará al Perú!

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